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Produce bastante desasosiego (entiéndase vergüenza, cabreo, decepción y perplejidad) leer algunas de las condiciones que acaba de imponer Bruselas, por boca de Almunia, a las antiguas cajas rescatadas y nacionalizadas. Dicen los sabios eurócratas –otros que pagamos con nuestros impuestos- que estas entidades deben deshacerse del negocio de crédito a promotores inmobiliarios, reenfocarse en sus regiones de origen, y dejar de financiarse en los mercados mayoristas, esto es, que sólo podrán prestar tanto como tengan en depósitos.

Empecemos por el final. En efecto, uno de los vicios de la banca patria durante los años del boom fue el de endeudarse “por encima de sus posibilidades”. Cuando de niños nos contaban cómo funciona el negocio bancario nos explicaban que el dinero que uno ahorra enseguida es prestado por el banco a un tercero para acometer un negocio o inversión. Y que el banco vive de la diferencia entre el interés que cobra al que presta y el que paga al ahorrador. Pues bien, eso era más o menos así hasta la entrada en el euro. Se podría decir que España era una autarquía en términos financieros. Sin embargo, poco a poco esto fue cambiando y el sistema financiero español dejó de ser sólo un intermediario entre ahorradores españoles e inversores españoles para canalizar, además, el ahorro de los extranjeros. En sí no es malo. El problema surge cuando el banco toma prestado ahorro exterior con compromiso de devolución a uno, dos, o cuatro años, y lo presta a españoles para hipotecarse a cuarenta años. Mientras hay confianza, no pasa nada, pues los vencimientos van renovando. Pero el día que ésta se quiebra, ¿qué pasa? Que el ahorrador extranjero quiere su pasta y, como nadie más te quiere prestar, el banco acude a papá-Estado para que se haga cargo del problema.

Pues bien, Bruselas quiere que esto no suceda más. Pero no con toda la banca europea o española, no. Sólo con las entidades nacionalizadas. Podía haber dicho: a partir de ahora nadie podrá prestar más de lo depositado. O nadie podrá prestar por un plazo superior al del depósito. Pero no. Bruselas establece para unas entidades determinadas –y sólo para estas- unas condiciones que, buenas o malas, las incapacita para competir en condiciones de igualdad. Bravo.

Señala también la Comisión Europea que deben volver a sus regiones de origen. Les voy a decir una cosa: si la Caja de Ahorros y Préstamos de la Provincia de Soria no se hubiera fusionado con la de Salamanca ni, bajo la marca Duero, hubiera sucumbido a todas las tentaciones de la burbuja, ahora no sólo no estaría contemplando la necesidad de ayudas públicas, sino que sería una de las entidades más solventes del país, pues la tasa de ahorro en Soria es la más alta de España. Pero, ¿saben una cosa? Ese tiempo ya pasó. Ni las cajas son ya cajas –se han transformado en bancos- ni es posible deshacer el camino andado, ni el problema ni siquiera es ese: el problema es la ley 31/1985 de regulación de los órganos rectores de las Cajas de Ahorro. Una ley que, con el peregrino argumento de “democratizar” las cajas, facilitó que las entidades se convirtieran en patio de monipodio de la corrupción política y sindical. Ese es el problema de fondo y no otro.

Lo tremendo es que, a partir de ahora, la caja gallega, que está hiperrepresentada en Galicia, no va a poder buscar un reequilibrio territorial más proporcionado –deshaciéndose del exceso gallego y compensándolo con otras zonas que puedan resultar adecuadas a su modelo de negocio-. Y lo de Bankia aún es peor: dado que resulta de la fusión de siete entidades dispersas por todo el país que operan tradicionalmente en al menos diez provincias, sus directivos van a tener que aprender a jugar a la rayuela para desarrollar su negocio. Muy eficaz todo esto. Muy de pisar suelo. Muy de Bruselas.

Por último, cómo no, también los eurócratas prohíben la concesión de crédito al sector inmobiliario. Tenían otras opciones. Por ejemplo, exigir un porcentaje de fondos propios mínimo en la concesión de préstamos para adquirir suelo. Por ejemplo, condicionar la financiación a la obtención de la licencia de construcción y a la comercialización de un porcentaje elevado del producto final. Por ejemplo, desvincular la actividad inmobiliaria de la financiación de ayuntamientos. Tres cositas que se me ocurren así, de golpe, mientras escribo esto. Resumiendo, podían haber sugerido medidas para garantizar un mercado de préstamos más sano. Pero no. Es mejor prohibir, cercenar la libertad. Como se han muerto tres en el Madrid Arena, prohíbo macrofiestas. Como se han matado no sé cuantos en la M-30, la cierro. O mejor aún, prohíbo conducir. Como la gente se tira por la ventana, que las tapien. Y, ya de paso, demonizar un sector. ¿Por qué se prohíbe financiar al promotor y no al particular para hipotecario? ¿Por qué no se prohíbe financiar a las constructoras que han hecho las absurdas infraestructuras que yacen, inútiles, por los campos de Castilla? Ah, claro, que es que el que promovía los aves y los aeropuertos era la administración pública. Qué tonterías me pregunto.

Y mientras, los Blesa, Mafo, Salgado, Olivas, Moltó,… desde sus retiros dorados, se parten de la risa. Más madera, amigos, que el tren no pare.

 

¿Se imaginan a nuestro Gobierno demandando a las entidades financieras por la irresponsabilidad con que actuaron durante la burbuja crediticia? A fecha de hoy se antoja complicado, aunque todo depende de cómo discurran las cosas: si se ponen realmente feas, habrá que buscar un nuevo chivo expiatorio porque, en el mercado de la política, lo de la asunción de los errores –o sea, de la propia responsabilidad- no está muy de moda ¿verdad?

Yo, sin embargo, no le arriendo la ganancia (al Gobierno) por los siguientes hechos:

1) La banca hizo lo que pudo y lo que la dejaron

Lo que pudo: Tras las bajadas espectaculares de tipos de interés que se produjeron a partir de 2001, España entró por primera vez en una situación de tipos negativos (la inflación era superior a los tipos de interés). Así, la concesión de créditos se convirtió en la única vía de escape para una banca que tenía difícil ganar dinero de otra manera. Algo similar se produjo entre los particulares: los depósitos y plazos fijos dejaron de tener sentido (los intereses eran ridículos) y se lanzaron a la inversión en activos, que a la postre generaron las burbujas inmobiliaria y bolsística. Estoy absolutamente seguro de que si no hubiéramos cedido la soberanía monetaria a Europa esto no habría sucedido, o al menos no por tanto tiempo.

Lo que la dejaron: Lo que, sin embargo, no estaba en el guión era la laxitud (por decirlo finamente) en que derivó el mercado hipotecario. Fuera por razones de ingeniería social, por generar trabajo y crecimiento, o por puro “laissez faire”, lo cierto es que las condiciones hipotecarias se relajaron peligrosamente. Las responsabilidades, a repartir entre los sucesivos Gobiernos y el Banco de España. Les dejo este enlace con un documento demoledor del profesor del IESE Pablo Fernández, del que destacaría la famosa carta de la inspección del Banco de España alertando de la situación.

2) El papel de las Cajas en este episodio

Las cajas no sólo concedieron la mayoría de las hipotecas del boom, sino que sobre todo aprobaron las más arriesgadas y difíciles de justificar. Es fácil entender por qué: se trataba de instituciones públicas gobernadas por políticos. Es decir, los criterios de rentabilidad/riesgo que deben presidir cualquier negocio (y en especial el financiero) no fueron los que inspiraron las tomas de decisión en más ocasiones de lo aconsejable.

3) La actuación de las entidades financieras hoy día

Como alerté hace unos días en este post, a fecha de hoy, y con el conocimiento y aquiescencia del Banco de España y de los responsables del Gobierno, las entidades financieras están volviendo a vender viviendas (las suyas) con las mismas condiciones de laxitud que nos llevaron al desastre.

 

Así pues, visto el panorama, ¿está legitimado el Gobierno para demandar a la banca? ¿Es realmente la banca responsable o los que la dejaron hacer? ¿Qué parte de responsabilidad tiene la banca y qué parte los gobernantes?

Seis meses antes de que a José Manuel Campa le nombraran Secretario de Estado de Economía me lo crucé por los pasillos del IESE. “¿Qué tal te va?”, me preguntó. “Pues ya ves, sufriendo la crisis”. Ya ha llovido desde aquel día y seguimos igual, sufriendo la crisis.

Ayer lo vi en persona por vez primera desde entonces. Acudió de nuevo al IESE, esta vez como invitado de excepción para clausurar la jornada dedicada al “Futuro de las Cajas de Ahorro” que relaté ayer. Llegó un poquito tarde, escoltado por un pequeño ejército de fotógrafos, cameramen y entrevistadores. Algunos de los profesores más destacados del IESE le hicieron pasillo tanto a la entrada como a la salida, lo que le ayudó a evitar el contacto directo y visual con la legión de antiguos alumnos que allí nos congregamos.

Las clases de Campa eran divertidas, instructivas y siempre tenían un punto de provocación. No se puede decir que fuera el mayor defensor del liberalismo en España pero sí un absoluto convencido del libre mercado como el mejor medio para regular las relaciones económicas entre los hombres. Recuerdo cuando en una de las clases afirmó que “el ecologismo es un lujo de los ricos”. ¿Cómo? Explícate, por favor. “En Occidente nos quejamos de que los chinos queman demasiado carbón y de que los brasileños talan demasiados árboles… Es muy fácil: si no nos gusta, paguémosles para que no lo hagan”. “En Europa hemos quemado todo el carbón del mundo y hemos talado todos los árboles que nos ha apetecido desde que empezó la Revolución Industrial hasta hace relativamente poco; ahora que somos ricos podemos permitirnos el lujo de no hacerlo, pero no nos basta: también queremos que los pobres (India, Brasil, China, etc.) se abstengan. ¿Y cómo queremos entonces que alcancen nuestro nivel de vida? Está claro que si no nos interesa que quemen sus bosques, lo único que podemos hacer es pagarles hasta que les compense no hacerlo”. Este es Campa en su salsa. Así que no es de extrañar que diga, más en un ejercicio teórico y casi académico que en su condición de Secretario de Estado, que los españoles haríamos bien en concentrar nuestros en ahorros en otra cosa que no fuera ladrillo.

¿Y por qué dijo esto? Alguien en la sala le reprochó que en unas recientes declaraciones había afirmado que los españoles eran muy ricos porque tenían pisos: “¿Y qué van a hacer con esos pisos? ¿Comérselos? Lo cierto es que lo único que tienen es una fuerte deuda”. A lo que él respondió: “¿Lo ves? A eso me refería: los españoles tienen mucho ahorro concentrado en la vivienda que ahora mismo es un bien ilíquido…” y acto seguido colocó la frase que ha acaparado titulares y tertulias durante los últimos días.

Pero, ¿es cierto que la vivienda es ilíquida o no será más bien que ha resultado una mala inversión? Un ejemplo que todos entenderemos: si yo compré hace tres años acciones del Santander a 14 euros, y ahora pretendo venderlas a 14 euros, ¿qué es, una inversión ilíquida o una mala inversión? Teniendo en cuenta que en bolsa cotiza a unos 8 euros, estaremos de acuerdo que es una mala inversión ¿no? Mercado para la vivienda sigue habiendo, pero con descuento. Transformar un piso en cash sigue siendo posible, sólo faltaba, pero por menos cash del que generarías hace cuatro años.

Campa también insistió en otro aspecto que atañe al sector inmobiliario. Dijo que el sector de la construcción, en el último ejercicio, aportó al PIB 4,5 puntos, frente a los 9 del año 2007. Y explicó que lo que intentaba hacer el Gobierno era impulsar otros sectores de la actividad que suplieran esos 4,5 puntos perdidos.

Dicho así, en términos de PIB, no parece tan grave el problema (¿qué son 4,5 puntos de PIB -unos 45.000 millones- en un país acostumbrado a manejar todos los días cifras de decenas de miles de millones de euros cada vez que hablamos de banca, de cajas, de comunidades autónomas, etc.?). Lo que suena más dramático y menos macroeconómico es cuando te das cuenta de que esos 4,5 puntos de PIB vienen a ser entre un millón y medio y dos millones de trabajadores en el dique seco. ¡Qué ironía! El día en que Zapatero se reunió con el G-34, los medios de comunicación, para darle empaque al evento, recordaban que en ese cónclave el Gobierno había congregado a las empresas que facturaban cerca del 40% del PIB y empleaban nada más y nada menos que a un millón de personas. ¡Qué ingenuos somos! ¿Es esto el libre mercado o el capitalismo de amiguetes o “crony” –que dicen los americanos-, profe?









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