El autor de Adiós, Ladrillo, Adiós.

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La concesión de crédito ha sufrido un fuerte descalabro desde que comenzó el año. Los préstamos a familias han caído, de diciembre a enero, un 63%. El descenso interanual tampoco se queda manco: 43%. En el caso de las empresas, la caída es algo menor: el 30% en un mes, y el 16% en el interanual.

Por otro lado, el interés medio (es decir, el coste) de contratación de una hipoteca ha pasado, en un solo mes, del 2,66% al 2,92%. Casi un diez por ciento de encarecimiento. Es más, según se exhibe en este artículo, los diferenciales que se aplican sobre el índice de referencia –el Euribor a un año- se empiezan a situar en niveles más propios de tipos fijos: desde el 1% hasta el 3%; muy por encima del “cero coma” al que nos tenían acostumbrados. Salvo, claro está, para sus propios activos, donde las facilidades de financiación recuerdan otros tiempos, como vimos en el post de ayer. ¿Qué está pasando?

Echemos un vistazo por el lado de la Demanda. Sin duda se ha contraído. Llevamos meses diciendo que la eliminación de la desgravación fiscal iba a incidir en el mercado de la manera que al final lo ha hecho; es decir, adelantando la decisión de compra antes del final de 2010. Enero ha sufrido la gran resaca de la eliminación de este incentivo.

Pero esto no es suficiente para justificar tanto el descenso en la constitución de hipotecas como, por supuesto, su encarecimiento. Y es fácil deducirlo puesto que el descenso del crédito a empresas –absolutamente ajeno a los incentivos fiscales en la compra de vivienda- indica que hay un cambio de tendencia generalizado.

Algunos caerán en la tentación de argumentar tanto la cantidad como el coste por la fuerte subida del Euribor. Sin embargo, este índice no tiene nada que ver con lo sucedido en enero, mes en que se situó alrededor del 1,5%, en línea con diciembre.

Además, los precios de la vivienda, según todos los índices, siguieron bajando durante el mes de enero lo que implica, con un Euribor similar y condiciones similares, que las cuotas para nuevas hipotecas deberían haber sido más reducidas: un incentivo que debería animar las compras.

Así que tendremos que volver los ojos a la Oferta –bancos y cajas- para entender el cambio. ¿Se acuerdan que hace apenas unas semanas Elena Salgado decía que la recapitalización de las cajas iba a suponer un incremento notable de la financiación? ¿Y de Mafo diciendo que así se evitaría el credit crunch? ¿Y recuerdan también como, casi al unísono, los economistas del país apuntaban a que iba suceder justo lo contrario? Pues ya tienen la respuesta.

En efecto, el propio Banco Central Europeo advirtió el pasado 9 de marzo que adelantar las exigencias de capital de Basilea III supondría incrementar el riesgo de efectos negativos en los flujos de crédito a la economía real. Exigir unos recursos propios superiores en el balance de las entidades financieras incentiva la reducción del crédito, pues es la manera más fácil de conseguirlo –al reducir las necesidades de ampliar el capital-. (Recomiendo al respecto la lectura del artículo de Rubén Manso titulado “Reformas Amarillas” en El Economista).

Al final, lo que se pone de manifiesto es que el país carece de rumbo económico. Vamos dando bandazos desde el comienzo de la crisis y los que nos dirigen todavía no han acertado con el rumbo adecuado. De lo que no cabe duda, por lo acontecido hasta ahora, es que serán las clases medias las que paguen los platos rotos. Prepárense para una buena dosis de sufrimiento y expolio antes de que esto se enderece.

¿De qué va esto de la recapitalización de las Cajas? ¿Qué es eso del Real Decreto Ley de Reforzamiento Financiero? Pues consiste en elevar los recursos propios de estas entidades.

¿Hasta qué punto? Hasta el 8% para todas, que puede ser del 10% para las que no coticen en bolsa. ¿Y esto qué significa a efectos prácticos? Que de cada 100 euros que presta la entidad, 8 ó 10 los tendrán que poner sus accionistas. ¿Y hasta ahora cómo era? Hasta ahora era un 2%. ¿Y por qué esa cifra y no otra? Porque, tras la crisis, y para evitar que se reprodujera en un futuro la misma, se ha firmado un acuerdo que afecta a todos los bancos del mundo conocido como Basilea III. Basilea III exige este capital mínimo a las entidades… a partir del año 2019. ¿Y por qué aquí se va a aplicar desde ya? Porque se considera que elevando los recursos propios de las Cajas hasta ese nivel los inversores dejarán de temer el posible agujero inmobiliario latente: tal nivel de recursos propios será suficiente para cubrir cualquier contingencia. ¿Es eso cierto? Lo cierto es que la incertidumbre se mantiene: aún asumiendo que los activos tóxicos fueran los que ha señalado el BdeE (algo que no se tiene en pie según vimos en el post anterior), seguimos sin saber cuáles son las pérdidas potenciales de las cajas. No olvidemos que, además, todo se basa en una foto fija, una instantánea a 31 de diciembre de 2010. Y con mucho photoshop.

Cuando se hizo este anuncio hace unas semanas, así, en crudo, muchos (sobre todo los políticos) temblaron. Pero hete aquí que, al final, tanto CiU como el PP van a terminar apoyando la ley (no en vano en las comunidades que gobiernan estos partidos hay unas cuantas cajas que difícilmente podrían alcanzar los requisitos exigidos) dado que la redacción final ha quedado, digamos, descafeinada. ¿Por qué?

-         Plazo: si antes todo el proceso tenía que estar cerrado para septiembre, ahora se puede alargar hasta marzo del año que viene.

-         Qué se considera ahora capital: i) las ayudas estatales (Frob); ii) las obligaciones que se conviertan en acciones antes de 2015 (“producto” que las sucursales intentarán colocar a las “abuelitas”); iii) los beneficios futuros de carteras que todavía no hayan liquidado.

-         Control y gobierno: el hecho de que el Frob aporte capital no tendrá ninguna consecuencia, será sólo un socio financiero, por lo que seguirán los mismos gestores que hasta ahora. Incluso aunque el capital lo aportaran inversores privados, el control de las entidades quedará, en última instancia, en manos de las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos. ¿Quién, en su sano juicio, va a poner dinero en manos de los políticos?

Como consecuencia, muchas de las Cajas van a poder cumplir con unos requisitos (y para las que no, el Frob les bastará) que, lejos de generar confianza, a mí me parece que van a provocar más incertidumbre porque, ¿qué clase de reforzamiento es aquél que deja las cosas más o menos como están? ¿Cómo es posible que los gestores de las entidades sean los mismos que las han puesto a los pies de los caballos? ¿Para qué exigimos un capital muy elevado si luego se puede cubrir en buena parte con ingeniería contable? Si todo el problema inmobiliario se reduce, según dicen, a 20.000 millones, ¿no hubiera sido más fácil sanear directamente?

Son muchísimas (y autorizadas) las voces que se han alzado reclamando que, antes que la recapitalización, se debe producir, la limpieza, el saneamiento. Es cierto que, estos días, las Cajas han presentado sus cuentas con alto grado de detalle pero, ¿de qué sirve esto? Nos han dicho cuáles son los activos que ellos (a su exclusivo criterio) consideran tóxicos por razón del deudor pero, ¿por qué no nos ofrecen una valoración de los activos independientemente de su titular? Esta, y no otra, es la gran asignatura pendiente.

De hecho, sólo aplicando la bajada de valor oficialmente reconocida (20%) supondría que de la cartera hipotecaria de las cajas se habrían esfumado (370.000 * 20%) 74.000 millones de euros más de los reconocidos. Eso que dice el BdeE de que el “loan to value” de la cartera hipotecaria está al 62% no resiste medio asalto. ¿A qué estamos jugando de nuevo? Y en los bancos, ¿qué pasa? ¿Es que no han estado en la España del boom inmobiliario?

La intervención de las cajas –y toda la crítica que está cayendo sobre ellas, por supuesto que casi siempre justificada- no es sino un cortafuegos para evitar que las dudas de los inversores se centren en el resto de las entidades financieras y, por supuesto, en el Estado.

¿Y por qué han elegido las Cajas como cabeza de turco? Porque las Cajas “no son de nadie” (aunque en verdad son de todos) y se justifica mejor socializar las pérdidas; porque no cotizan y por tanto no están sujetas al escrutinio del mercado; porque –como en “El Gatopardo”- es el mejor terreno para cambiar todo para que todo siga igual (y los gestores de tinte político puedan seguir jugando la partida).

Lo que resulta evidente es que las autoridades han empezado la casa por el tejado: ¿cómo, con una cifra irrisoria, podemos tapar el problema?, se preguntaron en el solariego edificio de Alcalá con Paseo del Prado. “¡Ya lo tengo!” diría algún iluminado mientras se frotaba la nariz al estilo de Vickie el Vikingo. “¿Por qué no elevamos el capital core? ¡Eso no nos saldría por más de 20.000 millones!”. “Y ya si contabilizamos como capital lo que se nos vaya ocurriendo según se negocie el Decreto con la oposición, no te digo nada”.

Pues eso, que con 100.000 millones considerados “problemáticos” y una cobertura ya ejecutada de 37.000 millones, a poco que aporten el Frob, las “abuelitas”, y, si acaso, algunos inversores despistados (o presionados), aguantaremos sin problemas esos escenarios de “stress máximo” que tan eficazmente sortearon hace unos meses los bancos irlandeses. Incluso igual cuela. Lo que no nos quita nadie es otro año de sequía financiera como poco.









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