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Mensajes etiquetados Luis de Guindos

 

Ya en la rentrée, nos encontramos, como decía en el anterior post, con el siguiente escenario:

-         La creación de un vehículo apropiado para la inversión inmobiliaria (SOCIMI-REIT), gracias a una fiscalidad claramente incentivadora.

-         Un mayor equilibrio en la relación arrendador-arrendatario, lo que debería favorecer una mayor salida de producto de alquiler y, por consiguiente, más oferta y precios más asequibles.

-         La asunción de pérdidas por parte de la banca (los dos Reales Decretos de De Guindos más el rescate europeo con la puesta en marcha del “banco malo”), propiciando la venta de los activos inmobiliarios a precios más ajustados.

Como se puede ver, a pesar de los pesares y del valle de lágrimas que atraviesa España desde hace unos meses, nos encontramos ante el punto de partida ineludible para intentar dar la vuelta a la situación.

Sin embargo, en los últimos días también han surgido muchas dudas y voces críticas acerca de cómo se está gestionando el último de los puntos; en concreto el “banco malo”.

En primer lugar surge un rechazo –que yo comparto- conceptual: a través de este vehículo el Estado se hace cargo de las malas inversiones de las entidades financieras, de manera que somos todos los ciudadanos los que respondemos a la postre de los errores y de las equivocaciones –cuando no de la corrupción- de los ejecutivos de las entidades financieras rescatadas. Así pues, además de injusto, es generador de incentivos perversos –ya he tocado más de una vez el concepto riesgo moral o moral hazard-.

En segundo lugar, y ya asumido que el banco malo es el instrumento elegido para sanear el sistema financiero, son muchas las dudas que surgen alrededor de la valoración de los activos, así como de su funcionamiento. Hace dos posts escribí esto sobre el discutido y discutible concepto de “valor razonable”. A este respecto, en un artículo de Antonio Maqueda publicado la semana pasada en vozpopuli.com se decía lo siguiente:

Fuentes del sector apuntan a que muy probablemente se den unas cantidades lo suficientemente generosas como para apuntalar a las entidades, pero a la vez lo suficientemente bajas como para que luego el banco malo pueda tener beneficios contables dentro de 10 años y, además, abonar los intereses de su financiación.

¿Sería, por tanto, el “valor razonable”, aquel que es suficientemente alto como para evitar la quiebra de las entidades, y suficientemente bajo como para presumir una cuenta de resultados positiva al final de la aventura del banco malo?

El argumento que más me ha llamado la atención, no obstante, en defensa de una valoración relativamente alta, es el aportado por José de Ochoa, de Álvarez & Marsal, que señala que “en España se habían aprendido las lecciones de Irlanda y que no se podían dar unos precios tan ajustados al mercado.

 

Pero, ¿qué es lo que se ha hecho realmente en Irlanda? En un estupendo post de Luis Garicano, de 2010, se explica con detalle:

 Una valoración generosa supone una transferencia del contribuyente a los bancos; una valoración excesivamente  onerosa pude hundir, en vez de ayudar, a los bancos.  La solución en Irlanda a este dilema es novedosa:  si al final del proceso las pérdidas superan el descuento inicial, los bancos deben cubrir la diferencia, mientras que  si la agencia gana dinero, este revierte a los contribuyentes y no a los bancos. Esto hace el esquema más fácil de “vender” políticamente, pero impide que los potenciales inversores en los bancos estén seguros de que el problema pertenece definitivamente  al pasado. Pero el plan es transparente, claro, y decidido, y permite a Irlanda resolver de una vez el problema del sector financiero.

Pero es que, a diferencia de Irlanda, el caso español es muy distinto entre otras cosas porque:

-         Irlanda actuó desde el inicio de la crisis, mientras que aquí se ha esperado cuatro o cinco años en coger el toro por los cuernos. Si bien esto ha profundizado y alargado nuestra crisis, a la vez ha concedido tiempo a los bancos para realizar provisiones, de manera que una gran parte de las pérdidas latentes ya ha sido reconocida a fecha de hoy.

-         Algunos bancos españoles, entre los que se encuentran los más importantes, no necesitan acudir a la ayuda estatal. Sin embargo, en Irlanda toda la banca requirió de asistencia, especialmente las entidades líderes.

-         Y, sobre todo, el Estado irlandés se vio arrastrado a la quiebra por pretender asumir toda la deuda privada bancaria. Cosa que no ha sucedido en el modelo español de “banco malo”. En todo caso, el error que menciona José de Ochoa radica en este hecho, y no en la valoración per se de los activos.

Si bien es cierto que un plazo de 10 años para liquidar activos permite dosificar la oferta inmobiliaria en el mercado –y por tanto elude la necesidad de rebajar al máximo los precios- también es muy arriesgado tomar un valor que incorpore expectativas y asunciones macro que, por norma general, tienden a ser optimistas. A veces uno piensa que se ha fijado ya una cifra -60.000 millones- y que el Gobierno está armando las valoraciones para que no se sobrepase de ninguna de las maneras. ¿Y qué pasa con los 40.000 restantes? En alguna parte leí que el ministro estaba sopesando utilizarlos para cubrir nueva emisiones de deuda soberana. Es decir, que el Gobierno ya habría confeccionado el traje, y ahora habría que ponérselo al sistema financiero sí o sí, aún a riesgo de que estallara por las costuras, pues es imposible meter tripa todo el tiempo.

Y digo yo, ¿no podría incorporarse una cláusula a la irlandesa? ¿No podría exigirse a la banca cubrir la diferencia en el caso de que al final del proceso de liquidación del “banco malo” las pérdidas superen el descuento inicial? ¿Acaso es a esto a lo que se refería ayer De Guindos al informar de que el “banco malo” no tendrá coste para los ciudadanos?

Hoy mismo hay dos artículos (este de Cinco Días, y este otro de Voz Pópuli) en los que se informa del tira y afloja  entre Madrid y Bruselas en la valoración de los activos a traspasar al banco malo.

No es un buen momento para hacerse trampas al solitario. Hay que acabar con esta pesadilla de una vez.

 

Uno de los detalles que ha trascendido sobre el banco malo en marcha es que los activos tóxicos de la banca le serán transferidos no a su valor de mercado, sino a lo que se ha dado en llamar un “valor razonable”.

¿Qué es esto? ¿Otro intento de camuflar la realidad? ¿O, por el contrario, tiene sentido? Pues ni sí, ni no, sino todo lo contrario.

Si un día D. Amancio Ortega decidiera vender de golpe su casi 60% de acciones en Inditex, sin duda el valor de las mismas se desplomaría. Igualmente sucedería si la baronesa Thyssen decidiera desprenderse en un solo día de su colección de cuadros: el mercado del arte sufriría un importante varapalo. Ahora bien, si en lugar de vender precipitadamente lo hacen poco a poco y en un horizonte temporal amplio, conseguirán un resultado mucho más favorable a sus intereses.

Por lo que se ha podido saber, el banco malo que se va a poner en marcha a la vuelta de verano va a disfrutar de 10 años para liquidar los activos. Esto es, se verá obligado a deshacerse de alrededor de un 10% anual. (Si les parece poco, piensen que hasta que la señora Merkel se hizo cargo de nuestro lío, el plazo que el ministerio estaba barajando era de exactamente el doble: 20 años, 5% anual).

Se trata, bajo mi punto de vista, de un plazo razonable para sacar a la venta los denominados activos tóxicos de las entidades que reciban ayudas de Europa. ¿He dicho “razonable”? Definir razonable no es fácil, aunque todos entendemos que es un lugar a caballo entre el valor contable del bien –el que figura originariamente en libros- y el valor actual de mercado. Valor, este último, francamente difícil de hallar para una buena parte de los activos afectados. Valor que, en muchos casos, habría que estimar aplicando métodos dinámicos y asumiendo escenarios socioeconómicos que hoy por hoy se antojan ciencia-ficción. Valor próximo a cero en muchísimos activos periféricos y/o en etapas iniciales de desarrollo urbanístico.

Llegados a este punto, ¿por qué debe el banco malo adjudicarse un activo por el valor razonable y no por el valor de mercado? Dicho de otro modo: ya puestos, ¿por qué no se reconoce definitivamente una mayor pérdida desde el principio y, si más adelante hay recorrido al alza, que se lo atribuya en su totalidad el banco malo en su cuenta de resultados?

Si me pongo en la piel del ministro de economía encuentro una buena razón para hacerlo. Como sabemos, las pérdidas (y las consiguientes necesidades de recapitalización) de la banca van a ser cubiertas por un préstamo que Europa va a conceder al FROB (el Estado, o sea, todos nosotros). Cuanto mayor sea el préstamo, mayores serán los intereses a pagar y el capital a devolver. Al mismo tiempo, y dado que el plazo de diez años permite razonablemente pensar que los activos se colocarán en el mercado por un precio medio superior al actual valor de mercado, ¿para qué hinchar la factura del préstamo?

El riesgo de tomar una decisión así radica en que los mercados puedan entender que la limpieza y saneamiento de los balances no sea completa. Sin embargo, también aquí el ministro se ha cubierto: para recuperar la confianza ha depositado en manos de reputadas firmas internacionales la valoración de los activos. Por un lado, Oliver Wyman y Roland Berger; por otro, las Big Four (Pwc, KPMG, Deloitte, Ernst & Young); por último, el FMI tutelando todo el proceso.

Otra cosa sería si no se hubiera optado por socializar/nacionalizar las pérdidas. Pero eso es otra batalla perdida.

Por último, me temo que esto del valor razonable va a tener también efecto en los precios de los inmuebles, como ya preví en este post. En una próxima cita escribiré de ello.

 

No, no me refiero a que termina la Eurocopa; ni tampoco a que es el último día de los sanjuanes sorianos –fiesta que por fortuna no descubrió Hemingway y que por eso no sufre la masificación de nuestros primos los pamplonicas-.

En lo que estoy pensando es en que, salvo que el viernes el Gobierno nos sorprenda con una nueva prórroga –o, mejor aún, una nueva Ley del Suelo-, el día 2 desplegará toda su eficacia el régimen de valoraciones de la Ley del Suelo de 2007.

Pero, ¿por qué es tan importante este hito? ¿O quizá ya no lo es?

Empecemos por el principio. En 2007 el Gobierno de Zapatero aprobó una nueva Ley del Suelo que pretendía enmendar la plana a la que Aznar había aprobado una década antes. (Por cierto, no debía parecerle a Zapatero tan mala cuando la mantuvo casi una legislatura completa). La nueva ley, lejos de buscar el pinchazo la burbuja, tan sólo pretendía aprovecharse más de ella: 1) acentuando el intervencionismo público –para así poder poner en valor la actuación de concejales, alcaldes, consejeros y consellers-, 2) elevando brutalmente las cargas para los promotores de suelo –y lo que supondría un encarecimiento mayor de la vivienda libre para hacer frente a las mismas- y, por último, 3) abaratando los costes de expropiación, como se dice castizamente, “por el artículo 33”.

Y se trata de eso, de la entrada en vigor del “artículo 33”.

Como decía, mediante esta ley se instauraba un nuevo sistema de valoración por el cual la tradicional clasificación del suelo (urbano, urbanizable y rústico) se sustituía por lo que la ley denomina “situaciones básicas”: urbanizado (o urbano) y rural. Es decir, que, para expropiaciones, se rechazaba expresamente el reconocimiento de la plusvalía derivada del planeamiento (suelo urbanizable).

Así pues, la ley zapateril estableció un régimen esquizofrénico e incongruente en virtud del cual coexisten nada más y nada menos que tres criterios de valoración:

-         Valor de mercado, para fines financiero-hipotecarios

-         Valor fiscal

-         Valor expropiatorio

Pero la entrada en vigor del nuevo sistema de valoración no fue inmediata. La famosa Disposición Transitoria Tercera establecía un periodo transitorio por el cual el régimen de valoraciones aplicable sería el establecido en la ley de 1998. ¿Durante cuánto tiempo? Pues durante los tres primeros años de vigencia de la nueva ley.

Sin embargo, cuando el periodo tocaba a su fin –ya inmersos en la crisis y con los bancos empachados de suelo- el mismo Gobierno que había aprobado la ley decidió prorrogar el periodo transitorio. Y no lo hizo una, sino dos veces. La última prórroga vencía a final de 2011, ya con De Guindos al mando. No fue una sorpresa que decidiera prorrogar de nuevo, pero sí que sólo lo hiciera por seis meses. ¿Por qué? El viernes lo sabremos.

Básicamente, hay tres posibilidades:

-         una nueva prórroga

-         una nueva Ley del Suelo

-         nada, es decir, la entrada en vigor de este aterrador régimen de valoraciones

Pero, ¿por qué es tan temido? De hecho, son muchos los que argumentan, desde el mundo de la tasación, que el temor es infundado. La valoración de inmuebles con fines hipotecarios se practica siguiendo la no menos conocida Orden ECO/805/2003. Las valoraciones ECO son tasaciones de mercado, que sí incorporan expectativas y plusvalías derivadas del planeamiento.

Sin embargo, tanto el Gobierno socialista como el popular han prorrogado su entrada en vigor, ¿qué pasa? Pues que la orden ECO incorpora un artículo, el 11, que, bajo el título “advertencias generales” reza así:

A los efectos de esta Orden se considerará que existe un supuesto de advertencia, siempre que se tenga duda sobre alguno de los datos utilizados en el cálculo de los valores técnicos del objeto de la valoración, y como mínimo, en los supuestos que se indican a continuación:

(…)

c) Cuando se valoren inmuebles sujetos a expropiación forzosa o en base a licencias de construcción o autorizaciones administrativas que contengan condiciones, que de no cumplirse puedan originar modificaciones en el valor certificado.

 

¿Y bien? Un suelo urbanizable (o sea, un suelo físicamente rústico, pero que, cumpliendo una serie de condiciones y observando una serie de deberes, puede llegar a ser urbano), ya sea en manos de la banca, ya sea en manos de promotores, puede acabar siendo objeto de expropiación básicamente por tres vías:

-         Por el inicio de un procedimiento de expropiación forzosa

-         Por que el planeamiento local convenga que el sector en el que está incluido ese terreno se ejecute por expropiación

-         Por que se incumplan los plazos o deberes de ejecución (todos los suelos están sujetos a plazos de desarrollo) y sea declarado el incumplimiento por el ayuntamiento de turno.

Hoy en día, cuando se discute de esta circunstancia en diferentes foros profesionales, son muchos los que afirman cosas como esta: “no conozco ningún ayuntamiento en toda España que haya tirado por la vía de la expropiación ante el incumplimiento de plazos”. Cierto. Es muy poco probable. Como también lo es que coincida con una expropiación por razones de infraestructuras, y más en estos tiempos. Pero es posible. Y un buen tasador, que debe inspirarse en el principio de prudencia (también enunciado en la ECO) debe tenerlo en cuenta y, por tanto, advertirlo.

Volvamos un momento hacia atrás. ¿Por qué Zapatero estableció un periodo de tres años? Porque los técnicos que elaboraron la ley entendían lo mismo que yo acabo de exponer en el párrafo anterior. En pleno boom, nadie pensaba que los dueños de los terrenos no iban a tener tiempo para transformar sus urbanizables en urbanos pero… la música dejó de sonar.

Ahora, sin embargo, las cosas son muy distintas a como eran principios de año. Con lo que no contábamos entonces es con la Reforma De Guindos I y la elevación de las provisiones hasta el 80% para suelos, ya sean estos urbanos, urbanizables o rústicos con expectativas.

En mi experiencia en el mercado del suelo durante los años de la burbuja –y siempre es un riesgo generalizar- el valor de un rústico venía a ser un 10% del valor de un urbanizable.

Quizá inspire más desasosiego entre nuestros banqueros las consecuencias de la aplicación del régimen de valoraciones para con los suelos que todavía están en manos de promotores zombis. Y no es de extrañar, habida cuenta de que cada dos por tres han de refinanciar y, claro, cada refinanciación conlleva tasación. ¿Lo ha contemplado también De Guindos? Podría ser, pues cabe interpretar que los 30.000 millones de nuevas provisiones incluidas en la Reforma Financiera II tengan como objeto el descenso de valor que va a ocasionar el fin de la DT 3ª en estos activos.

Amigos lectores, sinceramente creo que la entrada en vigor del “artículo 33” zapateril, tal y como está el patio, no tendrá ya ningún efecto importante en la valoración de los suelos, por mucho que el tasador de turno peque de prudencia.

Sin embargo, lo que pone en evidencia es la connivencia del Gobierno anterior con la banca. Alineamiento de intereses que el pueblo hemos pagado con cuatro millones de nuevos parados, un Estado quebrado, y una crisis que aún va a durar una década. Pero también pone de manifiesto, por qué no decirlo, el coraje –que algunos llaman temeridad- de De Guindos al poner en marcha el ventilador financiero. Por mucho que a algún economista de moda le moleste.

¿Quieren un consejo? Desconfíen de los que nos reprenden por abrir el melón. Los profetas del “esconder y extender” sólo son lacayos del establishment; meros soldados del poder.

 

Mar Díaz Varela, en un artículo publicado en La Vanguardia el pasado domingo, nos ofrece la clave de lo sucedido en España desde 2008:

(…) se produjo una conspiración del silencio. El gobierno negó rotundamente la crisis. El sector financiero se enrocó asegurando que eran las entidades más seguras del mundo. Prensa especializada, economistas y líderes de opinión se conjuraron para no alarmar a la opinión pública y evitar que se pinchara la burbuja inmobiliaria de forma descontrolada. Se optó por un aterrizaje suave de la burbuja inmobiliaria que evitara el crac.

También el domingo, en un artículo indisimuladamente laudatorio, El País exculpaba al bueno de MAFO con argumentos como éste:

el supervisor apostó, en línea con las tesis del Gobierno (y de la oposición del PP, que apoyó todas las reformas financieras) por una reestructuración lenta del sector, sin intervención del Estado para no gastar dinero del contribuyente

¿A quién intentan engañar a estas alturas? Lo que sucedió en España desde 2008 es la consagración del principio del extend & pretend del que a menudo han hablado Daniel Lacalle y Alberto Artero en El Confidencial. Una maraña de intereses cruzados, ingentes cantidades de dinero en juego, medios de comunicación hiperendeudados, políticos cazados en la gestión de las Cajas, y, como explicó Gay de Liébana en el programa Salvados hace unas semanas, donde 28 grandes empresas del país han consumido el 50% de la deuda corporativa de la nación. Empresas que suelen nutrir sus consejos de administración de políticos de todos los partidos. Empresas que, frente a lo que se cree, sólo dan trabajo a algo más de un millón de españoles (sobre un total de 18 trabajando). Empresas que contribuyen al sostenimiento del Estado en mucha menor proporción que lo que les corresponde gracias a los agujeros intencionados de la legislación fiscal. Empresas que, en fin, se reparten sus correspondientes mercados en oligopolios de facto.

En definitiva, esta suerte de aristocracia que gobierna en la sombra engañó conscientemente al pueblo soberano, y engañó a sus partenaires europeos –mientras los demás recapitalizaban bancos, nuestro establishment se ufanaba de la fortaleza de los nuestros-. Pero, sobre todo, y lo que es más grave, la conspiración del silencio fue un auténtico robo. El robo de nuestro presente y de nuestro futuro. ¿O acaso no se da cuenta, amigo lector, de que si estamos en el peor momento de la crisis es por haber elegido el fraude? ¿Acaso no percibe que, de haber actuado con valentía y sentido común a tiempo, muy probablemente hoy estaríamos saliendo del agujero y creando empleo? La destrucción del tejido empresarial no habría llegado a los extremos de hoy, ni las cifras de paro hubieran alcanzado los seis millones. Sí, no me equivoco: todos los indicadores adelantados de actividad predicen este horrible número para antes de final de año.

Hay que tener una desfachatez enorme para afirmar sin rubor que la reestructuración “lenta” era para “no gastar dinero del contribuyente”. Lo que había detrás de la reestructuración “lenta”, es decir, del “meter bajo la alfombra toda la porquería”, no era ni procurar el soft landing de la burbuja ni evitar, como en las mentiras piadosas, que el pueblo sufriera. Se trataba ni más ni menos de un mero ganar tiempo “a ver si escampa”, patada p’alante y “en un par de años o tres esto está solucionado y seguimos donde estábamos”.

Si me han leído sabrán que no soy para nada partidario de la socialización de las pérdidas de la banca, es decir, de su nacionalización y recapitalización con nuestros impuestos. Pero, fíjense: si esto se hubiera hecho en 2008 –incluso en 2009- ahora España sí estaría en la champions league. En aquel tiempo, y antes de que Zapatero dilapidara el crédito de la Nación en inconsecuentes planes E, la deuda del Estado sobre el PIB apenas sobrepasaba el 40%. Aun destinando 300.000 millones (y ya es tirar por lo alto, sobre todo en aquel momento) al saneamiento, la deuda sobre PIB sería inferior a la de hoy.

El Gobierno actual no está siendo fino en la gestión de la situación actual, ni mucho menos. No ahorro en críticas al Presidente, como pueden leer en este post, o como habrán comprobado los que me sigan en Twitter. Negar la evidencia (“no es un rescate, son prestamihilillos de plastilina”), no reconocer que los intereses del préstamo computan para el déficit, o la falsa euforia en la comparecencia del domingo le pasará factura, antes o después. Sin embargo, en medio de tanta crítica y desconcierto, hoy quiero felicitar al ministro De Guindos. Porque él ha sido –dudo de si esto es lo que esperaba Rajoy de él cuando le nombró ministro- quien ha proclamado: “el rey está desnudo”, la banca está en pelotas. Algún economista se rasgaba las vestiduras estos últimos días por que “no saben lo que han desencadenado con esto”. Claro. Es mejor vivir instalados en el enjuague de intereses. Es mejor condenar a una generación a la mayor de las miserias con tal de salvar a los jerarcas del régimen. Como escribía Kike Vázquez el lunes, “lo que no podemos es aplaudir cuando la avestruz agacha la cabeza en la tierra y criticarla si la quita, porque entonces lo que queremos es no ver la realidad”.

De Guindos hizo una buena intentona con la primera reforma financiera. Cincuenta mil millones de golpe. Sumados a los ya provisionados, tal vez hubiera funcionado en 2009, o incluso en 2010. Pero ya no en 2012, con la economía desintegrándose por momentos. Además, al incobrable crédito-promotor, ahora hay que sumar el hipotecario (cuya mora del dos y pico hace tiempo que no se cree ningún inversor), el soberano (nuestra banca atesora el 46% de la deuda pública española) y, últimamente, el corporativo (la macrodeuda que tiene exhaustas a muchas de las grandes compañías del país y a un sinfín de pymes).

Probablemente el ministro era consciente de que podía fallar. De hecho, la cifra y los plazos estaban tan a la medida de la capacidad de encaje del sistema financiero que poco tardó el mercado en percibir que no era sino “la mayor reforma que el sistema podía aguantar sin resquebrajarse”. Y los plazos, ¡ay, los plazos! Si algo he aprendido de este conato de reforma es que no se pueden conceder 12 meses –y mucho menos 24- para ejecutar las provisiones. Hay que hacerlo de golpe, de una vez. El mercado tiene que recibir un impacto inmediato en cuanto a la disponibilidad de viviendas a la venta y en cuanto a su precio. De otra manera, se produce un interminable goteo de precios a la baja que paraliza el mercado, y condena a la vivienda a una espiral destructiva de valor.

La segunda reforma financiera, la de los 30.000 millones sobre el crédito-promotor “bueno”, ha sido precipitada y torpe. El mundo financiero recibió dos mensajes: 1) “El Banco de España es un decorado”; y 2) “ninguna partida de las cuentas de los bancos españoles es fiable”. La enorme desconfianza que generó en los mercados esta desgraciada actuación, más los toques de atención del FMI y Draghi, precipitaron el affaire de Bankia, probablemente mal aconsejado en su desenlace final por la “reunión de pastores” (Botín, FG y Fainé) en las horas previas a la dimisión forzada de Rato.

El minirescate, rescate ‘dulce’ o ‘light’, es, de facto, la tercera reforma financiera de la legislatura. Estos últimos días he leído interesantes y acertados análisis sobre el asunto (Kike, Vázquez, David Taguas, Juan Ramón Rallo, Luis Garicano, Sala i Martín, Antonio España, Benito Arruñada, Manuel Llamas,…), que coinciden en señalar que, aceptando que es un acuerdo menos malo que el del resto de Pigs, el problema de fondo subyace. Es más, lo único que se consigue es ganar algo de tiempo, por un lado; y traspasar el problema desde el balance de las entidades financieras al de las cuentas del Estado, por el otro.

En efecto, el tan cacareado rescate consiste en algo tan sencillo como que Europa presta a España unos recursos (hasta 100.000 millones) que por sí misma no podría obtener o que, de hacerlo, sería a un precio –interés- prohibitivo. Eso es todo. El ‘regalo’ se limita a tres puntos porcentuales en el tipo de interés. Pero no hay rescate directo a la banca. ¿Entienden ahora por qué la prima sigue desbocada? El Estado español es el responsable del crédito; es quien sanea a las entidades enfermas, quien socializa las pérdidas privadas. Supone un incremento en la ya pesada carga de la deuda pública de alrededor de 10 puntos de PIB. Prácticamente todos los articulistas mencionados hacen referencia más o menos directa a una alternativa que sí hubiera supuesto un freno a las especulaciones sobre España: la capitalización directa de la banca por la UE. “Al fin y al cabo, los que prestaron a nuestro sistema financiero fueron los bancos, cajas y compañías de seguros del norte de Europa, y deberían correr con las consecuencias”, señala acertadamente Luis Garicano.

¿Y para que son los 100.000 millones? Para sanear la banca. Ojo, porque no es un dinero que se les transfiera a las entidades para que a su vez lo usen para financiar la economía real, no. Eso vendrá después, dentro de algún tiempo.

De lo que se trata ahora es, sencillamente, de que reconozcan la verdad de sus balances, de que saquen la mierda bajo la alfombra acumulada en el periodo supervisado por MAFO. Unas pérdidas que llevarían a la quiebra a buena parte del sistema y que, gracias a esos 100.000 millones, lo evitarán. Una condición necesaria, aunque no suficiente, para que la banca vuelva, a medio plazo, a dedicarse a lo que se tiene que dedicar.

¿Y van a bajar los pisos un 70%, como decía ayer un artículo que leí repetido en varios medios? Pues depende. Depende de las condiciones que finalmente acabe estableciendo para el préstamo la señora Merkel.

Las provisiones de pérdidas facilitarán el reconocimiento de los créditos fallidos por lo que previsiblemente las promotoras zombies dejarán de existir tal y como las hemos conocido, produciéndose un trasvase de activos inmobiliarios hacia las entidades financieras. Éstas los asumirán en sus balances a un valor sensiblemente inferior al que tenían anteriormente. Por tanto, podrán sacarlos al mercado a precios competitivos sin incurrir en mayores pérdidas. La pregunta del millón es: ¿lo harán? ¿Contarán con el incentivo necesario una vez que ya han provisionado la pérdida, o jugarán a especular?

En la penúltima reforma financiera, De Guindos, para evitar esta circunstancia, ha contemplado la creación de vehículos societarios diferenciados del banco en los que volcar los activos inmobiliarios con la obligatoriedad de vender, al menos, un 5% anual. Por tanto, las entidades pueden estar hasta 20 años vendiendo inmuebles. Mucho, demasiado tiempo.

Estoy de acuerdo en que no sería razonable forzar la venta en un periodo muy breve, pues la puesta en el mercado de una cantidad ingente de activos generaría un desequilibrio demasiado grande entre oferta y demanda, lo que provocaría sin duda una nueva espiral de caídas de precios que dañarían de nuevo al sistema financiero y a la economía en general. Pero, hombre, 20 años se me antoja una eternidad. Sólo nos faltaba que, encima de rescatar a la banca, se haga rica otra vez a nuestra costa.

Así las cosas, habrá que esperar a lo que diga doña Ángela.









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