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La presentación en sociedad del Anteproyecto de Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler de Viviendas el pasado viernes 24 es sin duda la noticia de mayor calado en el sector inmobiliario desde 2008.

Además de una reforma profunda -aunque tal vez insuficiente- de la actual legislación de arrendamientos urbanos, por fin el Gobierno se ha dado cuenta de que sólo poniendo al alcance de los inversores el instrumento apropiado se podrá impulsar de nuevo el maltrecho sector inmobiliario de nuestro país: los REIT

Cuando en el mes de mayo el Ministerio de Fomento avanzó las líneas maestras de la reforma, el desánimo cundió en el sector. En este post critiqué duramente la oportunidad perdida que suponía reformar las SOCIMI con esa visión pequeña y cortoplacista del recaudador de impuestos con mitones. Y, sinceramente, no pensaba que las cosas fueran a cambiar tanto en tan poco tiempo. Parece que las críticas publicadas y el periodo de alegaciones que el propio ministerio abrió al público durante el mes de junio no han caído en saco roto. Tres son las novedades fundamentales con respecto al modelo propuesto en mayo:

1)      Posibilidad de cotizar en cualquier mercado multilateral, como el MAB (Mercado Alternativo Bursátil)

2)      Obligatoriedad de distribución del 80% de los beneficios (frente al 50% previsto en mayo)

3)      Y sobre todo, la modificación fundamental del régimen fiscal, con un tipo de gravamen que pasa del 19% al 0%. (Así pues, la fiscalidad se concentra en el partícipe o accionista, en el momento de percibir el 80% del beneficio vía dividendo)

 

Hace más de un año conté en este blog que, en una conversación con uno de los más reputados gestores de vehículos de inversión inmobiliarios del Reino Unido, me comentó que, para invertir en España, se necesitaban dos cosas:

-         Un vehículo apropiado

-         Ajuste de precios

El primer requisito, con esta reforma anunciada por Ana Pastor el pasado viernes, ya es un hecho.

¿Y el segundo? ¿Se puede considerar a estas alturas de la crisis atractiva la inversión en propiedades? ¿Es un buen momento para entrar en el sector?

Ha llegado el momento de arrancar motores. Esto se pone en marcha. Y no tanto por el banco malo como por las decisiones que se va a ver obligada a tomar la conocida como “banca sana”. Pero eso se lo cuento dentro de unos días.

 

Y no se olviden de esto: 100.000 millones de euros están esperando para entrar en el país.

 

Las Socimi son sociedades anónimas cuyo objeto social es la adquisición y promoción de activos inmobiliarios de naturaleza urbana para su alquiler, sea cual sea el uso. Se caracterizan por un régimen fiscal muy ventajoso a cambio de exigir el reparto vía dividendo de la casi totalidad de las rentas generadas. Además, que sus acciones deben estar admitidas a negociación en un mercado regulado (en una bolsa).

Son muchas las bondades de esta figura inspirada en los REIT (Real Estate Investment Trusts) anglosajones. De entrada, permite a los particulares adquirir propiedades que, por su tamaño, les serían inalcanzables de forma individual. Aunque para ser francos esto ya lo podían hacer a través de los famosos Fondos de Inversión Inmobiliaria (FII). La principal diferencia con estos últimos estriba en que proporcionan un dividendo fácil de cuantificar y de prever garantizado. Y, sobre todo, la posibilidad de entrar y salir de la sociedad a su libre antojo, comprando y vendiendo acciones en tiempo real gracias a que cotizan en mercados libres, eso sí, al precio que fije el mercado.

Si las Socimi hubieran tenido éxito, el mercado en su conjunto habría ganado mucha transparencia, pues no hay mejor valoración de una empresa o de un activo inmobiliario que la que le otorga el mercado cotizado, máxime si la propiedad está en arrendamiento.

Por otra parte, estos vehículos de inversión inmobiliaria aportan seguridad jurídica para el inversor particular: tratándose de sociedades cotizadas difícilmente se podría reproducir el escandaloso ‘corralito’ al que los gestores de los antiguos FII –encabezados por el Santander- sometieron a sus partícipes a comienzo de la crisis.

Liquidez, transparencia, accesibilidad, seguridad jurídica… ¿alguien da más? ¿Habían soñado alguna vez invertir en ladrillo en estas condiciones?

 

Y sin embargo fallaron. ¿Por qué? Una regulación demasiado rígida, el advenimiento del crash inmobiliario,… y, sobre todo, una fiscalidad inadecuada: La EPRA (European Public Real Estate Association) emitió el 13 de noviembre de 2009 esta nota en la que tacha la regulación de las Socimi de “oportunidad perdida”. ¿Y eso? Pues porque no se aplicó la regla de tributación a nivel del accionista. En los REIT de Europa y Estados Unidos la sociedad no tributa (o lo hace testimonialmente) y son los accionistas, al cobrar el dividendo, los que pagan impuestos. Aquí se optó por una tributación mixta: del 18% para las Socimi, y del 12% para los accionistas que fueran personas jurídicas. Las personas físicas, exentas. En fin, ya saben, lo de siempre en España, el mundo al revés.

Hace cosa de un año tuve ocasión de escuchar la conferencia de uno de los principales inversores británicos del ramo y, ¿saben qué dijo? Que para invertir en España se necesitaban dos cosas: que la banca reconociera las pérdidas en los activos (precios bajos) y que se proporcionara un vehículo de inversión semejante al REIT (reformar las Socimi).

¿Y saben de qué volumen de inversión estamos hablando? Pues según un estudio realizado por IESE, Sociedad de Tasación, IPD y Asprima, la friolera de 100.000 millones de euros potenciales. A esta cifra se llega a partir de la comparación de lo que sucede con los países de nuestro entorno. Así, mientras en Francia, Reino Unido y Alemania la inversión institucional alcanza el 15% del PIB, en España se queda en el 5%.

 

Visto lo visto, convendrán conmigo que una reforma de las Socimi era urgente y necesaria. Pues bien, pasemos a analizar el Anteproyecto (págs. 12-14) que ha presentado Fomento:

 

1)      Plazo de mantenimiento de los inmuebles promovidos por la entidad: se reduce de 7 a 3 años. En principio me parece una medida positiva, pues permite a las sociedades recomponer y adaptar más fácilmente su cartera de inversiones. Además, es coherente con la reforma de la LAU por la cual el inquilino tiene la facultad, en vivienda, de mantener el contrato por 3 años a su voluntad.

2)      Diversificación: ya no es necesario tener al menos 3 inmuebles ni que ninguno de ellos represente más del 40%. Me parece positivo. De hecho, hay inmuebles únicos que por tamaño y envergadura pueden constituir una inversión muy atractiva para un particular (un gran centro comercial, una torre de oficinas tipo las cuatro torres o Picasso, un parque empresarial o industrial, una gran promoción de viviendas en alquiler).

3)      Reducción del capital social de 15 a 5 millones. Relajar la exigencia de capital social no ocasiona ningún perjuicio y facilita la constitución de Socimis.

4)      Obligación de distribución de beneficios: del 90% al 50%. Esta medida distancia a la Socimi del REIT. Estos vehículos de inversión se originan para que los particulares puedan acceder a la inversión en activos que por su precio sólo están al alcance de las grandes fortunas y de los inversores institucionales. Desligar la inversión de la rentabilidad del inmueble alimenta o incentiva al inversor menos conservador, más preocupado por la revalorización que por la rentabilidad.

5)      Eliminación del requisito de un máximo del 70% en financiación ajena. En fin, parece mentira que estemos en una crisis uno de cuyos orígenes sea haber practicado loans to value del 90%, el 100%, e incluso más. Un endeudamiento superior al 70% no es nada recomendable para la salud de una compañía, se dedique a lo que se dedique (además de francamente difícil de obtener hoy día).

6)      Requisitos para admisión a cotización en mercado regulado: de 25% al 15% del capital en circulación, y de 100 a 50 accionistas mínimo. La reducción del capital en circulación parece una medida que va en contra de los objetivos de liquidez y transparencia que hacen a un REIT atractivo para el particular: menos free float es más manipulación del precio real. La reducción del número de accionistas necesarios es inocua; contribuye en principio a facilitar la constitución del vehículo.

7)      Las sociedades tributan en función del resultado del ejercicio, no del reparto de dividendos. Es una medida coherente con la medida 4): sólo faltaba que habiendo reducido del 90% al 50% la obligación de distribuir dividendo, la tributación se siguiera relacionando con el reparto de dividendo. (que sea coherente no quiere decir que sea lo apropiado)

8)      Las rentas exentas provenientes de vivienda en alquiler se elevan del 20 al 25%, si más del 50% de la cartera son viviendas. La medida trata de potenciar y dar salida al exceso de stock de vivienda. Sinceramente no parece un gran incentivo.

9)      Tipo de gravamen al 19% para todas las rentas. Es positivo en cuanto simplifica. Sin más.

Valoración global:

Aunque aparentemente muchas de las disposiciones parecen flexibilizar el marco legislativo de las Socimi, el conjunto de las medidas no me resulta ni mucho menos satisfactorio. La sensación es que la mayoría de las medidas están pensadas no tanto para atraer capital extranjero -ni tampoco para incentivar a los particulares- como para permitir convertir en Socimis (aprovechándose de sus ventajas fiscales) situaciones ya preexistentes o consolidadas. De alguna manera, las Socimi, con los nuevos requisitos, se están convirtiendo en Sicavs inmobiliarios que facilitarán a grandes fortunas (family offices) e inversores institucionales españoles (aseguradoras, bancos,..) pagar menos impuestos.

Van en contra del espíritu de los REIT, en la medida en que tratan de empequeñecer su tamaño (medidas 2,3 y 6) y adaptarlo a situaciones preexistentes (medida 5); reduciendo el interés del particular por tomar parte en ellas (medidas 4 y 6). Definitivamente, las medidas 4 y 6 me parecen totalmente reveladoras sobre la verdadera intención del legislador.

Incluso la medida 1 puede ser interpretada como fomento indirecto del desarrollo de nuevas promociones.

 

Conclusión:

-         Los REIT se caracterizan por liquidez, transparencia, y profesionalización de la gestión de activos. Ninguna de las medidas va en esta dirección.

-         En los REIT verdaderos, las sociedades no tributan nada o lo hacen muy poco: se tributa a nivel del partícipe, sobre los dividendos percibidos.

-         A cambio de no tributar nada, los REIT tienen la obligación de repartir casi todo el beneficio vía dividendo. Ahora ya no va a ser a sí (sólo 50%), perdiendo interés el particular en tomar parte en la Socimi.

-         Su bajísimo free float ofrece muy poca liquidez, y a un precio muy manipulable. El particular bien informado no entrará.

-         Me temo que los grandes REIT extranjeros no quedarán seducidos por esta legislación. Los 100.000 millones seguirán sin entrar al país.

-         No va a ayudar a liquidar stock vía inversores para arrendar. La medida 8 es cosmética.

 

En definitiva, la Socimi se aleja más del REIT en esta reforma. Las han transformado en un vehículo fiscalmente barato (e ineficiente a los propósitos del REIT) para inversiones ya existentes de grandes fortunas y de inversores institucionales locales. Las medidas 4, 5 y 6 son la prueba del algodón.

Another missed oportunity. Qué pereza de país, amigos.

 

España mete miedo. Primas de riesgo de 450 puntos precipitaron la intervención de los demás pigs. Ahora, cerca de los 500, hasta los alemanes se hacen los longuis… ¿Qué nos espera? Vivimos rodeados de incertidumbre: si los griegos salen del euro…; si la socialdemocracia desplaza a Merkel del poder…; si pincha algún BRIC…; si Hollande prepara una “French revolution”…; si nos invaden los alienígenas, que tan bien le vendría a Krugman para confirmar su habilidades adivinatorias… Quién sabe. De lo que no cabe duda es de que “los mercaos” han aprovechado la bisoñez del nuevo Gobierno –¿cabía otra opción?- para colarnos el caramelo envenenado del LTRO en virtud del cual los fondos soberanos y bancos extranjeros han abandonado en masa la deuda pública española para endosársela a la banca patria, como critica con dureza Sala i Martín en su último pensamiento aleatorio.

Si bien es cierto que el Gobierno ha cometido numerosas torpezas y nos ha transmitido inseguridad, en honor a la verdad hay que reconocer que no es fácil hacerse con los mandos del Titanic a dos minutos de chocar con el iceberg –o quizá un buen rato después de haber chocado-. Lamentarse o recordar lo que se pudo haber hecho en 2009 o 2010 ya no tiene sentido. Todos hemos contribuido de una manera de otra al desastre, pero no todos tienen la misma responsabilidad. Los que gobiernan y regulan nuestras relaciones económicas asumen un plus. Y no sólo estoy pensando en los políticos con mando en plaza, sino también en instituciones y organismos como el Banco de España o la CNMV -que han perdido todo su prestigio y credibilidad- y, por qué no, en las entidades que hemos dado en llamar “sistémicas”. Cuando uno se sabe sistémico, cuando una empresa o entidad financiera tiene la certeza de que, llegado el caso, el Estado se postrará a sus pies, sus gobernantes contraen una responsabilidad extraordinaria con la sociedad que les da cobijo. Empresas como Repsol, que son capaces de movilizar al Cuerpo Diplomático para defender sus intereses en Ultramar ; entidades como Bankia, que terminan siendo recapitalizadas con el dinero de nuestros impuestos; sociedades como OHL, Indra o ACS, que son capaces de poner al Rey mirando a La Meca para conseguir un contrato ferroviario.

Si había algo que me repateaba de Zapatero era su fe ciega en Emilio Botín. Los políticos españoles, por lo general ajenos al mundo empresarial y ayunos de formación económica, tienden a echarse en brazos del los tiburones más avezados, confiados en que, “como saben mucho de economía”, hay que hacerles caso. Sinceramente pensaba que con el PP no pasarían estas cosas. ¡Qué ingenuo! Resulta que según el relato de personas bien informadas como Jesús Cacho o Roberto Centeno nos hemos enterado de que al parecer el último Consejo de Ministros lo diseñaron los patrones de la gran banca. España está enferma, muy enferma, y no sólo económicamente.

Más allá del sempiterno capitalismo crony, las incoherencias ideológicas y programáticas, los fallos de comunicación, y las especulaciones políticas varias –como las elecciones andaluzas-, es innegable que el Gobierno ha hecho los deberes que le han impuesto desde Bruselas. Decía bien ayer De Guindos que “España ha hecho todo lo que está en su mano”. Y es verdad que en cuatro meses el Gobierno actual ha tomado más y mejores decisiones en el orden económico que el anterior en siete años. No parece justo que la paciencia que se tuvo para con Zapatero no se extienda ahora para un equipo mucho mejor preparado y dispuesto. Pero así es la vida: el Schettino de León no soltó los mandos hasta confirmar el impacto. A Rajoy le han pasado la patata cuando más caliente estaba y no la puede o no sabe soltar de las manos, salvo cuando la comparte por unos instantes con algún virrey de la taifa autonómica.

 

Sobre la reforma financiera del viernes y otras cuestiones relativas a la vivienda, y dado que ya han sido profusamente analizadas en diversos medios, me limito a hacer las siguientes observaciones:

-         La reforma llega “tarde, mal y a rastras”. Coincido plenamente con el Presidente. Si la ‘Reforma Financiera I’ fue la mayor reforma que el sistema financiero podía asumir sin quebrar, la RF II es la mayor que el Estado puede soportar sin acudir a la ayuda directa exterior ergo la intervención.

-         La reforma, que hace dos años pudo haber valido, -y que sin duda es meritoria- hoy día es insuficiente. No contempla los riesgos de la deuda corporativa, de la mora hipotecaria o de la deuda soberana.

-         Si de verdad se quiere provocar un efecto de bajada de precios y la consiguiente reactivación de las ventas, consentir que las entidades vayan provisionando poco a poco durante los próximos siete o diecinueve meses (según los casos) es contraproducente: exijan la provisión de manera inmediata, y luego den el plazo que sea para ir dotando esa provisión. El goteo genera la sensación en el mercado de que los precios no terminan de caer, y se cae en un círculo vicioso.

-         El Gobierno, bajo mi punto de vista, ha equivocado los tiempos: primero debería haber procedido a la evaluación independiente de las carteras crediticias, para después haber exigido las provisiones oportunas. Hacerlo al revés le pone en un brete si, como es previsible, los resultados de la auditoría no coinciden con las provisiones preventivas del Gobierno.

-         Admitir la falta de veracidad de los balances bancarios con respecto al ladrillo pone contra las cuerdas cualquier documento contable de la banca y, por extensión, de toda empresa española; y pone al Banco de España y a la CNMV a la altura del más corrupto país tercermundista.

-         La exención del 50% de la plusvalía para adquisiciones de aquí a final de año es una medida audaz e inteligente: puede precipitar el cierre de operaciones de inversión en ladrillo bancario, frenando de alguna manera la caída de los precios.

-         La reforma de la LAU la mejora, pero es una oportunidad perdida. Se debe profundizar en la libertad de pactos y, sobre todo, dotar de seguridad y rapidez procesal frente al moroso, principal escollo para los propietarios (como bien señala en este punto Andrés G. Mendoza).

-         La reforma de las SOCIMI se queda en lo anecdótico y no entra en lo fundamental: equiparar el régimen fiscal a los REIT, es decir, tributación sólo a nivel del partícipe o accionista. Otra oportunidad perdida.

-         Y, sobre todo, el equivocado planteamiento de fondo: no es el Estado –los españoles- quien debe recapitalizar las entidades financieras, sino sus acreedores. No es de recibo que los particulares insolventes sean despojados de sus bienes, en severa aplicación de la ley y del sistema de responsabilidades, al tiempo que las entidades financieras insolventes son rescatadas: en nuestro ámbito familiar todos somos sistémicos.

Para profundizar en esta idea, lean este fantástico artículo de Manuel Llamas que acaba de publicar.

Y dada la fecha en la que estamos, no me quiero olvidar de la actitud sumamente irresponsable de los quinceemeros durante el día de ayer intentando provocar pánico bancario entre la ciudadanía mediante la llamada a cancelar sus cuentas en Bankia. ¿Estos son los que van a salvar la patria? ¿Estos son el futuro? Apañados vamos.

 

Una reforma para consumo externo…

Contaba MAFO allá por julio –cuando ufano relataba lo bien que habían ido los test de estrés, días antes de la caída de la CAM- que, estando un emisario del Banco de España en Londres para explicar cómo andaban las cosas en nuestro sistema financiero, un analista local le espetó que “el suelo en España no vale nada, cero”. La respuesta del ejecutivo español fue algo así como: “Si usted lleva razón, si es así, lo compro todo”.

MAFO y su adlátere llevaban razón: el precio del suelo, en España, ni de lejos era cero. Era muchísimo más. No había más que acercarse a cualquier banco y preguntar por su cartera de suelos. Pero el analista inglés no estaba hablando de precio, sino de valor. Y ya sabemos lo que Machado decía de los que confunden valor y precio. No estoy diciendo yo que en el Banco de España se prodiguen los necios, ¡qué va!, fue sin duda una buena artimaña oratoria del representante español. Y seguramente el analista de la city apreció su inteligente respuesta pero no saldría muy convencido de la reunión, aunque de haber conocido al genial poeta sevillano podría incluso haberse sentido ofendido.

Apenas unos días antes del anuncio de la reforma financiera, el boss de Fitch en España, José Santos, hizo unas declaraciones que merecieron este titular de Expansión: “El precio de los pisos en España debe bajar hasta el 35% en dos años desde su pico máximo”. Dicho y hecho.

Esta reforma es, antes que cualquier otra cosa, una reforma para consumo externo. De Guindos ha trabajado con la mirada puesta en los mercados de capitales. Les ha dado lo que quería: los suelos valen casi cero, los pisos, un 35% menos.

 

…pero también para consumo interno

Me sorprendieron los descuentos aplicados por De Guindos. El 80% para suelo me resultó francamente excesivo. Tengamos en cuenta que no ha discriminado y que el ajuste afecta por igual a suelos urbanos, urbanizables o rústicos con expectativas. A suelos céntricos y a suelos en las periferias, a suelos en Chamberí o en el Eixample, y a planes parciales en semidespoblados de Castilla o en blufs de la costa. Probablemente un descuento medio del 70% hubiera sido más acorde con el valor real.

De igual modo, el descuento en vivienda del 35% se me hizo algo corto. Si ya en Madrid capital la obra nueva ha bajado desde el pico un 30%… extrapolen ustedes. Así pues, si bien la cantidad global (50.000 millones) puede ser la adecuada, la distribución por activos no lo es tanto.

Y, ¿qué puede haber influido, aparte de dar satisfacción a los analistas internacionales, para escoger estos porcentajes? España es un país de propietarios. Por encima de los treinta y cinco años prácticamente toda la población es titular de al menos una vivienda. Y lo que ha hecho el viernes pasado el Gobierno es decirnos, franca y llanamente, que nuestros pisos valen un 35% de lo que llegaron a valer. Una cifra dura, aunque seguramente ya asumida y descontada. ¿Cómo afectaría a nuestro estado de ánimo, a nuestro consumo, una cifra del 40 o 45%? Pienso que también ha habido algo de eso.

 

Sí es una reforma…

Varios de los artículos que he leído estos días dicen que esto no es una verdadera reforma, que no es sino un mero adelantamiento de plazos. Discrepo.

Hay, de entrada, un cambio conceptual fundamental: hasta ahora, la banca iba provisionando en cómodos plazos y según las necesidades de cada entidad. Esto, como no podía ser de otra manera, era causa justificada de desconfianza por parte de los inversores. Y alimentaba el círculo vicioso, pues la inoperancia de facto del sistema financiero incidía día a día en la minusvaloración de los activos inmobiliarios. Lo importante del nuevo escenario no es si se puede provisionar en uno o en dos años, sino que de golpe se asume una caída impresionante de los valores de los activos; por una vez se pretende que el valor contable se asemeje al valor de mercado. Y eso sí es una reforma.

 

…aunque incompleta y paternalista

Decía ayer José Carlos Díez –economista jefe de Intermoney- en twitter: “primero el FROB saca a Banco de Valencia de Bankia para sanearlo, y ahora Bankia le quiere comprar al FROB Unnim. No entiendo nada.” Yo tampoco.

Mientras Santander, BBVA y Caixa se apresuraban a explicar esta mañana el impacto en sus balances de los nuevos requerimientos, la cuarta entidad del país no sólo no lo hace sino que tira por el camino del medio acogiéndose a las excesivas facilidades que De Guindos ha incorporado al Decreto –y para colmo la Bolsa castiga a los transparentes, con caídas de más del 1% a media sesión, y premia al díscolo-.

Esta reforma –como las instrumentadas bajo la égida del PSOE- adolece de un grave defecto, que es intentar por todos los medios que ninguna entidad quiebre. Dicen los que saben que el impacto en la marca España sería nefasto si varias entidades quebraran. No estoy de acuerdo. Si estamos a transparencia y saneamiento, estamos a transparencia y saneamiento. Las medias verdades también son medias mentiras. Pero es que, además, esto no va a hacer sino incrementar el riesgo sistémico y, por ende, el riesgo moral. Y, no nos engañemos, un uso mayor e innecesario del FROB y, probablemente, la nacionalización a plazos de alguna entidad.

Por otro lado,Tano Santos, en Nada es Gratis, descubría una de las perlas del Decreto que pone en cuestión la verdadera intención de la reforma:

Disposición adicional quinta. Cómputo de pérdidas en los supuestos de reducción obligatoria de capital social en la sociedad anónima y de disolución en las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada:

Se renueva, sin solución de continuidad y a todos los efectos legales, durante el ejercicio social que se cierre a partir de la entrada en vigor del presente real decreto-ley, la aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 de la Disposición adicional única del Real Decreto-ley 10/2008, de 12 de diciembre.”

Es decir, nueva e injustificada –a los propósitos de la reforma- prórroga de la suspensión de una de las causas de disolución de las sociedades mercantiles que afecta de lleno a las promotoras inmobiliarias.

Sé que el Decreto prescribe 10.000 millones (el 20% del total) para posible deterioro de los préstamos “buenos”. Y me parece bien pero, ¿serían suficientes si se aplicaran las leyes mercantiles sin privilegios? Hace unos meses calculé que sólo entre las 11 promotoras más importantes del sector adeudaban más de 30.000 millones. Por supuesto que los activos que respaldan esos créditos no valen cero pero aún así…

 

La reforma se olvida de la mora hipotecaria…

Los bonitos gráficos de la presentación del Ministerio –y del Banco de España- se centran en los 300.000 millones prestados al sector promotor, pero no hacen mención de los 600.000 que disfrutan las familias a cuenta de sus viviendas. La mora hipotecaria hace ya muchos meses que se sostiene en el entorno del 2,5%. Si bien es cierto que la amenaza de la proscripción social y económica tiene mucho que ver con este relativo éxito –en la medida en que la entrega del bien no libera de la carga-, no parece muy creíble que esta tasa se sostenga en el tiempo con unas perspectivas de PIB tan lamentables, con un paro que ya se acerca al 25%, y con un desempleo de larga duración en record absoluto.

 

…pero, a pesar de todo, es una buena reforma

Con todos sus defectos, el esfuerzo es muy importante y, como señala acertadamente Miguel Belloso en el último número de Mercados, “las nuevas provisiones (…) supondrán un transferencia de renta de las empresas financieras a la economía real del orden de 50.000 millones de euros”.

Ésta es la máxima transferencia que el statu quo se puede permitir sin que el sistema se resquebraje. Esperemos que cuele a nivel internacional y que sea suficiente –junto con el resto de reformas pendientes- para recuperar la confianza en nuestro país y para que los alemanes, los suecos y los chinos nos sigan prestando.

Por último, me gustaría recordarle de nuevo al Gobierno que no se olvide de la urgente y necesaria reforma de las SOCIMI para transformarlas en verdaderos REITs. Si no ofrecemos el vehículo adecuado, no aprovecharemos convenientemente la reforma practicada: hay 100.000 millones esperando a las puertas.









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