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Produce bastante desasosiego (entiéndase vergüenza, cabreo, decepción y perplejidad) leer algunas de las condiciones que acaba de imponer Bruselas, por boca de Almunia, a las antiguas cajas rescatadas y nacionalizadas. Dicen los sabios eurócratas –otros que pagamos con nuestros impuestos- que estas entidades deben deshacerse del negocio de crédito a promotores inmobiliarios, reenfocarse en sus regiones de origen, y dejar de financiarse en los mercados mayoristas, esto es, que sólo podrán prestar tanto como tengan en depósitos.

Empecemos por el final. En efecto, uno de los vicios de la banca patria durante los años del boom fue el de endeudarse “por encima de sus posibilidades”. Cuando de niños nos contaban cómo funciona el negocio bancario nos explicaban que el dinero que uno ahorra enseguida es prestado por el banco a un tercero para acometer un negocio o inversión. Y que el banco vive de la diferencia entre el interés que cobra al que presta y el que paga al ahorrador. Pues bien, eso era más o menos así hasta la entrada en el euro. Se podría decir que España era una autarquía en términos financieros. Sin embargo, poco a poco esto fue cambiando y el sistema financiero español dejó de ser sólo un intermediario entre ahorradores españoles e inversores españoles para canalizar, además, el ahorro de los extranjeros. En sí no es malo. El problema surge cuando el banco toma prestado ahorro exterior con compromiso de devolución a uno, dos, o cuatro años, y lo presta a españoles para hipotecarse a cuarenta años. Mientras hay confianza, no pasa nada, pues los vencimientos van renovando. Pero el día que ésta se quiebra, ¿qué pasa? Que el ahorrador extranjero quiere su pasta y, como nadie más te quiere prestar, el banco acude a papá-Estado para que se haga cargo del problema.

Pues bien, Bruselas quiere que esto no suceda más. Pero no con toda la banca europea o española, no. Sólo con las entidades nacionalizadas. Podía haber dicho: a partir de ahora nadie podrá prestar más de lo depositado. O nadie podrá prestar por un plazo superior al del depósito. Pero no. Bruselas establece para unas entidades determinadas –y sólo para estas- unas condiciones que, buenas o malas, las incapacita para competir en condiciones de igualdad. Bravo.

Señala también la Comisión Europea que deben volver a sus regiones de origen. Les voy a decir una cosa: si la Caja de Ahorros y Préstamos de la Provincia de Soria no se hubiera fusionado con la de Salamanca ni, bajo la marca Duero, hubiera sucumbido a todas las tentaciones de la burbuja, ahora no sólo no estaría contemplando la necesidad de ayudas públicas, sino que sería una de las entidades más solventes del país, pues la tasa de ahorro en Soria es la más alta de España. Pero, ¿saben una cosa? Ese tiempo ya pasó. Ni las cajas son ya cajas –se han transformado en bancos- ni es posible deshacer el camino andado, ni el problema ni siquiera es ese: el problema es la ley 31/1985 de regulación de los órganos rectores de las Cajas de Ahorro. Una ley que, con el peregrino argumento de “democratizar” las cajas, facilitó que las entidades se convirtieran en patio de monipodio de la corrupción política y sindical. Ese es el problema de fondo y no otro.

Lo tremendo es que, a partir de ahora, la caja gallega, que está hiperrepresentada en Galicia, no va a poder buscar un reequilibrio territorial más proporcionado –deshaciéndose del exceso gallego y compensándolo con otras zonas que puedan resultar adecuadas a su modelo de negocio-. Y lo de Bankia aún es peor: dado que resulta de la fusión de siete entidades dispersas por todo el país que operan tradicionalmente en al menos diez provincias, sus directivos van a tener que aprender a jugar a la rayuela para desarrollar su negocio. Muy eficaz todo esto. Muy de pisar suelo. Muy de Bruselas.

Por último, cómo no, también los eurócratas prohíben la concesión de crédito al sector inmobiliario. Tenían otras opciones. Por ejemplo, exigir un porcentaje de fondos propios mínimo en la concesión de préstamos para adquirir suelo. Por ejemplo, condicionar la financiación a la obtención de la licencia de construcción y a la comercialización de un porcentaje elevado del producto final. Por ejemplo, desvincular la actividad inmobiliaria de la financiación de ayuntamientos. Tres cositas que se me ocurren así, de golpe, mientras escribo esto. Resumiendo, podían haber sugerido medidas para garantizar un mercado de préstamos más sano. Pero no. Es mejor prohibir, cercenar la libertad. Como se han muerto tres en el Madrid Arena, prohíbo macrofiestas. Como se han matado no sé cuantos en la M-30, la cierro. O mejor aún, prohíbo conducir. Como la gente se tira por la ventana, que las tapien. Y, ya de paso, demonizar un sector. ¿Por qué se prohíbe financiar al promotor y no al particular para hipotecario? ¿Por qué no se prohíbe financiar a las constructoras que han hecho las absurdas infraestructuras que yacen, inútiles, por los campos de Castilla? Ah, claro, que es que el que promovía los aves y los aeropuertos era la administración pública. Qué tonterías me pregunto.

Y mientras, los Blesa, Mafo, Salgado, Olivas, Moltó,… desde sus retiros dorados, se parten de la risa. Más madera, amigos, que el tren no pare.

 

España mete miedo. Primas de riesgo de 450 puntos precipitaron la intervención de los demás pigs. Ahora, cerca de los 500, hasta los alemanes se hacen los longuis… ¿Qué nos espera? Vivimos rodeados de incertidumbre: si los griegos salen del euro…; si la socialdemocracia desplaza a Merkel del poder…; si pincha algún BRIC…; si Hollande prepara una “French revolution”…; si nos invaden los alienígenas, que tan bien le vendría a Krugman para confirmar su habilidades adivinatorias… Quién sabe. De lo que no cabe duda es de que “los mercaos” han aprovechado la bisoñez del nuevo Gobierno –¿cabía otra opción?- para colarnos el caramelo envenenado del LTRO en virtud del cual los fondos soberanos y bancos extranjeros han abandonado en masa la deuda pública española para endosársela a la banca patria, como critica con dureza Sala i Martín en su último pensamiento aleatorio.

Si bien es cierto que el Gobierno ha cometido numerosas torpezas y nos ha transmitido inseguridad, en honor a la verdad hay que reconocer que no es fácil hacerse con los mandos del Titanic a dos minutos de chocar con el iceberg –o quizá un buen rato después de haber chocado-. Lamentarse o recordar lo que se pudo haber hecho en 2009 o 2010 ya no tiene sentido. Todos hemos contribuido de una manera de otra al desastre, pero no todos tienen la misma responsabilidad. Los que gobiernan y regulan nuestras relaciones económicas asumen un plus. Y no sólo estoy pensando en los políticos con mando en plaza, sino también en instituciones y organismos como el Banco de España o la CNMV -que han perdido todo su prestigio y credibilidad- y, por qué no, en las entidades que hemos dado en llamar “sistémicas”. Cuando uno se sabe sistémico, cuando una empresa o entidad financiera tiene la certeza de que, llegado el caso, el Estado se postrará a sus pies, sus gobernantes contraen una responsabilidad extraordinaria con la sociedad que les da cobijo. Empresas como Repsol, que son capaces de movilizar al Cuerpo Diplomático para defender sus intereses en Ultramar ; entidades como Bankia, que terminan siendo recapitalizadas con el dinero de nuestros impuestos; sociedades como OHL, Indra o ACS, que son capaces de poner al Rey mirando a La Meca para conseguir un contrato ferroviario.

Si había algo que me repateaba de Zapatero era su fe ciega en Emilio Botín. Los políticos españoles, por lo general ajenos al mundo empresarial y ayunos de formación económica, tienden a echarse en brazos del los tiburones más avezados, confiados en que, “como saben mucho de economía”, hay que hacerles caso. Sinceramente pensaba que con el PP no pasarían estas cosas. ¡Qué ingenuo! Resulta que según el relato de personas bien informadas como Jesús Cacho o Roberto Centeno nos hemos enterado de que al parecer el último Consejo de Ministros lo diseñaron los patrones de la gran banca. España está enferma, muy enferma, y no sólo económicamente.

Más allá del sempiterno capitalismo crony, las incoherencias ideológicas y programáticas, los fallos de comunicación, y las especulaciones políticas varias –como las elecciones andaluzas-, es innegable que el Gobierno ha hecho los deberes que le han impuesto desde Bruselas. Decía bien ayer De Guindos que “España ha hecho todo lo que está en su mano”. Y es verdad que en cuatro meses el Gobierno actual ha tomado más y mejores decisiones en el orden económico que el anterior en siete años. No parece justo que la paciencia que se tuvo para con Zapatero no se extienda ahora para un equipo mucho mejor preparado y dispuesto. Pero así es la vida: el Schettino de León no soltó los mandos hasta confirmar el impacto. A Rajoy le han pasado la patata cuando más caliente estaba y no la puede o no sabe soltar de las manos, salvo cuando la comparte por unos instantes con algún virrey de la taifa autonómica.

 

Sobre la reforma financiera del viernes y otras cuestiones relativas a la vivienda, y dado que ya han sido profusamente analizadas en diversos medios, me limito a hacer las siguientes observaciones:

-         La reforma llega “tarde, mal y a rastras”. Coincido plenamente con el Presidente. Si la ‘Reforma Financiera I’ fue la mayor reforma que el sistema financiero podía asumir sin quebrar, la RF II es la mayor que el Estado puede soportar sin acudir a la ayuda directa exterior ergo la intervención.

-         La reforma, que hace dos años pudo haber valido, -y que sin duda es meritoria- hoy día es insuficiente. No contempla los riesgos de la deuda corporativa, de la mora hipotecaria o de la deuda soberana.

-         Si de verdad se quiere provocar un efecto de bajada de precios y la consiguiente reactivación de las ventas, consentir que las entidades vayan provisionando poco a poco durante los próximos siete o diecinueve meses (según los casos) es contraproducente: exijan la provisión de manera inmediata, y luego den el plazo que sea para ir dotando esa provisión. El goteo genera la sensación en el mercado de que los precios no terminan de caer, y se cae en un círculo vicioso.

-         El Gobierno, bajo mi punto de vista, ha equivocado los tiempos: primero debería haber procedido a la evaluación independiente de las carteras crediticias, para después haber exigido las provisiones oportunas. Hacerlo al revés le pone en un brete si, como es previsible, los resultados de la auditoría no coinciden con las provisiones preventivas del Gobierno.

-         Admitir la falta de veracidad de los balances bancarios con respecto al ladrillo pone contra las cuerdas cualquier documento contable de la banca y, por extensión, de toda empresa española; y pone al Banco de España y a la CNMV a la altura del más corrupto país tercermundista.

-         La exención del 50% de la plusvalía para adquisiciones de aquí a final de año es una medida audaz e inteligente: puede precipitar el cierre de operaciones de inversión en ladrillo bancario, frenando de alguna manera la caída de los precios.

-         La reforma de la LAU la mejora, pero es una oportunidad perdida. Se debe profundizar en la libertad de pactos y, sobre todo, dotar de seguridad y rapidez procesal frente al moroso, principal escollo para los propietarios (como bien señala en este punto Andrés G. Mendoza).

-         La reforma de las SOCIMI se queda en lo anecdótico y no entra en lo fundamental: equiparar el régimen fiscal a los REIT, es decir, tributación sólo a nivel del partícipe o accionista. Otra oportunidad perdida.

-         Y, sobre todo, el equivocado planteamiento de fondo: no es el Estado –los españoles- quien debe recapitalizar las entidades financieras, sino sus acreedores. No es de recibo que los particulares insolventes sean despojados de sus bienes, en severa aplicación de la ley y del sistema de responsabilidades, al tiempo que las entidades financieras insolventes son rescatadas: en nuestro ámbito familiar todos somos sistémicos.

Para profundizar en esta idea, lean este fantástico artículo de Manuel Llamas que acaba de publicar.

Y dada la fecha en la que estamos, no me quiero olvidar de la actitud sumamente irresponsable de los quinceemeros durante el día de ayer intentando provocar pánico bancario entre la ciudadanía mediante la llamada a cancelar sus cuentas en Bankia. ¿Estos son los que van a salvar la patria? ¿Estos son el futuro? Apañados vamos.

 

Una reforma para consumo externo…

Contaba MAFO allá por julio –cuando ufano relataba lo bien que habían ido los test de estrés, días antes de la caída de la CAM- que, estando un emisario del Banco de España en Londres para explicar cómo andaban las cosas en nuestro sistema financiero, un analista local le espetó que “el suelo en España no vale nada, cero”. La respuesta del ejecutivo español fue algo así como: “Si usted lleva razón, si es así, lo compro todo”.

MAFO y su adlátere llevaban razón: el precio del suelo, en España, ni de lejos era cero. Era muchísimo más. No había más que acercarse a cualquier banco y preguntar por su cartera de suelos. Pero el analista inglés no estaba hablando de precio, sino de valor. Y ya sabemos lo que Machado decía de los que confunden valor y precio. No estoy diciendo yo que en el Banco de España se prodiguen los necios, ¡qué va!, fue sin duda una buena artimaña oratoria del representante español. Y seguramente el analista de la city apreció su inteligente respuesta pero no saldría muy convencido de la reunión, aunque de haber conocido al genial poeta sevillano podría incluso haberse sentido ofendido.

Apenas unos días antes del anuncio de la reforma financiera, el boss de Fitch en España, José Santos, hizo unas declaraciones que merecieron este titular de Expansión: “El precio de los pisos en España debe bajar hasta el 35% en dos años desde su pico máximo”. Dicho y hecho.

Esta reforma es, antes que cualquier otra cosa, una reforma para consumo externo. De Guindos ha trabajado con la mirada puesta en los mercados de capitales. Les ha dado lo que quería: los suelos valen casi cero, los pisos, un 35% menos.

 

…pero también para consumo interno

Me sorprendieron los descuentos aplicados por De Guindos. El 80% para suelo me resultó francamente excesivo. Tengamos en cuenta que no ha discriminado y que el ajuste afecta por igual a suelos urbanos, urbanizables o rústicos con expectativas. A suelos céntricos y a suelos en las periferias, a suelos en Chamberí o en el Eixample, y a planes parciales en semidespoblados de Castilla o en blufs de la costa. Probablemente un descuento medio del 70% hubiera sido más acorde con el valor real.

De igual modo, el descuento en vivienda del 35% se me hizo algo corto. Si ya en Madrid capital la obra nueva ha bajado desde el pico un 30%… extrapolen ustedes. Así pues, si bien la cantidad global (50.000 millones) puede ser la adecuada, la distribución por activos no lo es tanto.

Y, ¿qué puede haber influido, aparte de dar satisfacción a los analistas internacionales, para escoger estos porcentajes? España es un país de propietarios. Por encima de los treinta y cinco años prácticamente toda la población es titular de al menos una vivienda. Y lo que ha hecho el viernes pasado el Gobierno es decirnos, franca y llanamente, que nuestros pisos valen un 35% de lo que llegaron a valer. Una cifra dura, aunque seguramente ya asumida y descontada. ¿Cómo afectaría a nuestro estado de ánimo, a nuestro consumo, una cifra del 40 o 45%? Pienso que también ha habido algo de eso.

 

Sí es una reforma…

Varios de los artículos que he leído estos días dicen que esto no es una verdadera reforma, que no es sino un mero adelantamiento de plazos. Discrepo.

Hay, de entrada, un cambio conceptual fundamental: hasta ahora, la banca iba provisionando en cómodos plazos y según las necesidades de cada entidad. Esto, como no podía ser de otra manera, era causa justificada de desconfianza por parte de los inversores. Y alimentaba el círculo vicioso, pues la inoperancia de facto del sistema financiero incidía día a día en la minusvaloración de los activos inmobiliarios. Lo importante del nuevo escenario no es si se puede provisionar en uno o en dos años, sino que de golpe se asume una caída impresionante de los valores de los activos; por una vez se pretende que el valor contable se asemeje al valor de mercado. Y eso sí es una reforma.

 

…aunque incompleta y paternalista

Decía ayer José Carlos Díez –economista jefe de Intermoney- en twitter: “primero el FROB saca a Banco de Valencia de Bankia para sanearlo, y ahora Bankia le quiere comprar al FROB Unnim. No entiendo nada.” Yo tampoco.

Mientras Santander, BBVA y Caixa se apresuraban a explicar esta mañana el impacto en sus balances de los nuevos requerimientos, la cuarta entidad del país no sólo no lo hace sino que tira por el camino del medio acogiéndose a las excesivas facilidades que De Guindos ha incorporado al Decreto –y para colmo la Bolsa castiga a los transparentes, con caídas de más del 1% a media sesión, y premia al díscolo-.

Esta reforma –como las instrumentadas bajo la égida del PSOE- adolece de un grave defecto, que es intentar por todos los medios que ninguna entidad quiebre. Dicen los que saben que el impacto en la marca España sería nefasto si varias entidades quebraran. No estoy de acuerdo. Si estamos a transparencia y saneamiento, estamos a transparencia y saneamiento. Las medias verdades también son medias mentiras. Pero es que, además, esto no va a hacer sino incrementar el riesgo sistémico y, por ende, el riesgo moral. Y, no nos engañemos, un uso mayor e innecesario del FROB y, probablemente, la nacionalización a plazos de alguna entidad.

Por otro lado,Tano Santos, en Nada es Gratis, descubría una de las perlas del Decreto que pone en cuestión la verdadera intención de la reforma:

Disposición adicional quinta. Cómputo de pérdidas en los supuestos de reducción obligatoria de capital social en la sociedad anónima y de disolución en las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada:

Se renueva, sin solución de continuidad y a todos los efectos legales, durante el ejercicio social que se cierre a partir de la entrada en vigor del presente real decreto-ley, la aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 de la Disposición adicional única del Real Decreto-ley 10/2008, de 12 de diciembre.”

Es decir, nueva e injustificada –a los propósitos de la reforma- prórroga de la suspensión de una de las causas de disolución de las sociedades mercantiles que afecta de lleno a las promotoras inmobiliarias.

Sé que el Decreto prescribe 10.000 millones (el 20% del total) para posible deterioro de los préstamos “buenos”. Y me parece bien pero, ¿serían suficientes si se aplicaran las leyes mercantiles sin privilegios? Hace unos meses calculé que sólo entre las 11 promotoras más importantes del sector adeudaban más de 30.000 millones. Por supuesto que los activos que respaldan esos créditos no valen cero pero aún así…

 

La reforma se olvida de la mora hipotecaria…

Los bonitos gráficos de la presentación del Ministerio –y del Banco de España- se centran en los 300.000 millones prestados al sector promotor, pero no hacen mención de los 600.000 que disfrutan las familias a cuenta de sus viviendas. La mora hipotecaria hace ya muchos meses que se sostiene en el entorno del 2,5%. Si bien es cierto que la amenaza de la proscripción social y económica tiene mucho que ver con este relativo éxito –en la medida en que la entrega del bien no libera de la carga-, no parece muy creíble que esta tasa se sostenga en el tiempo con unas perspectivas de PIB tan lamentables, con un paro que ya se acerca al 25%, y con un desempleo de larga duración en record absoluto.

 

…pero, a pesar de todo, es una buena reforma

Con todos sus defectos, el esfuerzo es muy importante y, como señala acertadamente Miguel Belloso en el último número de Mercados, “las nuevas provisiones (…) supondrán un transferencia de renta de las empresas financieras a la economía real del orden de 50.000 millones de euros”.

Ésta es la máxima transferencia que el statu quo se puede permitir sin que el sistema se resquebraje. Esperemos que cuele a nivel internacional y que sea suficiente –junto con el resto de reformas pendientes- para recuperar la confianza en nuestro país y para que los alemanes, los suecos y los chinos nos sigan prestando.

Por último, me gustaría recordarle de nuevo al Gobierno que no se olvide de la urgente y necesaria reforma de las SOCIMI para transformarlas en verdaderos REITs. Si no ofrecemos el vehículo adecuado, no aprovecharemos convenientemente la reforma practicada: hay 100.000 millones esperando a las puertas.









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