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No, no me refiero a que termina la Eurocopa; ni tampoco a que es el último día de los sanjuanes sorianos –fiesta que por fortuna no descubrió Hemingway y que por eso no sufre la masificación de nuestros primos los pamplonicas-.

En lo que estoy pensando es en que, salvo que el viernes el Gobierno nos sorprenda con una nueva prórroga –o, mejor aún, una nueva Ley del Suelo-, el día 2 desplegará toda su eficacia el régimen de valoraciones de la Ley del Suelo de 2007.

Pero, ¿por qué es tan importante este hito? ¿O quizá ya no lo es?

Empecemos por el principio. En 2007 el Gobierno de Zapatero aprobó una nueva Ley del Suelo que pretendía enmendar la plana a la que Aznar había aprobado una década antes. (Por cierto, no debía parecerle a Zapatero tan mala cuando la mantuvo casi una legislatura completa). La nueva ley, lejos de buscar el pinchazo la burbuja, tan sólo pretendía aprovecharse más de ella: 1) acentuando el intervencionismo público –para así poder poner en valor la actuación de concejales, alcaldes, consejeros y consellers-, 2) elevando brutalmente las cargas para los promotores de suelo –y lo que supondría un encarecimiento mayor de la vivienda libre para hacer frente a las mismas- y, por último, 3) abaratando los costes de expropiación, como se dice castizamente, “por el artículo 33”.

Y se trata de eso, de la entrada en vigor del “artículo 33”.

Como decía, mediante esta ley se instauraba un nuevo sistema de valoración por el cual la tradicional clasificación del suelo (urbano, urbanizable y rústico) se sustituía por lo que la ley denomina “situaciones básicas”: urbanizado (o urbano) y rural. Es decir, que, para expropiaciones, se rechazaba expresamente el reconocimiento de la plusvalía derivada del planeamiento (suelo urbanizable).

Así pues, la ley zapateril estableció un régimen esquizofrénico e incongruente en virtud del cual coexisten nada más y nada menos que tres criterios de valoración:

-         Valor de mercado, para fines financiero-hipotecarios

-         Valor fiscal

-         Valor expropiatorio

Pero la entrada en vigor del nuevo sistema de valoración no fue inmediata. La famosa Disposición Transitoria Tercera establecía un periodo transitorio por el cual el régimen de valoraciones aplicable sería el establecido en la ley de 1998. ¿Durante cuánto tiempo? Pues durante los tres primeros años de vigencia de la nueva ley.

Sin embargo, cuando el periodo tocaba a su fin –ya inmersos en la crisis y con los bancos empachados de suelo- el mismo Gobierno que había aprobado la ley decidió prorrogar el periodo transitorio. Y no lo hizo una, sino dos veces. La última prórroga vencía a final de 2011, ya con De Guindos al mando. No fue una sorpresa que decidiera prorrogar de nuevo, pero sí que sólo lo hiciera por seis meses. ¿Por qué? El viernes lo sabremos.

Básicamente, hay tres posibilidades:

-         una nueva prórroga

-         una nueva Ley del Suelo

-         nada, es decir, la entrada en vigor de este aterrador régimen de valoraciones

Pero, ¿por qué es tan temido? De hecho, son muchos los que argumentan, desde el mundo de la tasación, que el temor es infundado. La valoración de inmuebles con fines hipotecarios se practica siguiendo la no menos conocida Orden ECO/805/2003. Las valoraciones ECO son tasaciones de mercado, que sí incorporan expectativas y plusvalías derivadas del planeamiento.

Sin embargo, tanto el Gobierno socialista como el popular han prorrogado su entrada en vigor, ¿qué pasa? Pues que la orden ECO incorpora un artículo, el 11, que, bajo el título “advertencias generales” reza así:

A los efectos de esta Orden se considerará que existe un supuesto de advertencia, siempre que se tenga duda sobre alguno de los datos utilizados en el cálculo de los valores técnicos del objeto de la valoración, y como mínimo, en los supuestos que se indican a continuación:

(…)

c) Cuando se valoren inmuebles sujetos a expropiación forzosa o en base a licencias de construcción o autorizaciones administrativas que contengan condiciones, que de no cumplirse puedan originar modificaciones en el valor certificado.

 

¿Y bien? Un suelo urbanizable (o sea, un suelo físicamente rústico, pero que, cumpliendo una serie de condiciones y observando una serie de deberes, puede llegar a ser urbano), ya sea en manos de la banca, ya sea en manos de promotores, puede acabar siendo objeto de expropiación básicamente por tres vías:

-         Por el inicio de un procedimiento de expropiación forzosa

-         Por que el planeamiento local convenga que el sector en el que está incluido ese terreno se ejecute por expropiación

-         Por que se incumplan los plazos o deberes de ejecución (todos los suelos están sujetos a plazos de desarrollo) y sea declarado el incumplimiento por el ayuntamiento de turno.

Hoy en día, cuando se discute de esta circunstancia en diferentes foros profesionales, son muchos los que afirman cosas como esta: “no conozco ningún ayuntamiento en toda España que haya tirado por la vía de la expropiación ante el incumplimiento de plazos”. Cierto. Es muy poco probable. Como también lo es que coincida con una expropiación por razones de infraestructuras, y más en estos tiempos. Pero es posible. Y un buen tasador, que debe inspirarse en el principio de prudencia (también enunciado en la ECO) debe tenerlo en cuenta y, por tanto, advertirlo.

Volvamos un momento hacia atrás. ¿Por qué Zapatero estableció un periodo de tres años? Porque los técnicos que elaboraron la ley entendían lo mismo que yo acabo de exponer en el párrafo anterior. En pleno boom, nadie pensaba que los dueños de los terrenos no iban a tener tiempo para transformar sus urbanizables en urbanos pero… la música dejó de sonar.

Ahora, sin embargo, las cosas son muy distintas a como eran principios de año. Con lo que no contábamos entonces es con la Reforma De Guindos I y la elevación de las provisiones hasta el 80% para suelos, ya sean estos urbanos, urbanizables o rústicos con expectativas.

En mi experiencia en el mercado del suelo durante los años de la burbuja –y siempre es un riesgo generalizar- el valor de un rústico venía a ser un 10% del valor de un urbanizable.

Quizá inspire más desasosiego entre nuestros banqueros las consecuencias de la aplicación del régimen de valoraciones para con los suelos que todavía están en manos de promotores zombis. Y no es de extrañar, habida cuenta de que cada dos por tres han de refinanciar y, claro, cada refinanciación conlleva tasación. ¿Lo ha contemplado también De Guindos? Podría ser, pues cabe interpretar que los 30.000 millones de nuevas provisiones incluidas en la Reforma Financiera II tengan como objeto el descenso de valor que va a ocasionar el fin de la DT 3ª en estos activos.

Amigos lectores, sinceramente creo que la entrada en vigor del “artículo 33” zapateril, tal y como está el patio, no tendrá ya ningún efecto importante en la valoración de los suelos, por mucho que el tasador de turno peque de prudencia.

Sin embargo, lo que pone en evidencia es la connivencia del Gobierno anterior con la banca. Alineamiento de intereses que el pueblo hemos pagado con cuatro millones de nuevos parados, un Estado quebrado, y una crisis que aún va a durar una década. Pero también pone de manifiesto, por qué no decirlo, el coraje –que algunos llaman temeridad- de De Guindos al poner en marcha el ventilador financiero. Por mucho que a algún economista de moda le moleste.

¿Quieren un consejo? Desconfíen de los que nos reprenden por abrir el melón. Los profetas del “esconder y extender” sólo son lacayos del establishment; meros soldados del poder.

 

España mete miedo. Primas de riesgo de 450 puntos precipitaron la intervención de los demás pigs. Ahora, cerca de los 500, hasta los alemanes se hacen los longuis… ¿Qué nos espera? Vivimos rodeados de incertidumbre: si los griegos salen del euro…; si la socialdemocracia desplaza a Merkel del poder…; si pincha algún BRIC…; si Hollande prepara una “French revolution”…; si nos invaden los alienígenas, que tan bien le vendría a Krugman para confirmar su habilidades adivinatorias… Quién sabe. De lo que no cabe duda es de que “los mercaos” han aprovechado la bisoñez del nuevo Gobierno –¿cabía otra opción?- para colarnos el caramelo envenenado del LTRO en virtud del cual los fondos soberanos y bancos extranjeros han abandonado en masa la deuda pública española para endosársela a la banca patria, como critica con dureza Sala i Martín en su último pensamiento aleatorio.

Si bien es cierto que el Gobierno ha cometido numerosas torpezas y nos ha transmitido inseguridad, en honor a la verdad hay que reconocer que no es fácil hacerse con los mandos del Titanic a dos minutos de chocar con el iceberg –o quizá un buen rato después de haber chocado-. Lamentarse o recordar lo que se pudo haber hecho en 2009 o 2010 ya no tiene sentido. Todos hemos contribuido de una manera de otra al desastre, pero no todos tienen la misma responsabilidad. Los que gobiernan y regulan nuestras relaciones económicas asumen un plus. Y no sólo estoy pensando en los políticos con mando en plaza, sino también en instituciones y organismos como el Banco de España o la CNMV -que han perdido todo su prestigio y credibilidad- y, por qué no, en las entidades que hemos dado en llamar “sistémicas”. Cuando uno se sabe sistémico, cuando una empresa o entidad financiera tiene la certeza de que, llegado el caso, el Estado se postrará a sus pies, sus gobernantes contraen una responsabilidad extraordinaria con la sociedad que les da cobijo. Empresas como Repsol, que son capaces de movilizar al Cuerpo Diplomático para defender sus intereses en Ultramar ; entidades como Bankia, que terminan siendo recapitalizadas con el dinero de nuestros impuestos; sociedades como OHL, Indra o ACS, que son capaces de poner al Rey mirando a La Meca para conseguir un contrato ferroviario.

Si había algo que me repateaba de Zapatero era su fe ciega en Emilio Botín. Los políticos españoles, por lo general ajenos al mundo empresarial y ayunos de formación económica, tienden a echarse en brazos del los tiburones más avezados, confiados en que, “como saben mucho de economía”, hay que hacerles caso. Sinceramente pensaba que con el PP no pasarían estas cosas. ¡Qué ingenuo! Resulta que según el relato de personas bien informadas como Jesús Cacho o Roberto Centeno nos hemos enterado de que al parecer el último Consejo de Ministros lo diseñaron los patrones de la gran banca. España está enferma, muy enferma, y no sólo económicamente.

Más allá del sempiterno capitalismo crony, las incoherencias ideológicas y programáticas, los fallos de comunicación, y las especulaciones políticas varias –como las elecciones andaluzas-, es innegable que el Gobierno ha hecho los deberes que le han impuesto desde Bruselas. Decía bien ayer De Guindos que “España ha hecho todo lo que está en su mano”. Y es verdad que en cuatro meses el Gobierno actual ha tomado más y mejores decisiones en el orden económico que el anterior en siete años. No parece justo que la paciencia que se tuvo para con Zapatero no se extienda ahora para un equipo mucho mejor preparado y dispuesto. Pero así es la vida: el Schettino de León no soltó los mandos hasta confirmar el impacto. A Rajoy le han pasado la patata cuando más caliente estaba y no la puede o no sabe soltar de las manos, salvo cuando la comparte por unos instantes con algún virrey de la taifa autonómica.

 

Sobre la reforma financiera del viernes y otras cuestiones relativas a la vivienda, y dado que ya han sido profusamente analizadas en diversos medios, me limito a hacer las siguientes observaciones:

-         La reforma llega “tarde, mal y a rastras”. Coincido plenamente con el Presidente. Si la ‘Reforma Financiera I’ fue la mayor reforma que el sistema financiero podía asumir sin quebrar, la RF II es la mayor que el Estado puede soportar sin acudir a la ayuda directa exterior ergo la intervención.

-         La reforma, que hace dos años pudo haber valido, -y que sin duda es meritoria- hoy día es insuficiente. No contempla los riesgos de la deuda corporativa, de la mora hipotecaria o de la deuda soberana.

-         Si de verdad se quiere provocar un efecto de bajada de precios y la consiguiente reactivación de las ventas, consentir que las entidades vayan provisionando poco a poco durante los próximos siete o diecinueve meses (según los casos) es contraproducente: exijan la provisión de manera inmediata, y luego den el plazo que sea para ir dotando esa provisión. El goteo genera la sensación en el mercado de que los precios no terminan de caer, y se cae en un círculo vicioso.

-         El Gobierno, bajo mi punto de vista, ha equivocado los tiempos: primero debería haber procedido a la evaluación independiente de las carteras crediticias, para después haber exigido las provisiones oportunas. Hacerlo al revés le pone en un brete si, como es previsible, los resultados de la auditoría no coinciden con las provisiones preventivas del Gobierno.

-         Admitir la falta de veracidad de los balances bancarios con respecto al ladrillo pone contra las cuerdas cualquier documento contable de la banca y, por extensión, de toda empresa española; y pone al Banco de España y a la CNMV a la altura del más corrupto país tercermundista.

-         La exención del 50% de la plusvalía para adquisiciones de aquí a final de año es una medida audaz e inteligente: puede precipitar el cierre de operaciones de inversión en ladrillo bancario, frenando de alguna manera la caída de los precios.

-         La reforma de la LAU la mejora, pero es una oportunidad perdida. Se debe profundizar en la libertad de pactos y, sobre todo, dotar de seguridad y rapidez procesal frente al moroso, principal escollo para los propietarios (como bien señala en este punto Andrés G. Mendoza).

-         La reforma de las SOCIMI se queda en lo anecdótico y no entra en lo fundamental: equiparar el régimen fiscal a los REIT, es decir, tributación sólo a nivel del partícipe o accionista. Otra oportunidad perdida.

-         Y, sobre todo, el equivocado planteamiento de fondo: no es el Estado –los españoles- quien debe recapitalizar las entidades financieras, sino sus acreedores. No es de recibo que los particulares insolventes sean despojados de sus bienes, en severa aplicación de la ley y del sistema de responsabilidades, al tiempo que las entidades financieras insolventes son rescatadas: en nuestro ámbito familiar todos somos sistémicos.

Para profundizar en esta idea, lean este fantástico artículo de Manuel Llamas que acaba de publicar.

Y dada la fecha en la que estamos, no me quiero olvidar de la actitud sumamente irresponsable de los quinceemeros durante el día de ayer intentando provocar pánico bancario entre la ciudadanía mediante la llamada a cancelar sus cuentas en Bankia. ¿Estos son los que van a salvar la patria? ¿Estos son el futuro? Apañados vamos.

 

Qué mala debe ser la austeridad que ha conseguido que llevemos tres trimestres con crecimiento negativo o cero ¡sin haber sido aplicada! No se pierdan este editorial de Cinco Días titulado “El insoportable nivel del gasto público”. Explica el diario económico del grupo Prisa que, mientras los ingresos se han desplomado, el gasto público total ha pasado de 413.000 millones en 2007 a 468.000 en 2011. ¿Y en 2012? Pues ayer mismo nos informaba Juan Carlos Barba en este artículo de que el gasto no financiero de la administración central ha crecido un 13,1% hasta marzo.

Terrible, la austeridad.

Y sin embargo, este es el mensaje que ha calado en la sociedad. No cabe duda de que la izquierda es eficacísima en el manejo de los mensajes y de las redes sociales. Da igual que se corresponda o no con la realidad. He ahí Hollande, nuevo paladín del “crecimiento”. Otra palabra expropiada, como “progreso”. Como si el progreso o el crecimiento pertenecieran en exclusiva a una ideología.

Otro ejemplo: si recuerdan, el año pasado por estas fechas tuvo gran éxito el video Españistán. Responsabilizaba de la burbuja a Aznar y, en especial, a la ley del suelo que aprobó en 1998. Como me pareció injusta esa interpretación, dediqué dos posts en este blog al asunto. Hace unas semanas el autor del cómic, el brillante Aleix Saló, ha editado un nuevo vídeo para promocionar su nueva obra: Simiocracia. Sin duda ha gozado de amplio reconocimiento, pero muy lejos del primero. ¿Tendrá que ver con el poco favorecedor retrato que hace de la segunda legislatura socialista? ¿O quizá con que haya descartado, como muñidora de la situación actual, a una hipotética conspiración de capitalistas sin escrúpulos que supuestamente manejan los hilos del mundo?

 

Vayamos ahora al sector inmobiliario. Aunque ha costado, parece que ya se va admitiendo que la burbuja no fue inmobiliaria, sino crediticia. Y que lo que realmente ocurrió es que se vehiculizó hacia las inversiones inmobiliarias. Pero no sólo hacia éstas. De hecho, el IBEX se está encargando últimamente de mostrar, con toda crudeza, que el exceso de deuda aquejó a todo el tejido empresarial del país. Pero, en fin, el mantra que sigue dominando el panorama, tan falso como el de “la vivienda nunca baja”, es el de “la crisis es consecuencia de la burbuja inmobiliaria”.

Otra interpretación equivocada es la que dice que el precio de los inmuebles tiene que bajar muchísimo, tanto como para alcanzar el ratio de 3 –o como mucho 4- años de salario de la unidad familiar (frente a los 6,1 de la actualidad). Este es sin duda un dato importante, un índice a tener en cuenta. Pero no es suficiente. En el año 1995 –que ahora nos resultaría idílico desde un punto de vista inmobiliario- el número de años de renta bruta familiar necesarios para adquirir una casa era de apenas 3,7. Sin embargo, la tasa de esfuerzo financiero suponía el 48,2% de los ingresos familiares. Mientras tanto, en el burbujeante 2005, cuando el precio de la vivienda representaba 7,3 años de renta bruta del hogar, el esfuerzo era de tan sólo el 39,5%. ¿Qué quiere decir esto? Que la financiación importa, y mucho, a la hora de establecer los precios de este mercado. Que la misma familia, con los mismos ingresos, pudiendo dedicar el mismo dinero al mes a pagar la cuota hipotecaria, podrá adquirir un piso de 150.000 euros o de 300.000 euros según sean las facilidades financieras del momento. Y ¿cuáles son las del momento actual? Nadie a fecha de hoy es capaz de responder en dos o tres líneas. ¿Por qué? Porque el sistema financiero sigue sin funcionar. (Por cierto, que la tasa de esfuerzo actual está en el 36,1%; que si bien no es la más baja de la serie histórica, sí que se encuentra muy lejos del techo del  52% de 2008)

En efecto, nuestro sistema financiero no funciona desde 2007. Un sistema en el que la ocultación de la realidad se ha convertido en un arte. Y si no fíjense en la tasa de mora hipotecaria. A mediados de 2007 comenzó una escalada brutal que la llevó desde el 0,5% hasta el 3% en apenas dos años. A partir de ese momento comenzó a bajar hasta el 2,4% y, desde entonces, apenas ha remontado unas décimas hasta el entorno del 2,8%. ¿Cómo se pueden justificar estos datos si el paro no deja de crecer y la economía se deteriora día a día? En Irlanda, con una tasa de desempleo diez puntos inferior a la nuestra, está por encima del 8%. ¿Se sorprenden ahora de que S&P o JP Morgan alerten de esta irregularidad? Yo no.

Así pues, si los préstamos hipotecarios rondan los 600.000 millones de euros, 5 puntos más de mora representarían 30.000 millones. Ahí queda.

Pero aún hay más. Vayamos a la Reforma Financiera. De los 323.000 millones reconocidos de activos inmobiliarios ligados al crédito-promotor se han considerado problemáticos 175.000 (54%). Y ha sido sobre éstos sobre los que se han elevado las provisiones. Hasta aquí bien. Pero la pregunta que todos se hacen es ¿cuántos de los 148.000 millones considerados no problemáticos lo son realmente? ¿Cuántos responden a refinanciaciones -a “patadas p’alante”- esperando que escampe? Pues seguramente la mayoría. Promotores bien capitalizados haylos, pero son una excepción. Apliquen ahora un nivel similar de provisiones a los 148.000 millones que dicen que son buenos. Y acomódense antes de ver el resultado.

Esos vehículos, o sociedades instrumentales, o bancos malos, que parece que ahora se van a poner en marcha mucho me temo que no van a ser la solución al problema. Y no lo son porque el propio De Guindos ha manifestado que sólo se refieren a los 175.000 millones que son considerados problemáticos. Incluso dando por buenas las exigencias de cobertura de la Reforma Financiera –es decir, asumiendo que el valor de mercado de los activos es el que ha fijado el ministerio- estaríamos otorgando carta de naturaleza a los restantes 148.000 millones de crédito-promotor y a la mora hipotecaria del dos coma algo. ¿De verdad alguien se cree que se va a dar confianza a los mercados con este nuevo cambio de rumbo que sigue sin coger el toro por los cuernos?

O se acomete de una vez y en profundidad la limpieza de la Banca o nuestra economía colapsará, con y sin austeridad, con y sin despilfarro. Dará igual que se hagan reformas laborales, se redistribuyan competencias en el ámbito territorial, se cierren televisiones públicas o se fusionen ayuntamientos. Las buenas y las malas medidas palidecerán mientras la banca no se ajuste de una vez. España ha entrado en una dinámica autodestructiva, en un círculo vicioso que sólo se puede detener si se mete un hachazo definitivo al precio de los activos al tiempo que una Banca ya saneada se dedica a lo que se tiene que dedicar.

Y les dejo para terminar con un extracto del estupendo último artículo de Daniel Lacalle, que expresa de manera inmejorable lo último que quería transmitir hoy:

“Hablan en España de “negociar cómo sacar adelante el banco malo”. ¿Banco malo? No gracias, de esos ya tenemos muchos. Lo peor es que nos digan que se negocia el banco malo -malísimo- con fondos europeos “para que no suponga coste público”. ¿Pero de dónde se creen que sale el dinero del EFSF y de esos fondos europeos? De sus bolsillos, en impuestos. ¿Y sinceramente se creen que unos activos que no se han podido colocar en años van a recibir interés inversor a un valor en libros -muy descontado, me dicen- que no se cree ni Lady Gaga?

Eso de que las entidades bancarias no pueden –no quieren- ampliar capital es una filfa. Unicredito hizo una ampliación de 7.500 millones sin problema. Lo que fastidia es el descuento al que hay que hacerla y el precio que la demanda establece. Ya saben, vivimos en el país de “el precio es el precio”, la demanda no importa y esperar a que escampe. Eso de que una entidad bancaria no puede quebrar porque se crea riesgo sistémico es otra filfa. Se crea riesgo sistémico en los puestos de sus directivos. El propio Emilio Botín lo decia en 2006 “hay que dejar que las entidades insolventes quiebren”. Y nada de chorradas de peligro para los ahorros. Peligro para los ahorros son las cuotas participativas y las preferentes.

La solución es simple y la que se ha dado en todo el mundo. Que algunos bancos insolventes quiebren y se subasten sus activos, que bajen los pisos lo que tengan que bajar, que se limpie el sistema y no se posponga la solución agrandando el agujero. Llevamos desde 2008 con este mismo tema…si lo hubiésemos hecho entonces, ya estaríamos hablando de recuperación.”

Pues eso.

 

Bueno, pues ya se han dado cuenta. Sí.

Despejados del horizonte los nubarrones griegos –al final mera bruma- los ojos del mundo se han vuelto hacia esta España tan vulnerable, a poco que se rasque.

Hubo un tiempo, apenas hace unas semanas, en que para la escena internacional Italia era “el problema”. España mantenía un cómodo spread de 30-40 puntos sobre la vieja patria de los etruscos. Sin embargo, recientes artículos de destacados analistas – como the elephant in the room is Spain, not Italy- evidenciaron poco a poco que el verdadero agujero de Europa estaba en Celtiberia. Las cuentas públicas italianas eran y son peores que las españolas; sin embargo, las finanzas privadas españolas –y por tanto, las de sus bancos- son catastróficas. Algunos aducen que otros también sufren del mismo mal: “El endeudamiento privado de los ingleses no es mejor que el nuestro”. Y es verdad. Pero en el Reino Unido no hay una cuarta parte de la población en paro. Ni un sistema financiero zombi.

Los ingleses reaccionaron con muchos reflejos desde el principio de la crisis mientras aquí sosteníamos que el nuestro era “el mejor sistema financiero del mundo”, como bien explica en este reciente artículo Ignacio de la Torre. Así pues, no exento de carencias y de debilidades, el sistema financiero británico ha sorteado su crisis y su burbuja con donaire.

La España de los planes E, el cheque bebé y los 400 euros es la de aquel señor que pide un crédito y que, en lugar de invertirlo en darle una vuelta a su negocio que empezaba a flaquear, se lo gasta con los amigos en cañas, comilonas y ‘yintonis’. ¿Qué le pasará a ese señor cuando vuelva al banco para refinanciar su deuda e incluso pedir más dinero del futuro? Pues que le dirán que naranjas de la China, a no ser que encuentre un avalista lo suficientemente tonto o lo suficientemente pillado (Alemania) como para seguir alimentando la bola. No debe sorprender que el avalista quiera saber en qué te vas a gastar el dinero: ya se sabe que la cabra tira al monte.

Así pues, la única ventaja de que disponíamos frente al resto de Pigs al principio de la crisis, la relativamente baja Deuda pública, crece casi a la misma velocidad con que el anterior Gobierno llevó el Deficit público a su record histórico. Y crece tanto no sólo por el alarmante aumento del numerador sino por la disminución del denominador: un PIB que cae por muchas razones, pero sobre todo porque una cuarta parte de la población está, contra su voluntad, ociosa.

 

Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis de nuestra economía son Deuda, Deficit, Desempleo y (no) Crecimiento. Eso es lo que nos diferencia del resto de Pigs. Eso y el tamaño, claro, que asusta a cualquiera. La única forma de darle la vuelta al círculo vicioso es mediante un plan de choque integral y completo. No sirven medidas parciales ni parches. Eso fue lo que se hizo durante los últimos años de la legislatura. Eso, y engordar la Deuda. El Gobierno actual, que ha llegado sin margen para florituras y en el centro de todos los focos, afrontó el problema desde esa necesaria perspectiva global: por eso la hoja de ruta englobaba tres grandes reformas urgentes: la financiera, la laboral y la pública (austeridad). Y, ¿cuál ha sido el resultado? Insuficiente.

La reforma laboral es una buena reforma, sí, pero se queda corta. El profesor Benito Arruñada lo explica en esta entrevista que concedió a mi vecino de blog Ángel Martín y que fue publicada en Libre Mercado hace unos días.

La reforma financiera, como ya se ha contado en este blog, da un salto cualitativo pero también es insuficiente. La cantidad de activos deteriorados y por deteriorar es muy superior a la reconocida oficialmente. Nuestra banca está muy tocada. La solución que algunos proponen de que el Estado se haga cargo temporalmente de las entidades para su saneamiento y posterior venta hubiera sido factible en 2008 o 2009; la vía británica. Ahora es demasiado tarde, y el Estado quebraría sin duda. Así, sólo caben dos posibilidades: la asistencia exterior –a través de FMI o del fondo de rescate europeo- o la capitalización de deuda, es decir, que los acreedores de los bancos se conviertan en sus dueños.

Por último, los PGE han sido decepcionantes. La prometida austeridad pública con el consiguiente estímulo del emprendimiento privado –lo único que crea empleo y riqueza- es sólo un slogan del que se ha apropiado la oposición pero sin trasfondo real. El único “recorte” verdadero es el que hemos sufrido trabajadores y empresas por los impuestos sobre los ingresos y las rentas. El gasto público apenas se reduce realmente. Y el servicio a la deuda se dispara.

Ni hay austeridad, ni hay recortes. ¿Cómo se puede decir que hay austeridad cuando este año vamos a gastar 60.000 millones de euros más de los que ingresamos? ¿Es esto desmontar el Estado del Bienestar? El Estado, a través de sus distintos tentáculos, ocupa ya el 50% de la economía. ¿Saben cuál era este porcentaje en 1975, al final de un régimen dictatorial y presuntamente intervencionista? El 25%. ¿Y la mayor diferencia entre la arquitectura del Estado de ese momento y la del actual? En efecto, las Comunidades Autónomas.

 

Resumiendo, ahí fuera se han dado cuenta de tres cosas:

-         La reforma laboral no sólo es incompleta sino que ha sido fuertemente contestada por la población -no tanto por el seguimiento de la huelga general como por la gran afluencia a las manifestaciones-. Si esta reforma, tímida, genera semejante rechazo, ¿será capaz España de implementar reformas de más calado?

-         La reforma financiera es un buen paso, pero insuficiente. España no es capaz de solucionar por sí sola la carga inmobiliaria de su banca. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál y cuándo será el siguiente paso? ¿Pedirá ayuda exterior?

-         Los PGE ni son austeros ni mejoran la capacidad de ahorro o de emprendimiento de los españoles (impuestos). Además, se duda de que el Gobierno central sea capaz de embridar las Comunidades Autónomas. Esas taifas que, como adolescentes en la edad del pavo, son respondonas, insolentes e irresponsables: papá siempre acudirá en su ayuda.

¿Dudarán también de que los que están al frente del timón hayan entendido de verdad el problema? Esto ya es materia para otro post…









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