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Que Mariano Rajoy, con la imposición del Collar de la Orden de Isabel la Católica en su primer BOE, haya aceptado la herencia de Rodríguez Zapatero a beneficio de inventario no elude a éste último de sus responsabilidades ni le exime, por tanto, de la condena de la Historia –y, quien sabe, si de la de alguna otra instancia más terrenal e inmediata-.

Ayer por la tarde se ha sabido que, en lo que es uno de los principales agravios que ha sufrido España en lo que llevamos de crisis, la República de Irlanda ha obtenido una importante victoria en sus negociaciones con la UE al conseguir que Hollande y Merkel apoyen, como cosa excepcional, la recapitalización directa de sus bancos.

España lleva luchando por obtener este mismo tratamiento desde que, hace unos meses, fuimos forzados a solicitar un rescate financiero –que, a priori, va a suponer la friolera de 40.000 millones de euros-.

Pero, antes de seguir, ¿por qué es tan importante esto de la “recapitalización directa”? Tendría tres efectos importantísimos: el primero, es que la deuda necesaria para recapitalizar la banca no computaría como deuda pública española, aligerando la enorme losa de las cuentas públicas –lo cual, si no evitaría, al menos retrasaría nuestro quinielado default-. El segundo, que la carga recaería sobre el conjunto de los ciudadanos de la UE y no sólo sobre las del exhausto contribuyente español. Y tercero (quizá el más importante), se rompería la peligrosísima dinámica de préstamos cruzados entre la banca nacional y el Estado –un círculo vicioso letal-.

En España, a pesar de que los verdaderos protas de la UE no se habían pronunciado en tal sentido, sin embargo nos habíamos hecho ilusiones por algunas declaraciones –mero wishful thinking- de excelsos prebostes de incuestionable tarjeta de presentación VIP pero que, a la postre, no son más que meros figurantes de la escena bruselense. Así, la famosa carta –que atormenta a un atribulado Miquel Roig como se puede advertir en su magnífico blog-  publicada en la web del ministerio de economía finés y firmada por el país anfitrión, Alemania y Holanda dejaba claro y meridiano que el MEDE no iba a asumir las pérdidas del saneamiento de la banca española.

Y se preguntarán, ¿qué ha pasado para que Irlanda sí sea meritoria de la asistencia de sus socios? La ausencia de dolo, de mala fe. Así lo explicaba François Hollande ayer mismo: “la especificidad irlandesa es el calendario”. “En ese país los bancos fueron recapitalizados hace meses, antes de que existiera el MEDE y el mecanismo del BCE, lo que obligó a Dublín a llevar a cabo este proceso a costa de sus presupuestos”.

 

¿Y España? ¿Ha engañado? ¿Cuáles son las diferencias?

Irlanda fue honesta, y humilde, desde un principio. En cuanto surgieron dudas acerca de su sistema financiero, acudió con el séptimo de caballería al rescate de la banca. Y resultó que la banca tenía un agujero que succionó sin compasión todo el crédito de la República. Así las cosas, Irlanda fue arrastrada al precipicio con lo que no le quedó otra que solicitar un rescate a Europa. Hablamos de la prehistoria de la crisis, cuando aún no había mecanismos de rescate, y realmente se pensaba que era más bien un asunto americano (subprimes) con algunos –pocos- daños colaterales.

Posteriormente Irlanda –el pueblo irlandés- ha mostrado una gran serenidad durante todos estos años. Entonaron el mea culpa, y nadie recuerda manifestaciones violentas ni acampadas en Dublín. Resignada, pero responsablemente, se ha tragado su crisis. Si acaso beligerantes, lo fueron donde el sentido común lo hacía necesario: el mantenimiento, frente a las “recomendaciones” de la troika, de su bajísimo impuesto de sociedades, razón por la cual la mayoría de empresas de los Estados Unidos –y no sólo de allí- radican en Eire su sede europea. O sea, más ingresos y más empleo.

Mientras todos hacían sus deberes (recordemos que incluso Alemania, Holanda y Reino Unido recapitalizaron entidades), aquí –y perdonen el tópico- teníamos el sistema financiero más sólido del mundo. Se implantó la filosofía del pretend & extend que no sólo consistió en impedir el pinchazo de la burbuja crediticia y financiera en los balances bancarios, y en promover fusiones ruinosas: el Estado gastó a razón de unos 100.000 millones de euros anuales por encima de lo que ingresaba. Así, si al comienzo de la crisis nuestra deuda estaba en el entorno del 36% del PIB, a final de 2011 había superado el 70%… ¡y sin haber empezado el doloroso proceso de recapitalización!

De hecho, cuando el nuevo Gobierno tomó posesión, tampoco se atrevió a acometer el saneamiento que realmente hubiera hecho falta, sino que se conformó con una Reforma Financiera (la primera) ambiciosa, pero limitada a lo que el propio establishment se podía permitir. Una reforma que quizá hubiera bastado en 2008 o 2009, pero no a principios de 2012, con una economía en plena descomposición. Inversores, agencias de calificación y, finalmente, Europa, se dieron cuenta de que era insuficiente y exigieron dotar provisiones por pérdidas mayores, y someter los balances de la banca a un análisis independiente y externo –manifestando así el terrible descrédito sufrido por el Banco de España bajo las órdenes de Fernández Ordóñez y la tutela de Rodríguez Zapatero-.

 

Concluyendo:

1)      España reconoció tarde sus problemas

2)      los reconoció a medias

3)      hasta el punto de ser forzada a hacer una valoración independiente

4)      gastó su crédito en absurdas políticas keynesianas en lugar de usarlo, en el momento adecuado, para recomponer su sistema financiero

5)      se mantiene orgullosa y no quiere reconocer que es el Estado en su conjunto el que requiere rescate.

Estas y no otras son las razones de la “excepcionalidad” irlandesa.

 

Dedicado a mis queridos @godivaciones y @miquelroig

 

Ya en la rentrée, nos encontramos, como decía en el anterior post, con el siguiente escenario:

-         La creación de un vehículo apropiado para la inversión inmobiliaria (SOCIMI-REIT), gracias a una fiscalidad claramente incentivadora.

-         Un mayor equilibrio en la relación arrendador-arrendatario, lo que debería favorecer una mayor salida de producto de alquiler y, por consiguiente, más oferta y precios más asequibles.

-         La asunción de pérdidas por parte de la banca (los dos Reales Decretos de De Guindos más el rescate europeo con la puesta en marcha del “banco malo”), propiciando la venta de los activos inmobiliarios a precios más ajustados.

Como se puede ver, a pesar de los pesares y del valle de lágrimas que atraviesa España desde hace unos meses, nos encontramos ante el punto de partida ineludible para intentar dar la vuelta a la situación.

Sin embargo, en los últimos días también han surgido muchas dudas y voces críticas acerca de cómo se está gestionando el último de los puntos; en concreto el “banco malo”.

En primer lugar surge un rechazo –que yo comparto- conceptual: a través de este vehículo el Estado se hace cargo de las malas inversiones de las entidades financieras, de manera que somos todos los ciudadanos los que respondemos a la postre de los errores y de las equivocaciones –cuando no de la corrupción- de los ejecutivos de las entidades financieras rescatadas. Así pues, además de injusto, es generador de incentivos perversos –ya he tocado más de una vez el concepto riesgo moral o moral hazard-.

En segundo lugar, y ya asumido que el banco malo es el instrumento elegido para sanear el sistema financiero, son muchas las dudas que surgen alrededor de la valoración de los activos, así como de su funcionamiento. Hace dos posts escribí esto sobre el discutido y discutible concepto de “valor razonable”. A este respecto, en un artículo de Antonio Maqueda publicado la semana pasada en vozpopuli.com se decía lo siguiente:

Fuentes del sector apuntan a que muy probablemente se den unas cantidades lo suficientemente generosas como para apuntalar a las entidades, pero a la vez lo suficientemente bajas como para que luego el banco malo pueda tener beneficios contables dentro de 10 años y, además, abonar los intereses de su financiación.

¿Sería, por tanto, el “valor razonable”, aquel que es suficientemente alto como para evitar la quiebra de las entidades, y suficientemente bajo como para presumir una cuenta de resultados positiva al final de la aventura del banco malo?

El argumento que más me ha llamado la atención, no obstante, en defensa de una valoración relativamente alta, es el aportado por José de Ochoa, de Álvarez & Marsal, que señala que “en España se habían aprendido las lecciones de Irlanda y que no se podían dar unos precios tan ajustados al mercado.

 

Pero, ¿qué es lo que se ha hecho realmente en Irlanda? En un estupendo post de Luis Garicano, de 2010, se explica con detalle:

 Una valoración generosa supone una transferencia del contribuyente a los bancos; una valoración excesivamente  onerosa pude hundir, en vez de ayudar, a los bancos.  La solución en Irlanda a este dilema es novedosa:  si al final del proceso las pérdidas superan el descuento inicial, los bancos deben cubrir la diferencia, mientras que  si la agencia gana dinero, este revierte a los contribuyentes y no a los bancos. Esto hace el esquema más fácil de “vender” políticamente, pero impide que los potenciales inversores en los bancos estén seguros de que el problema pertenece definitivamente  al pasado. Pero el plan es transparente, claro, y decidido, y permite a Irlanda resolver de una vez el problema del sector financiero.

Pero es que, a diferencia de Irlanda, el caso español es muy distinto entre otras cosas porque:

-         Irlanda actuó desde el inicio de la crisis, mientras que aquí se ha esperado cuatro o cinco años en coger el toro por los cuernos. Si bien esto ha profundizado y alargado nuestra crisis, a la vez ha concedido tiempo a los bancos para realizar provisiones, de manera que una gran parte de las pérdidas latentes ya ha sido reconocida a fecha de hoy.

-         Algunos bancos españoles, entre los que se encuentran los más importantes, no necesitan acudir a la ayuda estatal. Sin embargo, en Irlanda toda la banca requirió de asistencia, especialmente las entidades líderes.

-         Y, sobre todo, el Estado irlandés se vio arrastrado a la quiebra por pretender asumir toda la deuda privada bancaria. Cosa que no ha sucedido en el modelo español de “banco malo”. En todo caso, el error que menciona José de Ochoa radica en este hecho, y no en la valoración per se de los activos.

Si bien es cierto que un plazo de 10 años para liquidar activos permite dosificar la oferta inmobiliaria en el mercado –y por tanto elude la necesidad de rebajar al máximo los precios- también es muy arriesgado tomar un valor que incorpore expectativas y asunciones macro que, por norma general, tienden a ser optimistas. A veces uno piensa que se ha fijado ya una cifra -60.000 millones- y que el Gobierno está armando las valoraciones para que no se sobrepase de ninguna de las maneras. ¿Y qué pasa con los 40.000 restantes? En alguna parte leí que el ministro estaba sopesando utilizarlos para cubrir nueva emisiones de deuda soberana. Es decir, que el Gobierno ya habría confeccionado el traje, y ahora habría que ponérselo al sistema financiero sí o sí, aún a riesgo de que estallara por las costuras, pues es imposible meter tripa todo el tiempo.

Y digo yo, ¿no podría incorporarse una cláusula a la irlandesa? ¿No podría exigirse a la banca cubrir la diferencia en el caso de que al final del proceso de liquidación del “banco malo” las pérdidas superen el descuento inicial? ¿Acaso es a esto a lo que se refería ayer De Guindos al informar de que el “banco malo” no tendrá coste para los ciudadanos?

Hoy mismo hay dos artículos (este de Cinco Días, y este otro de Voz Pópuli) en los que se informa del tira y afloja  entre Madrid y Bruselas en la valoración de los activos a traspasar al banco malo.

No es un buen momento para hacerse trampas al solitario. Hay que acabar con esta pesadilla de una vez.









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