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Produce bastante desasosiego (entiéndase vergüenza, cabreo, decepción y perplejidad) leer algunas de las condiciones que acaba de imponer Bruselas, por boca de Almunia, a las antiguas cajas rescatadas y nacionalizadas. Dicen los sabios eurócratas –otros que pagamos con nuestros impuestos- que estas entidades deben deshacerse del negocio de crédito a promotores inmobiliarios, reenfocarse en sus regiones de origen, y dejar de financiarse en los mercados mayoristas, esto es, que sólo podrán prestar tanto como tengan en depósitos.

Empecemos por el final. En efecto, uno de los vicios de la banca patria durante los años del boom fue el de endeudarse “por encima de sus posibilidades”. Cuando de niños nos contaban cómo funciona el negocio bancario nos explicaban que el dinero que uno ahorra enseguida es prestado por el banco a un tercero para acometer un negocio o inversión. Y que el banco vive de la diferencia entre el interés que cobra al que presta y el que paga al ahorrador. Pues bien, eso era más o menos así hasta la entrada en el euro. Se podría decir que España era una autarquía en términos financieros. Sin embargo, poco a poco esto fue cambiando y el sistema financiero español dejó de ser sólo un intermediario entre ahorradores españoles e inversores españoles para canalizar, además, el ahorro de los extranjeros. En sí no es malo. El problema surge cuando el banco toma prestado ahorro exterior con compromiso de devolución a uno, dos, o cuatro años, y lo presta a españoles para hipotecarse a cuarenta años. Mientras hay confianza, no pasa nada, pues los vencimientos van renovando. Pero el día que ésta se quiebra, ¿qué pasa? Que el ahorrador extranjero quiere su pasta y, como nadie más te quiere prestar, el banco acude a papá-Estado para que se haga cargo del problema.

Pues bien, Bruselas quiere que esto no suceda más. Pero no con toda la banca europea o española, no. Sólo con las entidades nacionalizadas. Podía haber dicho: a partir de ahora nadie podrá prestar más de lo depositado. O nadie podrá prestar por un plazo superior al del depósito. Pero no. Bruselas establece para unas entidades determinadas –y sólo para estas- unas condiciones que, buenas o malas, las incapacita para competir en condiciones de igualdad. Bravo.

Señala también la Comisión Europea que deben volver a sus regiones de origen. Les voy a decir una cosa: si la Caja de Ahorros y Préstamos de la Provincia de Soria no se hubiera fusionado con la de Salamanca ni, bajo la marca Duero, hubiera sucumbido a todas las tentaciones de la burbuja, ahora no sólo no estaría contemplando la necesidad de ayudas públicas, sino que sería una de las entidades más solventes del país, pues la tasa de ahorro en Soria es la más alta de España. Pero, ¿saben una cosa? Ese tiempo ya pasó. Ni las cajas son ya cajas –se han transformado en bancos- ni es posible deshacer el camino andado, ni el problema ni siquiera es ese: el problema es la ley 31/1985 de regulación de los órganos rectores de las Cajas de Ahorro. Una ley que, con el peregrino argumento de “democratizar” las cajas, facilitó que las entidades se convirtieran en patio de monipodio de la corrupción política y sindical. Ese es el problema de fondo y no otro.

Lo tremendo es que, a partir de ahora, la caja gallega, que está hiperrepresentada en Galicia, no va a poder buscar un reequilibrio territorial más proporcionado –deshaciéndose del exceso gallego y compensándolo con otras zonas que puedan resultar adecuadas a su modelo de negocio-. Y lo de Bankia aún es peor: dado que resulta de la fusión de siete entidades dispersas por todo el país que operan tradicionalmente en al menos diez provincias, sus directivos van a tener que aprender a jugar a la rayuela para desarrollar su negocio. Muy eficaz todo esto. Muy de pisar suelo. Muy de Bruselas.

Por último, cómo no, también los eurócratas prohíben la concesión de crédito al sector inmobiliario. Tenían otras opciones. Por ejemplo, exigir un porcentaje de fondos propios mínimo en la concesión de préstamos para adquirir suelo. Por ejemplo, condicionar la financiación a la obtención de la licencia de construcción y a la comercialización de un porcentaje elevado del producto final. Por ejemplo, desvincular la actividad inmobiliaria de la financiación de ayuntamientos. Tres cositas que se me ocurren así, de golpe, mientras escribo esto. Resumiendo, podían haber sugerido medidas para garantizar un mercado de préstamos más sano. Pero no. Es mejor prohibir, cercenar la libertad. Como se han muerto tres en el Madrid Arena, prohíbo macrofiestas. Como se han matado no sé cuantos en la M-30, la cierro. O mejor aún, prohíbo conducir. Como la gente se tira por la ventana, que las tapien. Y, ya de paso, demonizar un sector. ¿Por qué se prohíbe financiar al promotor y no al particular para hipotecario? ¿Por qué no se prohíbe financiar a las constructoras que han hecho las absurdas infraestructuras que yacen, inútiles, por los campos de Castilla? Ah, claro, que es que el que promovía los aves y los aeropuertos era la administración pública. Qué tonterías me pregunto.

Y mientras, los Blesa, Mafo, Salgado, Olivas, Moltó,… desde sus retiros dorados, se parten de la risa. Más madera, amigos, que el tren no pare.

 

Que Mariano Rajoy, con la imposición del Collar de la Orden de Isabel la Católica en su primer BOE, haya aceptado la herencia de Rodríguez Zapatero a beneficio de inventario no elude a éste último de sus responsabilidades ni le exime, por tanto, de la condena de la Historia –y, quien sabe, si de la de alguna otra instancia más terrenal e inmediata-.

Ayer por la tarde se ha sabido que, en lo que es uno de los principales agravios que ha sufrido España en lo que llevamos de crisis, la República de Irlanda ha obtenido una importante victoria en sus negociaciones con la UE al conseguir que Hollande y Merkel apoyen, como cosa excepcional, la recapitalización directa de sus bancos.

España lleva luchando por obtener este mismo tratamiento desde que, hace unos meses, fuimos forzados a solicitar un rescate financiero –que, a priori, va a suponer la friolera de 40.000 millones de euros-.

Pero, antes de seguir, ¿por qué es tan importante esto de la “recapitalización directa”? Tendría tres efectos importantísimos: el primero, es que la deuda necesaria para recapitalizar la banca no computaría como deuda pública española, aligerando la enorme losa de las cuentas públicas –lo cual, si no evitaría, al menos retrasaría nuestro quinielado default-. El segundo, que la carga recaería sobre el conjunto de los ciudadanos de la UE y no sólo sobre las del exhausto contribuyente español. Y tercero (quizá el más importante), se rompería la peligrosísima dinámica de préstamos cruzados entre la banca nacional y el Estado –un círculo vicioso letal-.

En España, a pesar de que los verdaderos protas de la UE no se habían pronunciado en tal sentido, sin embargo nos habíamos hecho ilusiones por algunas declaraciones –mero wishful thinking- de excelsos prebostes de incuestionable tarjeta de presentación VIP pero que, a la postre, no son más que meros figurantes de la escena bruselense. Así, la famosa carta –que atormenta a un atribulado Miquel Roig como se puede advertir en su magnífico blog-  publicada en la web del ministerio de economía finés y firmada por el país anfitrión, Alemania y Holanda dejaba claro y meridiano que el MEDE no iba a asumir las pérdidas del saneamiento de la banca española.

Y se preguntarán, ¿qué ha pasado para que Irlanda sí sea meritoria de la asistencia de sus socios? La ausencia de dolo, de mala fe. Así lo explicaba François Hollande ayer mismo: “la especificidad irlandesa es el calendario”. “En ese país los bancos fueron recapitalizados hace meses, antes de que existiera el MEDE y el mecanismo del BCE, lo que obligó a Dublín a llevar a cabo este proceso a costa de sus presupuestos”.

 

¿Y España? ¿Ha engañado? ¿Cuáles son las diferencias?

Irlanda fue honesta, y humilde, desde un principio. En cuanto surgieron dudas acerca de su sistema financiero, acudió con el séptimo de caballería al rescate de la banca. Y resultó que la banca tenía un agujero que succionó sin compasión todo el crédito de la República. Así las cosas, Irlanda fue arrastrada al precipicio con lo que no le quedó otra que solicitar un rescate a Europa. Hablamos de la prehistoria de la crisis, cuando aún no había mecanismos de rescate, y realmente se pensaba que era más bien un asunto americano (subprimes) con algunos –pocos- daños colaterales.

Posteriormente Irlanda –el pueblo irlandés- ha mostrado una gran serenidad durante todos estos años. Entonaron el mea culpa, y nadie recuerda manifestaciones violentas ni acampadas en Dublín. Resignada, pero responsablemente, se ha tragado su crisis. Si acaso beligerantes, lo fueron donde el sentido común lo hacía necesario: el mantenimiento, frente a las “recomendaciones” de la troika, de su bajísimo impuesto de sociedades, razón por la cual la mayoría de empresas de los Estados Unidos –y no sólo de allí- radican en Eire su sede europea. O sea, más ingresos y más empleo.

Mientras todos hacían sus deberes (recordemos que incluso Alemania, Holanda y Reino Unido recapitalizaron entidades), aquí –y perdonen el tópico- teníamos el sistema financiero más sólido del mundo. Se implantó la filosofía del pretend & extend que no sólo consistió en impedir el pinchazo de la burbuja crediticia y financiera en los balances bancarios, y en promover fusiones ruinosas: el Estado gastó a razón de unos 100.000 millones de euros anuales por encima de lo que ingresaba. Así, si al comienzo de la crisis nuestra deuda estaba en el entorno del 36% del PIB, a final de 2011 había superado el 70%… ¡y sin haber empezado el doloroso proceso de recapitalización!

De hecho, cuando el nuevo Gobierno tomó posesión, tampoco se atrevió a acometer el saneamiento que realmente hubiera hecho falta, sino que se conformó con una Reforma Financiera (la primera) ambiciosa, pero limitada a lo que el propio establishment se podía permitir. Una reforma que quizá hubiera bastado en 2008 o 2009, pero no a principios de 2012, con una economía en plena descomposición. Inversores, agencias de calificación y, finalmente, Europa, se dieron cuenta de que era insuficiente y exigieron dotar provisiones por pérdidas mayores, y someter los balances de la banca a un análisis independiente y externo –manifestando así el terrible descrédito sufrido por el Banco de España bajo las órdenes de Fernández Ordóñez y la tutela de Rodríguez Zapatero-.

 

Concluyendo:

1)      España reconoció tarde sus problemas

2)      los reconoció a medias

3)      hasta el punto de ser forzada a hacer una valoración independiente

4)      gastó su crédito en absurdas políticas keynesianas en lugar de usarlo, en el momento adecuado, para recomponer su sistema financiero

5)      se mantiene orgullosa y no quiere reconocer que es el Estado en su conjunto el que requiere rescate.

Estas y no otras son las razones de la “excepcionalidad” irlandesa.

 

Dedicado a mis queridos @godivaciones y @miquelroig

 

En el post anterior expliqué cómo había procedido Oliver Wyman (OW) para estimar la probabilidad de impago de las carteras analizadas. Tanto para crédito-promotor como para hipotecas minoristas han clasificado los créditos según su LTV o loan to value.

Como decía, el LTV se expresa en porcentaje, y es la cantidad prestada en relación al valor del inmueble –que sirve de colateral-. Así, el préstamo de 80.000 euros para la adquisición de un activo que en el momento de la compraventa fue tasado en 100.000 euros, tiene un LTV del 80%. Centrándonos en la cartera de hipotecas, hay algunas observaciones que hacer que conviene no pasar por alto.

Los créditos se clasifican según su LTV de la siguiente manera: 1) menos del 60%; 2) desde el 60% hasta el 80%; 3) desde el 80% hasta el 100%; 4) más del 100%.

Para afinar más la puntería, OW también tiene en cuenta la fecha de constitución de la hipoteca. Así, los dividen entre 1) 2011; 2) 2010; 3) 2009; 4) 2008; 5) 2007; y 6) 2006 y anteriores.

De tal modo que finalmente les sale una matriz que viene a ser así:

Fecha de constitución de la hipoteca (vintage)

LTV

  2011 2010 2009 2008 2007 2006 y ant

0%-60%

0,2

0,3

0,2

0,2

0,2

0,1

60%-80%

0,8

1,2

0,8

0,8

0,8

0,6

80%-100%

1,2

1,6

1,1

1,1

1,1

0,8

> 100%

1,4

1,9

1,4

1,4

1,4

1,0

 

Y en cada una de las casillas introducen un multiplicador de amplio rango (va desde 0,1 hasta 1,9, ambos en negrita).

La idea que subyace es que, cuanto más cercana está en el tiempo la hipoteca, y cuanto más elevado es el porcentaje de LTV, mayor es la probabilidad de default, lo cual tiene sentido: una hipoteca con más de 10 años de vida, y con un LTV del 50% es francamente improbable que llegue a impagarse, salvo auténtica desgracia. Y no sólo por su buena hoja de servicios o track-record, sino por la terrible pérdida que supondría para el ejecutado tirar por el desagüe una buena cantidad de intereses pagados, además de ceder a coste de chollo un piso que doce años atrás se adquirió, sin duda, a un precio sensiblemente más bajo que los actuales.

 

¿Y hay algo que llame la atención? Un par de cosas:

 

1)      Sé que la inercia del sector inmobiliario y los largos plazos de ejecución tienen como consecuencia que muchas de las hipotecas firmadas en 2009 (entrega de la vivienda) se correspondan con operaciones cerradas en 2007. Pero, aún así, meter en el mismo saco todas las hipotecas con fecha 2006 y anteriores atenta contra el espíritu y la utilidad práctica de la propia matriz. Las hipotecas de al menos 2006, 2005 y 2004 son, además de muy numerosas, de gran riesgo tanto por gozar de elevados LTVs como por corresponderse con momentos en que los precios de los activos inmobiliarios ya eran de clara burbuja. Por lo tanto, parece lógico que estos años hubieran merecido por parte de OW un trato individualizado con la aplicación, consecuentemente, de unos multiplicadores más elevados. Porque el resultado de juntar las hipotecas de estos años con las más antiguas vigentes en España es la dilución de las más arriesgas con las más solventes, en detrimento de la percepción real del riesgo.

Estoy seguro de que la pérdida esperada total (en el informe estimada en casi 25.000 millones de euros), de haberse hecho el ejercicio con la individualización de los años 2004-6, ascendería a unos pocos miles de millones de euros más que, para el conjunto del sistema financiero, no habría tenido un impacto muy elevado. Sin embargo, quizá sí que hubiera supuesto el suspenso de alguna otra entidad y, probablemente, el sorpasso de la mágica cifra de 60.000 millones de euros. Y castiga más a aquellas entidades que entraron tarde, aunque pisando fuerte, en la burbuja -como el Popular- frente a otras que, si bien contribuyeron decisivamente en la loca carrera de las hipotecas de alto riesgo, echaron el freno a partir de 2006.

 

2)      En segundo lugar, llama poderosamente la atención la elevada probabilidad de pérdida que OW aplica a las hipotecas constituidas en ejercicios post-burbuja. De hecho, el mayor castigo se lo lleva 2010, seguido de 2011.

En este blog no se han ahorrado críticas durante los últimos dos años a la nefasta práctica de la banca de seguir prestando con esquemas de burbuja (LTV del 110%, 40 años de amortización, etc.) para colocar “como sea” los activos adjudicados o en vía de adjudicación. El informe de OW indica que no andaba desencaminado. Pero esto no es lo más grave. En fecha tan poco sospechosa como febrero de 2011 el propio Banco de España alentaba la constitución de nuevas hipotecas en este powerpoint (ver pág. 22) como puse de manifiesto en un post que elaboré al respecto. En efecto, el todavía gobernador Mafo insistía en que uno de los factores de “solidez del sistema financiero” era el elevado porcentaje de hipotecas sobre la inversión crediticia total.

Parece que no llevaba razón, el ex Gobernador.

 

Desde que el viernes se hizo público el informe de Oliver Wyman no han dejado de arreciar las críticas, que se han centrado, oportunamente, en las necesidades finales de recapitalización y/o en las de aportación de fondos públicos. Aunque al final del post haré una valoración en este sentido, lo que me parece importante destacar de esta nueva edición de los test de estrés es que, por primera vez, el análisis de la cartera es verosímil. Antes de empezar a escribir esta pieza he releído la que redacté con ocasión de los test de estrés patrocinados por la EBA en julio de 2011 -hace poco más de un año-.

Fíjense que en aquella ocasión, las hipótesis macro –en la situación adversa- eran de una caída del PIB del 1% en 2011 y del 1,1% en 2012; un paro del 22% en 2012; y una caída del precio de la vivienda del 21,9% hasta 2012 –acumulando un total del 34,2%-. Mientras tanto, en el actual, la caída estimada del PIB es de 4,1%, 2,1% y 0,3% en 2012, 2013 y 2014 respectivamente. La tasa de paro prevista para el mismo periodo es del 25%, el 26,8%, y el 27,2%. La caída adicional de la vivienda, 19,9% 4,5% y 2%; y del suelo, 50%, 16% y 6%. Nada que ver.

Oliver Wyman analiza la cartera de deuda privada y activos adjudicados de 14 entidades financieras (que representan el 90% de nuestro sistema financiero). No es, por tanto, un análisis completo, pues faltan algunas entidades (básicamente cajas rurales y entidades extranjeras con ficha del Banco de España) y se elude expresamente la cartera de deuda soberana en manos de nuestra banca. La banca nacional atesora una parte importante de la deuda del Estado que, en condiciones normales, se consideraría risk free. Pero nuestras condiciones hace tiempo que no son normales. De hecho, en estos días hay un fundado temor a que Moody’s rebaje la calificación de la deuda soberana a bono basura (junk). Se pueden imaginar el impacto que tal medida tendría en la solvencia de BBVA, Santander o Caixa.

Me he centrado en comprobar la metodología y el resultado del análisis de OW en referencia a las tres subcarteras del ámbito inmobiliario: Activos adjudicados, crédito promotor, e hipotecas minoristas.

 

Activos adjudicados (Foreclosed Assets, en el informe)

En la introducción a este apartado, OW revela, quizá inintencionadamente, que desde el pico hasta 2011 la vivienda ha caído un 19% y el suelo un 36%. (Si lo relacionan con las hipótesis macro enunciadas más arriba comprobarán que las caídas esperadas en situación adversa son ya considerables: 40% en vivienda, y 75% en suelo. Esto ya merece un titular que nadie, hasta ahora, ha redactado).

El valor en libros de los activos adjudicados alcanza la escalofriante cifra de 88.000 millones de euros (para que se hagan una idea, 38.000 corresponden a viviendas que, a unos 200.000 euros de valor medio por vivienda, son cerca de 200.000 unidades). Después de arrear varios “sartenazos” ( 1- valor a “hoy”,o sea, 2011; 2- valor a 2014; 3- descuento individualizado según sus características) a ese valor inicial, llega a un descuento medio de nada más y nada menos que el 63,4%, es decir, unas pérdidas de 55.500 millones. Además, nos desglosa el descuento por tipo de activo: el 80% en suelo, el 66% en vivienda en construcción, el 52% en obra nueva, o el 50% en segunda mano. Pero no crean que es un descuento homogéneo o al tuntún. El informe explica que se han hecho multitud de valoraciones y que se han tenido en cuenta factores como la ubicación, la fecha de adjudicación, las provisiones realizadas, el tamaño, etc. En función de lo cual le han metido más o menos “sartenazo” (creo que esta es la mejor palabra para traducir haircut). De hecho, nos explica el rango de descuento que ha habido según el tipo de activo. Sirva como ejemplo la vivienda de obra nueva, que va desde el 31% al 63%.

 

Crédito Promotor (Real Estate Developers, en el informe)

El informe nos va poniendo en antecedentes. Así, nos cuenta que inicialmente el LTV (loan to value, el porcentaje de préstamo sobre el valor del activo) en España es bajo -68%- comparado con los de otros países europeos o EEUU –entre el 80 y el 100%-. Pero que una vez revisados y actualizados los valores a 2014 nos vamos al 253% (en el escenario adverso). También señala que, aunque un 49% de los préstamos han sido objeto de reestructuración, sólo el 1,6% de los préstamos “buenos” deberían haber sido reclasificados como default. Además explica que el 3,3% de los préstamos de la cartera Pymes y el 0,4% de los de Grandes Empresas deben ser reclasificados como crédito promotor (“trampas” de los bancos para camuflar riesgo).

Para calcular la probabilidad de impago (PD- probability of default) de estos créditos lo que han hecho ha sido clasificarlos según su LTV a fecha de 2011: de 0 a 60%; de 60% a 80%; de 80% a 100%; y más de 100%. Y a cada uno de estos cuatro rangos le aplican una PD en función de los datos históricos. Como es lógico, la probabilidad de impago aumenta cuanto mayor es el LTV. Además, explica el informe que se han reservado el derecho a modificar el resultado de este peculiar método teniendo en cuenta diversas circunstancias, además de las hipótesis macro.

Como consecuencia, les ha salido una probabilidad de impago (PD) del 87,5%. ¿Sorprendente? Bueno, no tanto si uno conoce el paño en el sector: promotoras zombis, ya saben. La pérdida proyectada alcanza el 42,8% de la cartera (97.100 millones sobre un total de 227.000). ¿Y cuál es por tanto el descuento que se ha aplicado al colateral? No lo dice expresamente (o al menos yo no lo he encontrado), pero a partir de estos datos lo podemos hallar:

Probabilidad de impago X valor de la cartera X caída del valor medio

=

Pérdida esperada

 

Despejamos: Caída del valor medio = 97.100 M / (227.000 M x 87,5%) = 49% Es decir, se estima que el valor medio de la cartera de crédito promotor es del 49%. Ojo a este dato, porque los decretos “De Guindos” estimaban una caída media del 45%. Es decir, que se ha aumentado la estimación media de pérdidas (en línea con el criterio “conservador” que anunció el Secretario de Estado Jiménez Latorre hace unos días, en referencia a la SGA o “banco malo”).

Antes de seguir adelante, una reflexión: ¿Por qué se ha elegido este método del LTV para estimar la probabilidad de impago? Como ya sabemos, las sociedades tienen como norma su responsabilidad limitada. Por tanto, en su caso cabe la dación en pago y la ejercen. Así, en la medida en que están más cerca de una situación underwater (cuando la deuda supera el valor del activo) la tentación de dejarle el marrón al banco aumenta. En cualquier caso, sea cual sea el método utilizado, la estimación de una probabilidad de impago del 87,5% es convincente.

 

Hipotecas minoristas (Retail Mortgages en el informe)

En hipotecas se ha usado el mismo método que en Crédito Promotor, el LTV. El informe nos cuenta que el LTV inicial estimado es del 62% (muy por debajo del irlandés, en el 100%, o el americano, en el 80%). Además, revisado y actualizados los valores, se queda en un esperanzador 99%.

Para estimar la probabilidad de impago (PD), hacen una segmentación similar a la anterior y, además, elaboran una matriz incluyendo también la “añada” o fecha de origen de la hipoteca. Separan entre hipotecas de 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, y 2006 y anteriores. Y, al igual que antes, se reservan el derecho a “sartenazo” en función de diversas circunstancias y proyecciones macro.

No se olvida de mencionar la responsabilidad ilimitada del hipotecado (full personal liability), una de las claves, según OW, de que la morosidad sea tan baja en comparación con otros países. También informa de que hasta un 19% de las hipotecas cuentan con avalista, que asciende hasta el 21% en los casos en que el LTV es muy alto (lo cual es coherente). Por último, estima que el 9% de las hipotecas han sido reestructuradas, aunque sólo considera que el 0,2% deberían reclasificarse como default.

Concluyendo, estima una probabilidad de impago del 15,4%, y una pérdida proyectada del 4,1% (24.700 millones de euros sobre un total de 602.000). ¿Cuál es, pues, la caída del valor medio? Aplicamos la misma fórmula de antes y tenemos:

Caída de valor medio = 24.700 M / (602.000 M x 15,4%) = 27%. No debe sorprendernos que la caída media sea tan baja en este caso, pues entran en liza todas las hipotecas vivas del sistema, muchas de las cuales tienen varios lustros de antigüedad y que, por tanto, su precio de adquisición (y su LTV) son muy bajos, por lo que compensan las más recientes.

Sobre hipotecas, otra reflexión: la mora actual es del 3%, y el informe le mete cuatro puntos más. ¿Parece bastante? Personalmente soy escéptico. Realmente creo que la probabilidad de default de las hipotecas constituidas a partir de 2000 es mucho mayor, y que se debería haber incidido en ello en el informe. El paro -creciente y de larga duración-, la cada vez mayor sensación de estar underwater, el aumento del coste de la vida con las subidas de luz, gas, y todos los impuestos imaginables, etc., dibujan un escenario cada vez más complicado para las familias. Además, los cambios legislativos que introdujo Zapatero el año pasado (elevación del sueldo inembargable, elevación del precio de adjudicación en subasta desierta) facilitan el paso “al otro lado” de los que están en la cuerda floja.

 

Siguientes pasos

Y ya para terminar. ¿Qué pasará después? Para reducir sus necesidades de capital, los bancos podrán hacer varias cosas:

-         Enajenación de activos

-         Traspaso de activos a la Sociedad de Gestión de Activos (SGA)

-         Realización de ejercicios de asunción de pérdidas por los tenedores de instrumentos híbridos (voluntarias o impuestas por las autoridades)

-         Captación de capital que pudieran obtener de manera privada en los mercados

 

¿Y cómo será lo de la SGA? En los documentos anexos al informe de OW se explica:

Los activos relacionados con el sector inmobiliario de los bancos participantes que necesiten apoyo público serán transferidos a una Sociedad externa de Gestión de Activos (SGA). Así, la SGA se centrará en las exposiciones inmobiliarias de dichos bancos. Dentro de esta categoría se pueden identificar los siguientes tipos de activos: adjudicados, préstamos vinculados con el sector inmobiliario (clasificados como normales, subestándar y dudosos) y participaciones en empresas del sector. Todas estas clases de activos tendrán que cumplir con criterios específicos de elegibilidad. El precio de transferencia se determinará bajo parámetros conservadores y, al mismo tiempo, se fijarán criterios para establecer un tamaño máximo a la SGA. Estos y otros detalles acerca del establecimiento de la SGA se darán a conocer a mediados de octubre. Las pérdidas, en su caso, se materializarán en los bancos en el momento de la segregación. Las autoridades españolas, en consulta con la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), han preparado un plan general y un marco legislativo para el establecimiento de este mecanismo de segregación de activos. Las autoridades españolas adoptarán la legislación precisa en otoño a fin de garantizar que la entidad (SGA) esté en pleno funcionamiento para noviembre de 2012. La actividad principal de la SGA será gestionar la cartera de préstamos y activos inmobiliarios que adquiera de los bancos participantes en un plazo acordado de 15 años, con el objetivo de:

-         Optimizar los niveles de recobro y mantener el valor de los activos en la medida de lo posible.

-         Minimizar el impacto negativo en la economía española, el mercado inmobiliario y el sector bancario.

-         Efectuar una gestión de capital eficiente con la finalidad de reducir al máximo el coste del saneamiento.”

 

Valoración final

Como decía al principio, creo que tanto las hipótesis macro como el análisis de la cartera, con sus pegas y sus triquiñuelas, son lo más verosímil que se ha hecho hasta ahora desde que empezó la crisis. Las pérdidas estimadas de 270.000 millones de euros de toda la cartera de deuda privada parecen creíbles a estas alturas de la crisis, lo que no quiere decir que, según vayan empeorando las cosas (que probablemente lo harán), queden obsoletas.

Este es un ejercicio teórico que asume de entrada unas hipótesis que han sido impuestas o negociadas con el BCE, la EBA, la Comisión, y el FMI. A lo mejor analizar la cartera de préstamos con un horizonte de 3 años es insuficiente, pero conviene recordar que casi todos los stress test se han hecho con tan sólo 2. Es posible que exigir un core de sólo el 6% en el escenario adverso (frente al 9% en el base) no sea lo más conveniente, aunque el propio ministerio explica que en ningún test se han tomado los mismos requisitos de capital en los dos escenarios, y como prueba señala que en el último test de la EBA se utilizaron un 5% y un 8% respectivamente.

En todo caso, que se trate de una hipótesis de trabajo no elimina la sospecha de que, desde un principio, se haya querido encajar el saneamiento financiero en un máximo de 60.000 millones de euros. Un traje impuesto a un cliente muy gordo que mete tripa y que puede hacer saltar las costuras en cualquier momento. Estos días he podido leer interesantes artículos al respecto (como este de Gurusblog, este de Alberto Artero, o este otro de David de Bedoya), aunque por encima de todos les recomiendo este de Juan Ramón Rallo y este otro de Manuel Llamas (que glosa el anterior) y que cifra prudentemente el rescate financiero en el entorno de los 100.000 millones. ¿Por qué no hacerlo, si ya los tenemos concedidos? Ya que no se optó por la vía de la quiebra ordenada y de la capitalización de deuda, y ya que el Estado (o sea, todos) está empantanado con este asunto, no dejemos el trabajo a medias, aunque sólo sea por una vez.

 

Por último, les dejo este link del Mineco desde el que pueden acceder a todos los documentos: informe de OW, presentación del BdE, FAQ elaborado por el ministerio y el BdE, y la nota explicativa del informe.









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