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La amenaza de que se disuelva el Parlamento con la convocatoria de elecciones generales cambiaría los planes, aunque estos trabajos no caerían en saco roto. Todos los partidos tenemos la información de los trabajos, que podríamos utilizar para elaborar los programas electorales“.

Estas palabras corresponden a Pere Macias, presidente de la Subcomisión Hipotecaria del Congreso, entrevistado por El Mundo el pasado día 22 de julio.

Así pues, el deseado y esperado pacto de Estado para solventar el los graves problemas de las familias afectadas por las ejecuciones hipotecarias tendrá que esperar lo que, bajo mi punto de vista, es uno de los peores efectos colaterales de la decisión de adelantar las elecciones de Zapatero.

Por las declaraciones del señor Macias entiendo que las comparecencias previstas para septiembre se mantendrán, aunque el previsto informe final con las conclusiones no llegará a ver la luz. La parte positiva es que los diferentes agentes sociales involucrados habrán expuesto sus propuestas y que todos los partidos del arco parlamentario tendrán acceso a ellas de manera que podrán elaborar sus programas de gobierno con conocimiento de causa.

La negativa es que se ha perdido una ocasión única para alcanzar un auténtico pacto de Estado en una materia que, francamente, lo merece. El riesgo ahora va a estar en el populismo electoralista. Populismo que ya anidado en los pequeños partidos –aquellos que no tienen ninguna posibilidad de gobernar y que, por tanto, no van a formular sus propuestas con el mismo sentido de responsabilidad que los partidos grandes-; populismo que se empieza a advertir en algunas de las propuestas de los grandes (véase la tasa a la banca para creación de empleo de Rubalcaba).

Este es un tema en el que no conviene jugar al bipartidismo; no podemos cambiar el modelo hipotecario cada cuatro años. Esta materia necesita de un consenso muy amplio pues es mucho lo que hay en juego:

a)      Mirando hacia atrás: cualquier medida con efectos retroactivos deberá de ser muy cuidadosa de no poner en riesgo la solvencia del sistema financiero. Asimismo, deberá huir del “café para todos” como también de premiar la irresponsabilidad.

b)      Cara al futuro: En nuestro entorno hay modelos (Francia, Alemania) que se han demostrado eficaces antiburbujas. No pretendamos en tres meses descubrir lo que no hemos conseguido en tres años ; busquemos en el derecho comparado historias de éxito y adaptémoslas a nuestra idiosincrasia, aprovechando las sugerencias de los intervinientes en la Subcomisión.

No me cabe ninguna duda de que este asunto va a ser protagonista en la campaña electoral. Seguiremos informando. Felices vacaciones para los que hoy las hayan empezado.

No estoy haciendo un llamamiento al impago de las deudas, pues ello quebrantaría un sistema financiero que necesitamos para mantener nuestro elevado bienestar. Pero sí quiero hacer una apelación al sentido común, a recuperar los equilibrios perdidos entre producción, riqueza y dinero, a repartir responsabilidades entre todos los que intervinieron en la concesión y aceptación de los créditos, a reconocer que, si hacemos quebrar al deudor, nunca cobraremos la deuda.

Lo que acaban de leer pertenece a un artículo publicado el domingo por Jordi Sevilla en El Mundo a propósito de ¿las hipotecas? No, de Grecia. El gran problema de Occidente, el gran problema de la Europa periférica es, sin duda, el sobreendeudamiento. En la otra punta del Mediterráneo es la deuda pública, mientras que aquí la que nos está consumiendo es la privada. Allí, lo que está en debate es la “nación en pago”; aquí la dación en pago. En ambos casos, la aplicación del sentido común debe ser la receta a seguir. Dejar a cientos de miles de españoles sin una segunda oportunidad, o abocados a la economía sumergida, no parece lo más sensato, como tampoco lo sería el condenar a una generación entera de griegos a dar servicio a una deuda interminable aun después de haber entregado la nación en pago: la Alemania post Gran Guerra es un buen ejemplo de esto.

De entrada, entre ciudadanos mayores de edad y libres, en una democracia liberal, lo que tocaría es la asunción individual de las responsabilidades por los riesgos incurridos; el reconocimiento por parte de todos y cada uno de los actores de su situación: bancos, familias, Estado. Yo siempre he sido partidario de esta fórmula, y me vengo quejando repetidamente de haber perdido un tiempo y unos recursos preciosos allá por 2007 y 2008. Pero no se hizo, sino más bien todo lo contrario, en especial en lo que afecta a la banca: mentira sobre mentira, cambios de leyes y de reglamentaciones de todo tipo, avales del Estado, préstamos sin coste, y miles de millones entregados por cada uno de nosotros. Por eso, apostar ahora porque los ciudadanos apechuguen con sus problemas hipotecarios cuando ni banqueros, “cajeros” o políticos lo han hecho, me parece como mínimo desequilibrado e injusto, y también harto difícil de asumir por un Estado tan debilitado por todos los flancos como es el español.

Apostar, en su lugar, por la dación en pago –como una forma de reparar la injusticia o el agravio comparativo a favor de los bancos- tiene, además del mencionado, otro efecto positivo, que es el inevitable (y necesario) ajuste de los precios que conllevaría. En muchos posts antiguos me he mostrado favorable a esta opción. Sin embargo, y como ya apunté en el post del lunes, la aplicación retroactiva de la misma significaría hoy día la puntilla para el sistema financiero e, indirectamente, para la economía real. Además, lleva implícita una lección  muy negativa: sé irresponsable, que no te pasará nada.

A continuación les invito a que lean este interesante artículo publicado en Invertia hace poco más de una semana: “Parar las ejecuciones hipotecarias habría costado al Gobierno 875 millones al año”. Bajo este titular algo engañoso, y a partir de fundadas hipótesis, el autor estima que el total de las cuotas impagadas desde que empezó la crisis asciende a 3.500 millones de euros, cifra que compara con el FROB-1, que supuso unos 12.000 millones.

Ya sé que enseguida me van a criticar, y con razón, que si el Estado ayudara sin más a las familias en apuros se estaría generando un incentivo perverso que invitaría a muchos otros a optar por el impago y por la subsiguiente subvención. Desde luego que no seré yo quien proponga una solución de este tenor, pero no me negarán que sorprende la cifra estimada: mucho más baja de lo que todos pensamos. En cualquier caso –e invito a algún lector registrador o abogado especialista a que arroje luz-, en uno de los comentarios al artículo se sugiere una idea que, de entrada, me ha gustado: al igual que se ha hecho con los bancos recapitalizados por el Estado, ¿por qué no atribuir al Estado una parte de la propiedad de la vivienda, equivalente a las cuotas que vaya soportando éste? Posteriormente las familias, cuando mejoraran sus circunstancias, podrían recomprar la parte en manos del Estado. ¿Qué os parece? Ciertas ideas, que de entrada pueden parecer peregrinas, bien desarrolladas pueden ser la solución que nadie ha visto a priori. Hay unas cuantas cosas positivas en este planteamiento: la calificación de la deuda hipotecaria no perdería calidad por lo que la banca no tendría más problemas de los que ya tiene para sus refinanciaciones. Tampoco se podría considerar como una asunción del Estado de la deuda de los particulares (riesgo de irlandización), puesto que en puridad estaría adquiriendo propiedades. Y, sobre todo, las familias no recibirían el brutal golpe moral que supone la pérdida del techo y la exclusión social.

Zapatero ha propuesto –como ya vimos en el último post- una fórmula que personalmente me gusta como ya expliqué. La ventaja fundamental es que el coste recae directamente en la banca, y no en el Estado. La desventaja es que parte del hecho ya consumado de la ejecución hipotecaria.

Viendo por dónde van los tiros, estas son, a mi entender, las medidas que se plantearán en la Subcomisión:

-         Elevación desde el 50% hasta el 70 o el 80% el porcentaje del valor de la vivienda al que el banco se la adjudicará en el caso de subasta desierta.

-         Cambio en la cantidad y en el cómputo de los intereses de demora (considerados por muchos expertos como usureros: hasta el influyente McCoy lo trató hace unos días en su blog)

-         Cambios fiscales para incentivar a la banca a elegir la dación antes que la ejecución.

-         Algunos cambios menores, como los referidos a cláusulas abusivas (suelo, techo, etc.), tasaciones hipotecarias, registro de operaciones o de denominación (en línea a lo sugerido por Esperanza Aguirre hace unas fechas).

-         Posibilidad de mantenerse en alquiler en la vivienda ya perdida.

-         Reducción del porcentaje de salario detraído para satisfacer la deuda pendiente. (Ya anunciada por Zapatero).

-         Ley de Sobreendeudamiento (limitando el porcentaje de los ingresos/salarios que las familias puedan dedicar al pago de la cuota hipotecaria)

-         Ley de Segunda Oportunidad (a semejanza de Francia).

La retroactividad de las medidas propuestas (especialmente de las dos primeras) será probablemente el caballo de batalla entre los partidos, la banca, y las asociaciones de afectados. ¿Qué hay en juego? La calificación de los créditos ya concedidos: un problema para la solvencia de la banca.

No creo que se vaya a avanzar al respecto de la dación en pago para los nuevos créditos. La figura ya está contemplada en la legislación a través del artículo 140 de la Ley Hipotecaria. Lo que seguramente se hará es obligar a facilitar una información más completa (en línea con la propuesta de Aguirre y con cierta legislación europea ya en marcha) para que el ciudadano no pueda alegar “buena fe” o desconocimiento a la hora de contratar un préstamo, o incentivar fiscalmente a la banca y/o a los ciudadanos para que opten por la vía del 140 LH.

Tampoco creo que se vaya a permitir la revisión caso por caso de todas las hipotecas para comprobar cuáles son “de buena fe” con el fin de, en éstas, autorizar la dación en pago, como solicitan Adicae y otros. La dificultad de aportar pruebas y la más que segura picaresca haría prácticamente imposible una tarea que acabaría eternizándose en los juzgados.

En definitiva, la Subcomisión puede hacer una importante labor para reordenar el sistema hipotecario a futuro.

Durante el mes de julio trataré de exponer cuáles son los cambios que considero ineludibles para tratar de hacer un sistema financiero/hipotecario/inmobiliario que funcione.

Zapatero, acorralado, saca lo mejor de sí mismo. No vi el debate. No sé si Rajoy estuvo mejor o peor. Pero no importa. Zapatero le ha hecho el trabajo sucio a su contrincante y ha vaciado de contenido (en parte) a la Subcomisión. Que hay que reordenar el mercado hipotecario español, no cabe duda. Que todos los días se ejecutan cientos de viviendas, también. Que muchos ciudadanos van a seguir perdiendo sus casas, por supuesto. Pero que una buena parte de la presión que la PAH, Adicae, y el 15m estaban ejerciendo a cuenta de la dación en pago se va a desinflar, parece la consecuencia lógica de la medida anunciada.

En España, 6 de cada 10 trabajadores son mileuristas. Hasta ahora, cuando un ejecutado seguía debiendo dinero al banco tras la subasta y adjudicación de la vivienda, disponía de un salario inembargable de 641 euros. Desde ahora, el límite serán 961 euros (1.350 si se tiene dos familiares a cargo sin ingresos). Los más débiles de la sociedad, los que perciben los ingresos más bajos, van a seguir disfrutando mes a mes de todo o casi todo su salario. Su vida no va a cambiar drásticamente (si soslayamos que han perdido la vivienda). Una especie de amnistía para las clases populares.

¿Y a qué coste? ¿Cuál es el precio para la banca? Grosso modo, me salen 1.000 millones de euros anuales (320 euros x 12 meses x 300.000 ejecuciones). Una pasta para cualquiera, peanuts para la banca. Nada comparado con lo que la banca ha recibido y va a recibir a través del FROB. Nada comparado con el coste que ha supuesto el dinero regalado del BCE;  o con el coste que ha supuesto el cambio de leyes administrativas, urbanísticas y contables; o con el coste del aval del Estado para sus vencimientos.

¿Es esto suficiente? No lo es. Pero ya ha advertido Zapatero que cuenta con otra baza. No sabemos cuál, pero todo parece indicar que tiene que ver con el procedimiento de las subastas. Lo más probable es que eleve el valor de adjudicación desierta al 70% o al 80%. (No olvidemos que en la redacción inicial de la actual Ley de Enjuiciamiento Civil –que es donde se regula- estaba en el 70%.)

¿Genera algún daño colateral? A corto plazo, y dada la situación económica, no. Pero en el momento en que los mileuristas vayan prosperando y ganando salarios mayores, la tentación de cobrar lo que sobrepase de 961 euros en B será grande. Por tanto, el incentivo a la economía sumergida permanece, aunque en menor medida que actualmente.

La deuda no se perdona: no es una Ley de la Segunda Oportunidad. Por tanto, ni los créditos de la banca española pierden calidad, ni se atenta contra la seguridad jurídica. Además, y por la misma razón, tampoco es una medida que vaya a incentivar la entrega de la vivienda, es decir, un aumento de la morosidad. Que no te crujan hasta a partir de 961 euros no es un incentivo para que las familias se rindan, pero sí una bocanada de aire fresco para los que ya no pueden más.

Y la medida está inspirada en eso que todos llevamos demandando desde hace años: un reparto más equilibrado y justo de los costes de la crisis. Parece que Zapatero no estaba tan “sonado” como aparecía en sus comparecencias post 22-M. Lo cual es una buena noticia. Nunca es tarde si la dicha es buena.

También es una buena noticia que haya reconocido haber convivido con la burbuja inmobiliaria sin hacer nada para pincharla. Sin embargo, vuelve al sostenella y no enmendalla con las bondades de su nefasta Ley del Suelo. Don José Luis: no fue su Ley del Suelo la que pinchó la burbuja. Fue la crisis financiera internacional la que puso de relieve las prácticas suicidas de la banca patria. Prácticas que comenzaron allá por 2001 y que, precisamente bajo su mandato, alcanzaron todo su esplendor. Usted ni pinchó la burbuja –se la pincharon- ni ha hecho nada hasta la fecha para poner orden en el mercado hipotecario/financiero/inmobiliario. A las medidas paliativas que anunció ayer –y que están muy bien- ahora hay que añadir otras de más calado, otras que reordenen un sector que, tras cuatro años de crisis, permanece estancado. A ver si la Subcomisión se remanga y se pone a trabajar en serio en el futuro de una industria que, sí o sí, tiene que volver a generar riqueza y trabajo para los españoles.

Uno tiene la sensación de que estamos entrando en la parte final de la crisis. No me malentiendan, no soy tan iluso ni tan mentiroso como para decir que esté viendo luz al final del túnel. Simplemente compruebo que hemos ido quemando etapas y que, de alguna manera, hemos embocado el final del recorrido.

Durante último año el salto cualitativo ha sido enorme. Los tabúes que había sobre el sacrosanto sistema financiero se han derrumbado. La credibilidad interna de Miguel Ángel Fernández Ordóñez y la externa del Banco de España se han desplomado. El Presidente Zapatero es una sombra, un recuerdo (desagradable), un zombi: el enésimo que ha creado esta crisis. El país anda descabezado, lo cual no significa que el partido que nos gobierna no tenga, en sus últimos coletazos, la capacidad de provocar un daño enorme en sus decisiones (políticas) y en sus indecisiones (económicas). Fuera de nuestras fronteras, el futuro también se escribe con minúsculas y en el tamaño de fuente más pequeño. Todos sabemos que Grecia está quebrada –y que antes o después generará un tsunami que nos tocará-; que EEUU no ha conseguido arrancar a base de inyecciones de dinero –poniendo en evidencia el neokeynesianismo krugmaniano-; que las emergentes (India, Brasil, China) gozan del espejismo de un fortísimo crecimiento fundamentado en la deuda –tal y como pasó aquí la década pasada-; que, tras la globalización y la digitalización de la economía, en Europa ya nada volverá a ser como antes; que el peak oil está ahí mismo –si es que no ha llegado ya-; y que Gaia no dará de sí para dar cabida a los millones de “Americons” –tal como los define T. Friedman- que cada año se incorporan a la fiesta del consumo.

De vuelta a casa, la mayor crisis desde la Transición no ha sido capaz de despertar a la clase política. La semana pasada, sin ir más lejos, el partido gobernante cedió de manera definitiva, para la consecución de un logro efímero y cortoplacista, nuevas cuotas de poder a las regiones más nacionalistas (esto es, menos creyentes en “España” como proyecto común). El partido que pretende gobernar, por su lado, renunció a una parte de sus principios básicos para obtener el apoyo de una minoría que le permitirá gobernar la única región donde las derechas no habían obtenido mayorías absolutas.

Mientras, y a falta de un buen mundial o de unos juegos olímpicos, el deporte nacional este verano se traslada a las portadas digitales de los medios de comunicación que nos anuncian, día sí día también, los récords en las disciplinas de moda (prima de riesgo, euribor, CDS, bolsa, crecimiento de PIB, hipotecas concedidas, etc.) en las que nuestro país destaca… en el pelotón de los torpes.

La penúltima mentira piadosa es la de los Presupuestos de 2012, que parten de que el país va a crecer un 2,3%. ¿Queda algún analista independiente que se crea estas cifras?

Es en este contexto -de demolición del Estado y de cortoplacismo- en el que debemos situar las expectativas sobre la Subcomisión del Congreso para evaluar la situación del mercado hipotecario. Los trabajos de la Subcomisión comienzan a partir de este miércoles, y es la voluntad de su presidente (don Pere Macías, de CiU) que hayan finalizado para antes de final de año. Seis meses puede ser mucho o poco tiempo, depende para qué. Para las docenas de miles de ejecutados mensualmente o para los miles desahuciados será siempre demasiado. Para un país que lleva cuatro años en crisis puede que no lo sea tanto, o sí, si tenemos en cuenta el grave riesgo de helenización que padecemos y la incertidumbre de la fecha del fin de la legislatura más aciaga que se recuerda.

El asunto de fondo es de una extrema gravedad, pues lo que hay en juego es la supervivencia del Sistema Financiero, por un lado; y del verdadero alcance del Estado del Bienestar, por otro. Y sobrevolando todo el proceso, el concepto de responsabilidad, la cara B del de libertad.

Empecemos por los extremos:

A) No hacer nada. O hacer como que se hace algo pero sin hacer nada. Esta es la opción favorita de los políticos. En seis meses, en los tiempos que corren, pueden pasar muchas cosas, y por eso la tentación de dejar pasar el tiempo hasta el final, por ver si se produce algún cambio de tendencia que haga inútil el propósito de la Subcomisión, es una opción. Para ello sería necesaria la recuperación del empleo: si las familias tienen ingresos y pueden seguir pagando sus cuotas, el problema se habrá terminado. ¿Podemos confiar en ello? No.

B) Admitir la dación en pago en toda su extensión y con efecto retroactivo. La mora hipotecaria, hoy contenida, se dispararía, poniendo en entredicho la solvencia de la mayor parte de las entidades financieras. Los mercados internacionales quedarían cerrados para nuestros bancos, o a tales costes que les resultaría inviable refinanciarse. Una hipotética intervención del Estado como avalista elevaría a tasas insoportables la prima de riesgo y, aun en el caso de que así no fuera, se estaría alimentando el arriesgado argumentario de la irlandización del país (transformación de deuda privada en deuda pública). En definitiva, que la solución de un problema puede crear otro muchísimo mayor.

Y ni siquiera así el problema estaría resuelto. Me refiero a los desahucios. Porque una cosa es que se permita a las familias cancelar sus deudas entregando su vivienda y otra muy distinta el drama de quedar despojadas de un techo. Hace unas semanas coincidí en un programa de radio con la representante de uno de los colectivos que forman la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca). Justo al día siguiente de la primera intervención solidaria de los ‘indignados’ con la Plataforma para evitar un desahucio. Lo que percibí es que están claramente envalentonados. El desafío al Estado -la paralización de todos los desahucios posibles- es su nueva hoja de ruta ahora que ese “quinto poder”-el de la calle- se ha convertido en su aliado. El 15m ha maniobrado con inteligencia, poniéndose del lado del débil en una situación en la que el Goliat es siempre uno de esos “malvados” bancos que a nadie nos acaban de caer bien, por mucho que esponsoricen a nuestros ídolos deportivos.

 

Y el miércoles más.

 

PD: Hoy es el cumpleaños de mi mujer, Sonia. Muuuuchas felicidades.









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