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Produce bastante desasosiego (entiéndase vergüenza, cabreo, decepción y perplejidad) leer algunas de las condiciones que acaba de imponer Bruselas, por boca de Almunia, a las antiguas cajas rescatadas y nacionalizadas. Dicen los sabios eurócratas –otros que pagamos con nuestros impuestos- que estas entidades deben deshacerse del negocio de crédito a promotores inmobiliarios, reenfocarse en sus regiones de origen, y dejar de financiarse en los mercados mayoristas, esto es, que sólo podrán prestar tanto como tengan en depósitos.

Empecemos por el final. En efecto, uno de los vicios de la banca patria durante los años del boom fue el de endeudarse “por encima de sus posibilidades”. Cuando de niños nos contaban cómo funciona el negocio bancario nos explicaban que el dinero que uno ahorra enseguida es prestado por el banco a un tercero para acometer un negocio o inversión. Y que el banco vive de la diferencia entre el interés que cobra al que presta y el que paga al ahorrador. Pues bien, eso era más o menos así hasta la entrada en el euro. Se podría decir que España era una autarquía en términos financieros. Sin embargo, poco a poco esto fue cambiando y el sistema financiero español dejó de ser sólo un intermediario entre ahorradores españoles e inversores españoles para canalizar, además, el ahorro de los extranjeros. En sí no es malo. El problema surge cuando el banco toma prestado ahorro exterior con compromiso de devolución a uno, dos, o cuatro años, y lo presta a españoles para hipotecarse a cuarenta años. Mientras hay confianza, no pasa nada, pues los vencimientos van renovando. Pero el día que ésta se quiebra, ¿qué pasa? Que el ahorrador extranjero quiere su pasta y, como nadie más te quiere prestar, el banco acude a papá-Estado para que se haga cargo del problema.

Pues bien, Bruselas quiere que esto no suceda más. Pero no con toda la banca europea o española, no. Sólo con las entidades nacionalizadas. Podía haber dicho: a partir de ahora nadie podrá prestar más de lo depositado. O nadie podrá prestar por un plazo superior al del depósito. Pero no. Bruselas establece para unas entidades determinadas –y sólo para estas- unas condiciones que, buenas o malas, las incapacita para competir en condiciones de igualdad. Bravo.

Señala también la Comisión Europea que deben volver a sus regiones de origen. Les voy a decir una cosa: si la Caja de Ahorros y Préstamos de la Provincia de Soria no se hubiera fusionado con la de Salamanca ni, bajo la marca Duero, hubiera sucumbido a todas las tentaciones de la burbuja, ahora no sólo no estaría contemplando la necesidad de ayudas públicas, sino que sería una de las entidades más solventes del país, pues la tasa de ahorro en Soria es la más alta de España. Pero, ¿saben una cosa? Ese tiempo ya pasó. Ni las cajas son ya cajas –se han transformado en bancos- ni es posible deshacer el camino andado, ni el problema ni siquiera es ese: el problema es la ley 31/1985 de regulación de los órganos rectores de las Cajas de Ahorro. Una ley que, con el peregrino argumento de “democratizar” las cajas, facilitó que las entidades se convirtieran en patio de monipodio de la corrupción política y sindical. Ese es el problema de fondo y no otro.

Lo tremendo es que, a partir de ahora, la caja gallega, que está hiperrepresentada en Galicia, no va a poder buscar un reequilibrio territorial más proporcionado –deshaciéndose del exceso gallego y compensándolo con otras zonas que puedan resultar adecuadas a su modelo de negocio-. Y lo de Bankia aún es peor: dado que resulta de la fusión de siete entidades dispersas por todo el país que operan tradicionalmente en al menos diez provincias, sus directivos van a tener que aprender a jugar a la rayuela para desarrollar su negocio. Muy eficaz todo esto. Muy de pisar suelo. Muy de Bruselas.

Por último, cómo no, también los eurócratas prohíben la concesión de crédito al sector inmobiliario. Tenían otras opciones. Por ejemplo, exigir un porcentaje de fondos propios mínimo en la concesión de préstamos para adquirir suelo. Por ejemplo, condicionar la financiación a la obtención de la licencia de construcción y a la comercialización de un porcentaje elevado del producto final. Por ejemplo, desvincular la actividad inmobiliaria de la financiación de ayuntamientos. Tres cositas que se me ocurren así, de golpe, mientras escribo esto. Resumiendo, podían haber sugerido medidas para garantizar un mercado de préstamos más sano. Pero no. Es mejor prohibir, cercenar la libertad. Como se han muerto tres en el Madrid Arena, prohíbo macrofiestas. Como se han matado no sé cuantos en la M-30, la cierro. O mejor aún, prohíbo conducir. Como la gente se tira por la ventana, que las tapien. Y, ya de paso, demonizar un sector. ¿Por qué se prohíbe financiar al promotor y no al particular para hipotecario? ¿Por qué no se prohíbe financiar a las constructoras que han hecho las absurdas infraestructuras que yacen, inútiles, por los campos de Castilla? Ah, claro, que es que el que promovía los aves y los aeropuertos era la administración pública. Qué tonterías me pregunto.

Y mientras, los Blesa, Mafo, Salgado, Olivas, Moltó,… desde sus retiros dorados, se parten de la risa. Más madera, amigos, que el tren no pare.









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