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Mensajes etiquetados Miguel Martín Fernández

 

El domingo 10 de junio la periodista  Mar Díaz Varela contó en un esclarecedor artículo en La Vanguardia lo que muchos intuíamos desde 2008:

Se produjo una conspiración del silencio. El gobierno negó rotundamente la crisis. El sector financiero se enrocó asegurando que eran las entidades más seguras del mundo. Prensa, economistas y líderes de opinión se conjuraron para no alarmar a la opinión pública y evitar que se pinchara la burbuja inmobiliaria ‘de forma descontrolada’.”

¡Qué lejos quedan ya esos tiempos! Y, sin embargo, hasta hace apenas unos meses ese seguía siendo el discurso oficial. El segundo decreto ‘De Guindos’, que precipitó la caída de Bankia y la sustitución del Banco de España por Oliver Wyman en su labor supervisora de la banca, terminó con esa ficción que nos ha salido y nos seguirá saliendo carísima.

La trama inmobiliaria salió por fin del armario y los jueces han comenzado a meter sus navajas por las grietas del cascarón podrido, con mucha menos resistencia de la que cabía esperar. Las elites de la política siguen comportándose, sin embargo, como si la cosa no fuera con ellas. Sabedoras de que la tercera burbuja por explotar es la político-administrativa (como acertadamente describe Rallo en su último libro), se agarran como desesperados náufragos a la borda de la embarcación alemana, confiados en que “son demasiado importantes para ahogarse”. No se dan cuenta de que el alemán no es un transatlántico donde quepan todos, sino un elegante pero modesto bergantín que no soportaría el peso ni la gula de los panzudos latinos. Mientras tanto, pretenden hacer olvidar la falta de pan con más circo. En efecto, además del fútbol, ahora también tenemos banderas, naciones, lenguas,… cojan el mando y cambien de canal, hay para todos los gustos.

Sin embargo, el monolítico discurso ya no lo es tanto, la necia conjura de las altas esferas titubea: el miércoles 12 se produjo el primer gran cruce de acusaciones entre, ojo, nada más y nada menos que la gran banca y el gobierno. A puerta cerrada –todavía no han traspasado la línea roja de la luz y el taquígrafo, pero todo llegará- Miguel Martín, cabeza de la patronal banquera AEB, le escupió al gobierno que una de las causas fundamentales de la burbuja fue la ley aznarí que facilitó el cambio de hipotecas de tipo fijo a tipo variable (lo cual es cierto, por otra parte). A tal afrenta respondió Vicente Martínez Pujalte recordando al bueno de don Miguel que, ¡oh casualidad!, en aquel momento él era (agárrense) el Subgobernador del Banco de España.

La anécdota es más que una anécdota. Es la constatación de que España entera ha sido expoliada por lo que finamente ahora se denomina “las élites extractivas”, más conocida como “la casta”. Pero no olviden una cosa: tenemos lo que nos merecemos, que no es más que el reflejo de lo que somos.

 

 

Os recuerdo que podéis leerme semanalmente en idealista. Mi último artículo, sobre el BBVA y su negativa a entrar en el ‘banco malo’.

“Reunión de pastores, oveja muerta” suelen decir los abuelos castellanos para referirse a que cuando los de un gremio se reúnen para adoptar soluciones, éstas no irán en su perjuicio, sino en el de los demás. El viernes, por obra y gracia de “Expansión”, tuvo lugar una de estas reuniones a la que asistieron todos los pastores de la cosa financiera, a saber: Trichet, gobernador del BCE; MAFO, ídem del Banco de España; Miguel Martín, presidente de la AEB; José María Méndez, director general de la CECA; Julio Segura, presidente de la CNMV; y Ángel Cano, consejero delegado de BBVA. En el listado se echa de menos a Alfredo Sáenz, consejero delegado del Santander: ¿tendrá algo que ver su reciente condena e inhabilitación por parte del Tribunal Supremo? Pueden apostar por ello, pero también por que él no es la oveja muerta de la reunión.

Como suele ser habitual, todos tenían un chivo expiatorio para culpar de los problemas del sistema financiero. Así, llama la atención la cachaza de MAFO al asegurar que “el crédito no se recuperará sin reforma laboral”. En mi pueblo usan para esto otro dicho proverbial: “Qué tendrá que ver la velocidad con el tocino”.

El que se lleva la palma, como viene siendo habitual, es el presidente de la patronal de la Banca (que no de las cajas), Miguel Martín, quien afirmó que “a las entidades con riesgo sistémico hay que dejarlas quebrar. Este proceso debe hacerse sin que generen un problema al sistema financiero y sin utilizar fondos públicos”. Loable deseo de la AEB con el que todos coincidimos, pero absolutamente incoherente con lo acaecido en este país desde los aciagos sucesos de agosto de 2007. Sin ánimo de ser exhaustivos -como diría César Vidal- las ayudas que la administración ha proporcionado a todo tipo de entidades financieras, sistémicas o no, son las siguientes:

1) rebaja artificial de los tipos de interés; barra libre de liquidez del BCE; 2) aval del Estado para emitir deuda y refinanciar vencimientos; 3) elevación del mínimo garantizado por el Estado en los depósitos bancarios; 4) facultad de cambiar de libre a protegido el uso de viviendas y solares; 5) ampliación del plazo por el que el suelo urbanizable se puede seguir valorando como urbanizable; 6) suspensión del artículo 260.4 de la Ley de Sociedades Anónimas para evitar la quiebra de las inmobiliarias; 7) tratamiento laxo y a la carta del reconocimiento de pérdidas inmobiliarias por parte del Banco de España.

Pero, claro, a la Banca le molesta que a las cajas se les proporcionen ayudas directas vía FROB, no sea que al final no se puedan quedar a precio de saldo su jugosa cuota de mercado. Ya lo dijo también Ángel Cano refiriéndose a las cajas: “va a ser muy difícil que se genere atractivo para los inversores”. Y Méndez –el que pastorea las “ovejas muertas” de la CECA- aparte de defender las reformas que las cajas ya están haciendo, se quejó de que los test de estrés europeos se ceben con las entidades españolas (el 95% pasarán el examen frente al 50% del resto de Europa), como queriendo decir que, si se pusiera la lupa sobre el sistema financiero de otro país, los problemas de todo tipo también serían visibles –y quizá tenga razón-.

Afortunadamente, el pastor de pastores, Trichet, es un señor de 69 años que va a dejar definitivamente su puesto dentro de cinco meses. Empieza a sentirse libre y sus palabras, medidas y mesuradas como corresponden al gobernador de un Banco Central, contenían empero contundentes críticas (y autocríticas) para buenos entendedores: “La tormenta financiera (…) destapó grandes defectos (…) en la manera en que el sistema (financiero) se supervisa y regula”. (¿Te das por aludido, MAFO?). “Los bancos pueden ajustar sus ratios de capital (…) reduciendo los dividendos por algún tiempo”.

Una de las cosas que más me ha llamado la atención desde que empezó la crisis ha sido precisamente la alegría con que todas las entidades financieras han repartido cantidades ingentes (más “ingentes” que las cifras de paro, amigo MAFO) de dividendo -obra social, en el caso de las cajas-. En lugar de reconocer de inmediato las enormes pérdidas procedentes del sector inmobiliario, y con la connivencia de un Banco de España cómplice, inductor y autor intelectual, nuestros bancos se dedicaron a reconocer unos beneficios contables carentes de toda credibilidad y a vaciarse de cash para regocijo de sus accionistas. Hace cosa de un año tuve ocasión de trasladar esta inquietud a un experto en banca y mercados que me argumentó: “Es que si hicieran eso que tú dices su valor en bolsa se precipitaría”. ¿Y a mí qué? O sea, que yo y el resto de los españolitos tenemos que darles nuestro aval todas las veces que haga falta, modificar todo tipo de leyes para que sobrevivan, ¿y a los que han arriesgado invirtiendo en ellos se les premia? No entiendo nada. Y a esto, ¿cómo lo definimos? ¿Es la aplicación práctica de alguna teoría económica que desconozco? ¿O es mero refinamiento de una combinación de despotismo ilustrado con picaresca tradicional?

Pues nada, a seguir así, que a lo mejor superamos a Japón en el plazo de ajuste de los sectores inmobiliario y financiero.

El presidente de la patronal de la banca, Miguel Martín, se quejaba no hace muchas fechas en una misiva enviada a Elena Salgado del flaco favor que el Gobierno haría a la seguridad jurídica (y a la cuenta de resultados de sus representados) si modificara el régimen jurídico de las garantías hipotecarias y de ciertas cláusulas contractuales. Se estaba refiriendo, cómo no, a la dación en pago y a las cláusulas “suelo”.

Esta gran preocupación que siente la banca por la seguridad jurídica en los casos en que les puede perjudicar, se esfuma como por arte de birlibirloque cuando les reporta beneficio o protección. Me recuerda, ahora que está tan de moda, a esos entrenadores de fútbol que montan en cólera cuando el árbitro les perjudica mientras que se limitan a decir “no lo he visto” o “no hay comentarios” si el trencilla se ha “comido” un penalty o ha concedido una tarjeta roja a su favor.

Parafraseando la famosa canción de los Rolling, los banqueros de este país se han acostumbrado, desde que empezó la crisis, ha acudir a la estantería del aseo para proveerse de píldoras graciosamente concedidas por “Querida Vicepresidenta”. Muchos de estos cambios legislativos que han favorecido la subsistencia de entidades financieras virtualmente quebradas los denuncio y explico en “Adiós, ladrillo, adiós” (posibilidad de cambiar la vivienda libre en protegida, modificación del criterio de valoración de los suelos urbanizables, …). Hay, sin embargo, otra modificación que se me había pasado incluir en el libro –probablemente porque fue “colada” como medida “excepcional” dentro de un paquete “extraordinario” para “mejorar la liquidez de las pequeñas y medianas empresas”-.

En efecto, el 12 de diciembre de 2008 se aprobó el Real Decreto-Ley 10/2008 con los fines mencionados que incluía la modificación del artículo 260 de la Ley de Sociedades Anónimas. Éste enumera las causas de disolución de las SA. El apartado cuarto señala expresamente que la sociedad deberá disolverse:

“Por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso conforme a lo dispuesto en la Ley Concursal”.

Pues bien, el famoso R D-L 10/2008 establece que, a los efectos del art. 260.4 de la LSA, no se computarán las pérdidas por deterioro derivadas del Inmovilizado Material, las Inversiones Inmobiliarias y las Existencias.

Sorprendentemente, y dado que estas medida tenía una vigencia limitada -años 2008 y 2009-, el Gobierno ha prorrogado esta “excepcionalidad extraordinaria” para los ejercicios 2010 y 2011 inventándose el Real Decreto-Ley 5/2010. (No tengo ninguna duda de que a lo largo de este año volverán excepcional y extraordinariamente a volver a ampliar el plazo).

¿Y por qué me acuerdo ahora de esto? Después del post del pasado lunes (“¡Albricias! Metrovacesa…”) y a raíz de algunos de vuestros comentarios he estado dando una vuelta por la Red a ver si pillaba alguna información relevante y esto es lo que me he encontrado.

Lo que parece una medida para salvar el pellejo a las inmobiliarias –que lo es- responde fundamentalmente al interés de preservar la mora de nuestras solventísimas entidades financieras. En los últimos meses se ha refinanciado a Reyal Urbis, Metrovacesa, Colonial, Vallehermoso, Realia, Renta, Rayet (con la antigua Astroc, rebautizada Afirma, rerebautizada Quabit), Martinsa Fadesa, Habitat, Llanera, Testa, y seguramente muchas más que se me escapan. Sólo las mencionadas suman más de 30.000 millones de euros, más de cinco billones de pesetas. Una bicoca.

En la canción de los Rolling, la mamá acaba muriendo de sobredosis por exceso de ayuda, ¿le pasará lo mismo a nuestro sistema financiero?

El PP le ha tomado la delantera al PSOE al problema hipotecario: ayer El Mundo informaba de que Soraya Sáenz de Santamaría y Joan Ridao (quién les ha visto y quién les ve) están ultimando un acuerdo para pedir conjuntamente la creación de una subcomisión parlamentaria que revise en profundidad el funcionamiento del sistema hipotecario.

Además, están intentando que otros grupos se unan a la propuesta, lo que no es disparatado: si ellos se han puesto de acuerdo –que están en las antípodas ideológicas- no parece difícil que otras izquierdas y partidos nacionalistas se puedan sumar. Y dado que el PSOE no tiene mayoría absoluta, la probabilidad de que prospere es muy elevada.

Lo cual debería congratularnos porque el problema de las ejecuciones hipotecarias, lejos de solucionarse, tiene toda la pinta de agravarse en los próximos meses en la medida en que el euribor –así como el coste de todos los bienes de consumo- sube, y los ingresos de las familias merman –salarios a la baja, subidas de impuestos, y desempleo-.

La jugada popular es brillante pues, al tiempo que se coloca del lado de los desfavorecidos, empuja a los socialistas al bando de los banqueros y otros ricos de puro y chistera: lo que le faltaba al votante socialista después de la escena “íntima” que protagonizaron Zapatero y Botín en la ya de por sí provocadora reunión con el oligárquico G-44.

Los que deben estar que se suben por las paredes son los banqueros y, cómo no, su representante, don Miguel Martín, que a buen seguro que más pronto que tarde sale con alguna de las oportunas y brillantes declaraciones a las que nos tiene acostumbrados. Permanezcan atentos.

Dicen que, en política, si quieres evadir un problema, crea una comisión; y si lo que quieres es que se enquiste y se pudra, lo mejor es un observatorio, que cuenta además con la ventaja de que permite colocar a unos cuantos correligionarios bajo el auspicio del erario público.

Seamos optimistas por una vez y deseemos éxito a la subcomisión. Tampoco es tan difícil llegar a un acuerdo de mínimos. Ayer mismo Nicolás Nogueroles, en El Economista, publicaba un recomendable artículo del que se pueden extraer dos ideas que a buen seguro todos podrían asumir: limitar el tipo de los intereses de demora (así como el importe sobre el que se calculan) y modificar el artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para recuperar la redacción inicial antes de su tramitación parlamentaria, esto es, que la adjudicación del bien desierto en subasta sea al 70% del valor de tasación en lugar de al 50% actual.

Crucemos los dedos.









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