El autor de Adiós, Ladrillo, Adiós.

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Echemos un ojo al pasado para entender el presente. Para salir de la crisis económica de los primeros años noventa el Gobierno de entonces recurrió en 1993 y 1994 a fuertes devaluaciones competitivas de la peseta. Así, ya antes de que el ejecutivo comandado por Aznar tomara las riendas del país, la tasa de desempleo había mejorado desde el 24,1% de 1994 al 22,9% de 1995, terminando 1996 en el 22,1%. Sin embargo, esta mejora de la situación laboral de los españoles no tuvo un efecto inmediato en el volumen de ventas y precios de la vivienda. Hubo de esperar a 1997 para constatar un leve aumento del precio real de la vivienda, que poco a poco se fue consolidando en los años siguientes hasta la explosión de 2001. De hecho, en los informes que emitían las consultoras inmobiliarias extranjeras no se usó la expresión buoyant, para referirse al residencial, hasta bien entrado 1999.

La conclusión de esta experiencia reciente es que para que el mercado inmobiliario cambie de dinámica son requisitos previos la estabilidad laboral, la estabilidad socioeconómica, y la confianza en el futuro. ¿Se encuentra actualmente España en esta posición? Decididamente no. El paro crece, los salarios bajan, los impuestos suben, la pirámide poblacional está invirtiéndose y, en algunas zonas, hay un gran exceso de oferta. Por si fuera poco, desahucios, dación en pago, y expropiaciones llenan los titulares de la prensa día sí y día también. Bien es cierto que por otro lado hay cambios legislativos esperanzadores, como la reforma de las Sociedades Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (SOCIMI) o la de la ley de arrendamientos urbanos (LAU). Por el contrario, los agentes que más podrían hacer por movilizar el mercado de la vivienda –banca, por un lado; y SAREB (banco malo), por otro- a costa lógicamente de implementar mayores bajadas de precio, no tienen, a fecha de hoy, ningún interés ni incentivo por conseguirlo. Antes bien, pretenden proteger el valor contable de sus activos en una batalla perdida de antemano. Por último, el sistema financiero no ha sido capaz ni de acometer la profunda limpieza de balances que la situación exige ni, por ende, retomar su función de prestamista a las familias.

Erróneamente seguimos pensando en la vivienda como si tuviera un valor objetivo independiente del sujeto comprador. Si queremos entender bien lo que está pasando tenemos que aprender a cambiar la forma de mirar este mercado: no son los pisos los que valen, somos nosotros. Un ejemplo con valores medios lo ilustrará mejor:

El salario neto mensual en doce pagas de una pareja media española es de 2.700 euros. La parte que prudentemente deben destinar a una cuota hipotecaria es el 30% de esa cantidad, es decir, unos 800 euros. ¿Cuánto se puede tomar prestado para esa capacidad de pago? En un mercado conservador y maduro como es el francés, el plazo de amortización se situaría entre veinte y veinticinco años, a un tipo de interés fijo de entorno al 4%. Así pues, la cantidad prestada se movería entre los 135.000 y los 155.000 euros. Teniendo en cuenta que la vivienda media se sitúa en 90 metros cuadrados, y suponiendo que la pareja hubiera ahorrado para sufragar los gastos e impuestos de la compraventa, el precio de la vivienda se situaría entre 1.500 y 1.720 euros por metro cuadrado. ¿Y cuál es el precio actual de mercado? El precio medio de la vivienda de obra nueva a finales de 2012, según Sociedad de Tasación, era de 2.212 euros por metro cuadrado. Por lo que se refiere la segunda mano, tanto Idealista como Fotocasa-IESE coinciden en valorarla en poco más de 1.800 euros.

 

El ejemplo toma un escenario que hoy día no se cumple:

-         Los salarios corresponden a 2011. Desde entonces han bajado y lo seguirán haciendo.

-         Los tipos de interés fijos en España son mucho más elevados. El elegido es el que correspondería a un país con una prima de riesgo similar a Francia.

-         Los plazos de amortización que ofrece la banca –al menos para sus pisos- es de hasta cuarenta años.

-         El tipo de interés ofrecido sigue siendo el variable, pero ahora con un diferencial terriblemente amplio, tanto como el de un fijo.

Lo peor es que probablemente este escenario será sobrepasado a la baja debido a todos los problemas mencionados más arriba (situación de la banca, impuestos, exceso de oferta, inseguridad jurídica, etc.). Especialmente grave es la miopía que están demostrando gobierno y banca al no detener el círculo vicioso dando un tajo considerable a los precios y superar de una vez el peligrosísimo chasing the price down que está laminando la riqueza de los españoles. En un próximo artículo me extenderé sobre ello.

 

La pregunta del millón que nos hacemos todos es ¿cómo va a influir el ‘banco malo’ en los precios de la vivienda? Hay demasiadas incertidumbres como para dar una respuesta concluyente. Lo que sí sabemos es que el precio de las propiedades no ha dejado de bajar desde que tocó máximos en 2007 –para suelo- y 2008 –vivienda terminada-. También sabemos –o al menos intuimos- que las cifras oficiales no reflejan la realidad de nuestro entorno: el Ministerio de Fomento, por ejemplo, reconoce una bajada acumulada del 23,6% mientras que la conocida tasadora Tinsa la eleva hasta el 32,4%. Pero cuando uno se da un paseo por el barrio, o habla con sus amigos, se da cuenta de que los descensos están más cerca del 50%.

Los gestores del ‘banco malo’ se encuentran ante una difícil coyuntura. Si éste se adjudica los activos por debajo de las exigencias de los Reales Decretos de De Guindos (35% para vivienda, 65% para en construcción, 80% para suelo) forzará a las entidades financieras a reconocer nuevas pérdidas y las colocará en una posición más débil. ¿Y si no lo hace? Corre grave riesgo de ponerse en contra de la realidad y ésta, ya se sabe, es muy tozuda. Circulan rumores de que los fondos especulativos (fondos “buitre”) están lanzando ofertas de auténtico derribo por las carteras de activos tóxicos de la banca. Si cualquiera de los bancos considerados “sanos” aceptara vender a estos fondos con descuentos superiores a los admitidos por el ‘banco malo’, pondría en evidencia al Ministerio de Economía. Y pronto circularía la especie, no exenta de razón, de que el Gobierno ha puesto los intereses de la banca por encima de los de los ciudadanos –avalistas en última instancia de las posibles pérdidas ocultas-.

¿Qué puede pasar, entonces?  Yo apuesto a que finalmente el ‘banco malo’ aplicará mayores descuentos de los ya exigidos, pero sin hacer demasiado daño. Todos miran de reojo al banco malo irlandés (NAMA), que ya ha pasado por este trance, y que se adjudicó los activos a un descuento medio del 58%. Mientras, aquí, las reformas de De Guindos suponen de media el 45%. Por lo tanto, no es descabellado pensar en un descuento adicional de unos 13 puntos porcentuales. Máxime cuando es voluntad del Gobierno que inversores privados entren en el capital de la sociedad.

¿Y eso implicará viviendas más baratas? No necesariamente. Por un lado, no olvidemos que el ‘banco malo’ dispone de 15 años para deshacerse de los activos. No tiene prisa. Por otro lado, el objetivo del Gobierno es el de conseguir que la operación sea rentable (“que no cueste dinero a los ciudadanos”) por lo que el precio de venta deberá recoger, además del precio de adjudicación, los gastos de gestión y un pequeño margen. Además, todo hace pensar que el grueso de la cartera lo compondrán terrenos y obras en construcción, que serán, asimismo, los activos que sufrirán las mayores rebajas.

Hay incertidumbre también acerca de los plazos. El NAMA irlandés tardó más de un año en estar plenamente operativo, lo que invita a pensar que nuestra sociedad no va a estar en marcha de la noche a la mañana. Y muchas cuestiones no resueltas: cómo y quién va a llevar a cabo la comercialización, quién y en qué condiciones se va a financiar a los particulares que adquieran los activos una vez puestos a la venta, etc.

Sin embargo, el ‘banco malo’ sí que puede marcar el suelo de esta crisis: como mayor inmobiliaria del país, su peso en la composición de la oferta puede ser determinante.

(art. publicado en La Vanguardia el pasado 16 de septiembre)

 

Mar Díaz Varela, en un artículo publicado en La Vanguardia el pasado domingo, nos ofrece la clave de lo sucedido en España desde 2008:

(…) se produjo una conspiración del silencio. El gobierno negó rotundamente la crisis. El sector financiero se enrocó asegurando que eran las entidades más seguras del mundo. Prensa especializada, economistas y líderes de opinión se conjuraron para no alarmar a la opinión pública y evitar que se pinchara la burbuja inmobiliaria de forma descontrolada. Se optó por un aterrizaje suave de la burbuja inmobiliaria que evitara el crac.

También el domingo, en un artículo indisimuladamente laudatorio, El País exculpaba al bueno de MAFO con argumentos como éste:

el supervisor apostó, en línea con las tesis del Gobierno (y de la oposición del PP, que apoyó todas las reformas financieras) por una reestructuración lenta del sector, sin intervención del Estado para no gastar dinero del contribuyente

¿A quién intentan engañar a estas alturas? Lo que sucedió en España desde 2008 es la consagración del principio del extend & pretend del que a menudo han hablado Daniel Lacalle y Alberto Artero en El Confidencial. Una maraña de intereses cruzados, ingentes cantidades de dinero en juego, medios de comunicación hiperendeudados, políticos cazados en la gestión de las Cajas, y, como explicó Gay de Liébana en el programa Salvados hace unas semanas, donde 28 grandes empresas del país han consumido el 50% de la deuda corporativa de la nación. Empresas que suelen nutrir sus consejos de administración de políticos de todos los partidos. Empresas que, frente a lo que se cree, sólo dan trabajo a algo más de un millón de españoles (sobre un total de 18 trabajando). Empresas que contribuyen al sostenimiento del Estado en mucha menor proporción que lo que les corresponde gracias a los agujeros intencionados de la legislación fiscal. Empresas que, en fin, se reparten sus correspondientes mercados en oligopolios de facto.

En definitiva, esta suerte de aristocracia que gobierna en la sombra engañó conscientemente al pueblo soberano, y engañó a sus partenaires europeos –mientras los demás recapitalizaban bancos, nuestro establishment se ufanaba de la fortaleza de los nuestros-. Pero, sobre todo, y lo que es más grave, la conspiración del silencio fue un auténtico robo. El robo de nuestro presente y de nuestro futuro. ¿O acaso no se da cuenta, amigo lector, de que si estamos en el peor momento de la crisis es por haber elegido el fraude? ¿Acaso no percibe que, de haber actuado con valentía y sentido común a tiempo, muy probablemente hoy estaríamos saliendo del agujero y creando empleo? La destrucción del tejido empresarial no habría llegado a los extremos de hoy, ni las cifras de paro hubieran alcanzado los seis millones. Sí, no me equivoco: todos los indicadores adelantados de actividad predicen este horrible número para antes de final de año.

Hay que tener una desfachatez enorme para afirmar sin rubor que la reestructuración “lenta” era para “no gastar dinero del contribuyente”. Lo que había detrás de la reestructuración “lenta”, es decir, del “meter bajo la alfombra toda la porquería”, no era ni procurar el soft landing de la burbuja ni evitar, como en las mentiras piadosas, que el pueblo sufriera. Se trataba ni más ni menos de un mero ganar tiempo “a ver si escampa”, patada p’alante y “en un par de años o tres esto está solucionado y seguimos donde estábamos”.

Si me han leído sabrán que no soy para nada partidario de la socialización de las pérdidas de la banca, es decir, de su nacionalización y recapitalización con nuestros impuestos. Pero, fíjense: si esto se hubiera hecho en 2008 –incluso en 2009- ahora España sí estaría en la champions league. En aquel tiempo, y antes de que Zapatero dilapidara el crédito de la Nación en inconsecuentes planes E, la deuda del Estado sobre el PIB apenas sobrepasaba el 40%. Aun destinando 300.000 millones (y ya es tirar por lo alto, sobre todo en aquel momento) al saneamiento, la deuda sobre PIB sería inferior a la de hoy.

El Gobierno actual no está siendo fino en la gestión de la situación actual, ni mucho menos. No ahorro en críticas al Presidente, como pueden leer en este post, o como habrán comprobado los que me sigan en Twitter. Negar la evidencia (“no es un rescate, son prestamihilillos de plastilina”), no reconocer que los intereses del préstamo computan para el déficit, o la falsa euforia en la comparecencia del domingo le pasará factura, antes o después. Sin embargo, en medio de tanta crítica y desconcierto, hoy quiero felicitar al ministro De Guindos. Porque él ha sido –dudo de si esto es lo que esperaba Rajoy de él cuando le nombró ministro- quien ha proclamado: “el rey está desnudo”, la banca está en pelotas. Algún economista se rasgaba las vestiduras estos últimos días por que “no saben lo que han desencadenado con esto”. Claro. Es mejor vivir instalados en el enjuague de intereses. Es mejor condenar a una generación a la mayor de las miserias con tal de salvar a los jerarcas del régimen. Como escribía Kike Vázquez el lunes, “lo que no podemos es aplaudir cuando la avestruz agacha la cabeza en la tierra y criticarla si la quita, porque entonces lo que queremos es no ver la realidad”.

De Guindos hizo una buena intentona con la primera reforma financiera. Cincuenta mil millones de golpe. Sumados a los ya provisionados, tal vez hubiera funcionado en 2009, o incluso en 2010. Pero ya no en 2012, con la economía desintegrándose por momentos. Además, al incobrable crédito-promotor, ahora hay que sumar el hipotecario (cuya mora del dos y pico hace tiempo que no se cree ningún inversor), el soberano (nuestra banca atesora el 46% de la deuda pública española) y, últimamente, el corporativo (la macrodeuda que tiene exhaustas a muchas de las grandes compañías del país y a un sinfín de pymes).

Probablemente el ministro era consciente de que podía fallar. De hecho, la cifra y los plazos estaban tan a la medida de la capacidad de encaje del sistema financiero que poco tardó el mercado en percibir que no era sino “la mayor reforma que el sistema podía aguantar sin resquebrajarse”. Y los plazos, ¡ay, los plazos! Si algo he aprendido de este conato de reforma es que no se pueden conceder 12 meses –y mucho menos 24- para ejecutar las provisiones. Hay que hacerlo de golpe, de una vez. El mercado tiene que recibir un impacto inmediato en cuanto a la disponibilidad de viviendas a la venta y en cuanto a su precio. De otra manera, se produce un interminable goteo de precios a la baja que paraliza el mercado, y condena a la vivienda a una espiral destructiva de valor.

La segunda reforma financiera, la de los 30.000 millones sobre el crédito-promotor “bueno”, ha sido precipitada y torpe. El mundo financiero recibió dos mensajes: 1) “El Banco de España es un decorado”; y 2) “ninguna partida de las cuentas de los bancos españoles es fiable”. La enorme desconfianza que generó en los mercados esta desgraciada actuación, más los toques de atención del FMI y Draghi, precipitaron el affaire de Bankia, probablemente mal aconsejado en su desenlace final por la “reunión de pastores” (Botín, FG y Fainé) en las horas previas a la dimisión forzada de Rato.

El minirescate, rescate ‘dulce’ o ‘light’, es, de facto, la tercera reforma financiera de la legislatura. Estos últimos días he leído interesantes y acertados análisis sobre el asunto (Kike, Vázquez, David Taguas, Juan Ramón Rallo, Luis Garicano, Sala i Martín, Antonio España, Benito Arruñada, Manuel Llamas,…), que coinciden en señalar que, aceptando que es un acuerdo menos malo que el del resto de Pigs, el problema de fondo subyace. Es más, lo único que se consigue es ganar algo de tiempo, por un lado; y traspasar el problema desde el balance de las entidades financieras al de las cuentas del Estado, por el otro.

En efecto, el tan cacareado rescate consiste en algo tan sencillo como que Europa presta a España unos recursos (hasta 100.000 millones) que por sí misma no podría obtener o que, de hacerlo, sería a un precio –interés- prohibitivo. Eso es todo. El ‘regalo’ se limita a tres puntos porcentuales en el tipo de interés. Pero no hay rescate directo a la banca. ¿Entienden ahora por qué la prima sigue desbocada? El Estado español es el responsable del crédito; es quien sanea a las entidades enfermas, quien socializa las pérdidas privadas. Supone un incremento en la ya pesada carga de la deuda pública de alrededor de 10 puntos de PIB. Prácticamente todos los articulistas mencionados hacen referencia más o menos directa a una alternativa que sí hubiera supuesto un freno a las especulaciones sobre España: la capitalización directa de la banca por la UE. “Al fin y al cabo, los que prestaron a nuestro sistema financiero fueron los bancos, cajas y compañías de seguros del norte de Europa, y deberían correr con las consecuencias”, señala acertadamente Luis Garicano.

¿Y para que son los 100.000 millones? Para sanear la banca. Ojo, porque no es un dinero que se les transfiera a las entidades para que a su vez lo usen para financiar la economía real, no. Eso vendrá después, dentro de algún tiempo.

De lo que se trata ahora es, sencillamente, de que reconozcan la verdad de sus balances, de que saquen la mierda bajo la alfombra acumulada en el periodo supervisado por MAFO. Unas pérdidas que llevarían a la quiebra a buena parte del sistema y que, gracias a esos 100.000 millones, lo evitarán. Una condición necesaria, aunque no suficiente, para que la banca vuelva, a medio plazo, a dedicarse a lo que se tiene que dedicar.

¿Y van a bajar los pisos un 70%, como decía ayer un artículo que leí repetido en varios medios? Pues depende. Depende de las condiciones que finalmente acabe estableciendo para el préstamo la señora Merkel.

Las provisiones de pérdidas facilitarán el reconocimiento de los créditos fallidos por lo que previsiblemente las promotoras zombies dejarán de existir tal y como las hemos conocido, produciéndose un trasvase de activos inmobiliarios hacia las entidades financieras. Éstas los asumirán en sus balances a un valor sensiblemente inferior al que tenían anteriormente. Por tanto, podrán sacarlos al mercado a precios competitivos sin incurrir en mayores pérdidas. La pregunta del millón es: ¿lo harán? ¿Contarán con el incentivo necesario una vez que ya han provisionado la pérdida, o jugarán a especular?

En la penúltima reforma financiera, De Guindos, para evitar esta circunstancia, ha contemplado la creación de vehículos societarios diferenciados del banco en los que volcar los activos inmobiliarios con la obligatoriedad de vender, al menos, un 5% anual. Por tanto, las entidades pueden estar hasta 20 años vendiendo inmuebles. Mucho, demasiado tiempo.

Estoy de acuerdo en que no sería razonable forzar la venta en un periodo muy breve, pues la puesta en el mercado de una cantidad ingente de activos generaría un desequilibrio demasiado grande entre oferta y demanda, lo que provocaría sin duda una nueva espiral de caídas de precios que dañarían de nuevo al sistema financiero y a la economía en general. Pero, hombre, 20 años se me antoja una eternidad. Sólo nos faltaba que, encima de rescatar a la banca, se haga rica otra vez a nuestra costa.

Así las cosas, habrá que esperar a lo que diga doña Ángela.

 

“José Luis, desengáñate, este país seguirá en crisis mientras no se reactive el sector inmobiliario”

A diestra y siniestra es éste el mensaje que oigo. Y no sólo de confidencias. Así se manifestó Rubalcaba al inicio de la precampaña: “No podemos pasar del atracón del ladrillo al ayuno del ladrillo” ¿Y Rajoy? Aunque no lo haya dicho con esas palabras, es lo que se puede inferir de su programa electoral, como veremos más adelante.

No hay otro modelo productivo en el horizonte. Los modelos productivos no se improvisan. Y menos cuando estás acuciado por una crisis que se está llevando por delante el tejido empresarial del país y pone en riesgo el Estado del Bienestar. Cuatro años y medio después de que estallara la burbuja de crédito lo único que se nos ha ocurrido es “resetear” la banca para volver a la casilla de salida. Reiniciar el proceso. El día de la marmota.

Estamos como en el 96 pero peor. Para cuando llegó Aznar, González ya había hecho lo más difícil: el ajuste. ¿Que fue un ajuste tramposo? Cierto, pues se hizo a través de devaluaciones e inflación. Disponer de una moneda propia puede que tenga inconvenientes, pero entre sus ventajas se encuentra la capacidad de ajustar precios y salarios sin conflictividad social.

Aparte de que no nos encontrábamos en un entorno de crisis mundial, a Aznar le bastó con impulsar el sector inmobiliario, privatizar la empresa pública, una cierta austeridad pública y liberalizar algunos sectores clave de la actividad. Además, la banca no estaba tocada como lo está ahora. El boom inmobiliario del final de los ochenta no tuvo nada que ver con lo que hemos vivido estos años. Ni tampoco había Comunidades Autónomas o Ayuntamientos de proporciones paquidérmicas como las de hoy.

Vayamos al grano. ¿Qué va a hacer Rajoy? Su plan, por lo que he podido leer, se sustenta en cuatro patas:

Austeridad.- Esto ya estaba en la hoja de ruta del 96 aunque en esta ocasión requiere de un esfuerzo mayor por dos motivos: las administraciones han crecido exponencialmente al calor del boom inmobiliario; y la señora Merkel y los señores inversores nos exigen resultados inmediatos, concretos y medibles. El problema de las administraciones no es tanto competencial como de despilfarro. Está claro que hay solapamientos, que sobra plantilla, y que se han arrogado competencias y se han metido en negociados que no les corresponden. Pero más allá de todo eso, una gestión eficaz de los recursos públicos debería ser suficiente para sostener la arquitectura del Estado. Se trata de gastar menos, pero sobre todo de gastar mejor. La duda que me surge es: ¿lo harán o tirarán por el camino fácil? Ahí tenemos a Zapatero, a Papandreu o a Passos Coelho que, acuciados por los acreedores, se lanzan a la presa propiciatoria del salario de los funcionarios o de los pensionistas. La receta clásica del FMI.

Reforma laboral.- El argumento que utiliza el sindicalismo español para negarse a la reforma laboral tendría sentido si, como ya he advertido, dispusiéramos de moneda propia: devaluación y, ¡tatatachán!, todo es más barato, salarios y productos (incluidos los inmuebles). Así, venderíamos más y poco a poco el paro empezaría a remitir. Pero eso es agua pasada. Dentro del euro sólo cabe abaratar costes. Porque si no te ajustas en precio, lo haces en cantidad. Todos los días leo gente que me sigue que me dice que la vivienda tiene que caer más, que tiene que ajustarse de verdad, que está muy cara. Y por eso el stock aumenta. Pues con la fuerza laboral pasa lo mismo: que está cara y que tiene que ajustarse. Creo que es fácil de entender.

Apoyo a la Empresa.- Hay un buen paquete de medidas, sin duda positivas y necesarias, para favorecer el desarrollo y mantenimiento de las empresas que podrían facilitar, si no el aumento, sí al menos el mantenimiento del empleo: compensación de deudas con la Administración, pago del IVA al cobro y no al devengo, exención por reinversión, liberalización de mercados, etc. Medidas necesarias pero no suficientes. Porque el meollo de todo se encuentra en el siguiente epígrafe:

Solución del atasco financiero/inmobiliario.- Las políticas que anuncia el PP para vivienda aspiran a ser un auténtico plan de choque para revitalizar el sector:

-         IVA superreducido

-         Deducción por adquisición de vivienda nueva

-         Compensación tributaria entre alquileres pagados y percibidos para fomentar la movilidad laboral

-         Libertad de pactos en arrendamientos

-         Acuerdos de colaboración público-privada para movilizar el stock de vivienda

¿Qué se pretende con esto? Por un lado, como ya he dicho, impulsar tanto la compraventa como el arrendamiento. ¿Sólo? No. Hay algo más. La verdadera intención de estas medidas es, fundamentalmente, frenar la caída del precio de la vivienda.

¿Y para qué? 1) Para evitar que los balances de la banca se deterioren aún más y 2) para que las familias dejen de sentir el efecto pobreza que supone asumir que mes a mes su principal activo, la vivienda, vale menos. En un país de propietarios como es el nuestro, esta sensación de empobrecimiento tiene mucha más incidencia en las decisiones de consumo e inversión de lo que se habla. Por eso, frenar la caída de los precios de la vivienda no sólo tiene un efecto directo en el sector sino que implica una mejora para toda la economía en la medida en que alienta el consumo.

Pero para que estas medidas (todas, no sólo las relativas a la vivienda) desplieguen toda su eficacia hace falta un sistema financiero sano: que las venas del sistema, llenas de colesterol inmobiliario, se despejen. El PP se propone hacerlo, pero no tenemos muy claro cómo. En el programa electoral dice lo siguiente: “Culminaremos el saneamiento y la reestructuración del sistema financiero. Facilitaremos la gestión activa del patrimonio dañado de las entidades financieras que lo precisen.”

Dos son las versiones que han circulado durante la última semana al respecto: la creación de un banco malo al que transferir todos los activos tóxicos de la banca; y suavizar régimen fiscal que grava la venta de activos inmobiliarios de la banca. El modelo del banco malo no ha tenido muy buena acogida porque supondría socializar las pérdidas. Lo que le faltaba al pueblo español, exhausto tras cuatro años de crisis. Mientras tanto, la suavización fiscal parece que no implicaría la socialización de las pérdidas, según señaló Montoro –aunque no explicó en qué consistirían-.

A mí me da que la mejora del régimen fiscal va por un camino que sugerí en el blog hace ya unos cuantos meses: reconocimiento a fecha de hoy de toda la depreciación del activo, pero con la posibilidad de dotar/amortizar las pérdidas en varios (diez, quince) ejercicios.

En fin, lo mejor de todo esto es que ya cada vez quedan menos días para despejar la incógnita. En un próximo post profundizaré en estas medidas y en algunas otras propuestas interesantes de otros partidos, que quizá debería hacer suyas el próximo gobierno.









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