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Charlando hace unos días con Susana Criado, directora del programa Capital de Radio Intereconomía, acerca de las nuevas tasas -¿o habría que decir multas?- que algunos ayuntamientos están empezando a aplicar a los pisos vacíos –por ahora, sólo a los que son propiedad de los bancos-, me dijo algo que me parece clave a la hora de centrar el debate: “Esto es lo mismo que si nos penalizaran por mantener nuestros ahorros en cuenta corriente en lugar de colocarlos en algún producto de inversión… ¿es que ya no somos libres de hacer con nuestro dinero lo que queramos?

 Yo acababa de explicarle a Susana que esta nueva vuelta de tuerca en España a los derechos y libertades no me sorprendía demasiado, pues conocía la legislación británica –un país con marchamo de liberal- al respecto. El Parlamento del Reino Unido aprobó en 2004 una ley de vivienda que puso en marcha el “EDMO(Empty Dwelling Management Order). Se trata de un mecanismo legal que permite a los ayuntamientos tomar la posesión –que no la propiedad- de las viviendas vacías. ¿Y qué son viviendas vacías, según esta ley? Aquellas que, llevando más de seis meses desocupadas,

-         no estén en proceso de venta o alquiler,

-         no sean la residencia habitual –temporalmente abandonada por cuidados médicos o de otro tipo-,  

-         no sean segunda residencia vacacional,  

-         y no estén en proceso de herencia.

 A través de un proceso judicial –que puede finalizar en cualquier momento siempre que el propietario se avenga a sacar al mercado la vivienda-, el ayuntamiento se queda con la gestión y el mantenimiento de la vivienda. Esta vivienda será puesta en alquiler y la renta, una vez satisfechos los gastos de gestión y de mantenimiento, se entregará al propietario.

No me seduce especialmente el modelo británico, pues interfiere de manera intolerable en la propiedad privada, pero reconozco que al menos resulta mucho más sistemático que lo que está sucediendo aquí, donde cada autonomía y cada ayuntamiento regulan de manera distinta el fenómeno; y de alguna manera, dada la implicación directa del ayuntamiento, presume un interés real en solucionar un problema (si bien es cierto que a costa de la propiedad de terceros, ¡así cualquiera!).

De momento, el pueblo mantiene silencio. Unos, porque se sienten  en o del lado de los beneficiarios de estas medidas. Otros, porque no perciben que la amenaza les afecte: parafraseando a Niemöller piensan que “como vienen a por los bancos, guardo silencio, porque yo no soy un banco”, sino un mero miembro de la clase media que ha preferido destinar sus ahorros al ladrillo en lugar de a algún activo financiero. Pero el silencio de las clases medias es su aquiescencia y, cuando ya hayamos asumido que es “lo normal” que a un banco se le castigue por no sacar sus pisos a la venta o al alquiler, no nos costará demasiado asimilar la misma doctrina a cualquier propietario.

Nuestra Constitución, ambigua en esto como en casi todo, por un lado reconoce “el derecho a la propiedad privada y a la herencia” (art. 33) así como “la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado” (art. 38); pero por otro lado también que “la función social (de la propiedad y de la herencia) delimitará su contenido”, que “los poderes públicos promoverán las condiciones y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” (art. 47) y, por si fuera poco, que “toda la riqueza del país está subordinada al interés general” (art. 128). Imagínense lo que un político demagogo puede hacer con estos mimbres…

El problema de fondo es la constatación de una aparente contradicción: por un lado, hay cientos de miles de viviendas vacías; por otro lado, miles de familias sin vivienda. Y encima, los principales tenedores de esas viviendas, los bancos, han sido rescatados por el sector público, o sea, en parte por los mismos que no pueden acceder a la vivienda. ¿Cómo es posible? ¿Acaso no son justas esas medidas de los ayuntamientos y autonomías?

Una visión superficial y simplista nos conduce sin duda a esa conclusión. Son de esta naturaleza los silogismos que han conducido a países como Venezuela o Argentina a su actual situación. Y España ya ha recorrido un buen trecho de la inevitable travesía por el desierto como para ahora dejarse seducir por un espejismo fatuo.

Las viviendas vacías son el resultado de una nefasta política económica y monetaria llevada a cabo durante los años 2000-2008, que se agravó con la negación –y consiguiente putrefacción- de la situación en el periodo 2009-2011: si se hubiera forzado al sistema financiero a reconocer las pérdidas inmobiliarias en el momento que tocaba, ni habría tantas familias sin vivienda, ni habría tantas viviendas sin ocupar (ni nos habría salido tan caro el rescate). El mercado inmobiliario fue irresponsablemente intervenido durante este último periodo, impidiendo el ajuste en precio, y agravando las consecuencias para los más débiles de la sociedad. Aunque tarde, ahora se están dando los pasos para recomponer la situación. Primero, obligando por decreto al sistema financiero a rebajar drásticamente el valor de los inmuebles. Segundo, recapitalizando las entidades (lamentablemente con ayuda pública). Tercero, vendiendo estos activos a precios realistas. De momento, en una elevada proporción a fondos oportunistas, pero ya se atisba en el horizonte la venta a particulares desde el momento en que las entidades son capaces de financiarse en el exterior, como parece desprenderse de las últimas noticias.

¿Y mientras tanto? Los poderes públicos cuentan con muchos resortes para dar soluciones a los más desfavorecidos, sin necesidad de castigar el derecho de propiedad por el mero hecho de existir. Menos palo y más zanahoria: pueden proponer incentivos fiscales, situarse como avalistas frente al propietario, legislar protegiendo al propietario, utilizar eficientemente sus ingentes carteras de suelo y vivienda públicos, etc. Pero claro, es más fácil decantarse por medidas recaudatorias que además son populistas. Y con una multiplicidad de regulaciones –tantas como ayuntamientos- que en nada ayudan a la seguridad jurídica y sí al caos y la desconfianza. Y todo esto después de haber subido el IBI de media un 70% desde que empezó la crisis, y con la eliminación retroactiva de la desgravación por vivienda habitual en ciernes; la “Parot inmobiliaria”.

Para terminar, les dejo las declaraciones de alguien que conoce muy bien la problemática, Sergi Gargallo, Consejero Delegado de Lloguer Segur (filial catalana de Alquiler Seguro) tras anunciar el alcalde de Barcelona que se apuntaba a la moda de sancionar a los bancos con pisos vacíos:

Las viviendas vacías que pueden tener los bancos en los barrios de Ciutat Meridiana, Trinitat Vella y el suroeste del Besòs, en su mayoría son viviendas procedentes de desahucios que en muchos casos no presentan condiciones de habitabilidad dignas y deben ser adecuadas”.

El motivo por el que este tipo de pisos no se han vendido o alquilado, es precisamente por el coste de adecuación para su comercialización. Si estas viviendas se destinan finalmente al alquiler social, el Alcalde debe informar claramente cuál será el coste de adecuación para el contribuyente”.

Dado que la actual LAU permite limitar a 3 años el arrendamiento, si el Ayuntamiento debe invertir fuertes sumas en reformar estos pisos para ofrecer una vivienda digna, y el banco las recupera en buen estado a los tres años, volverán a hacer negocio a costa del contribuyente.

Para incentivar que los propietarios pongan sus pisos en el mercado de alquiler, es necesario que desde las administraciones se ofrezcan a los propietarios un sistema ágil y eficiente de protección jurídica, lo cual no ocurre en estos momentos, a la par de incentivos fiscales realmente atractivos tanto para inquilinos como para propietarios”.

 “La mayoría de pisos cerrados son de pequeños propietarios los cuales no ponen sus viviendas en alquiler por miedo a los impagos y la lentitud de la justicia, o costes de adecuación. En Cataluña la mayoría de las viviendas cerradas están en manos de particulares, y por lo tanto hay que legislar a favor de inquilinos y propietarios”.

 

En “Su Vivienda” (El Mundo) del viernes 10 de junio, el arquitecto Francisco Burgos, al respecto de la vivienda protegida, opina lo siguiente:

“El alquiler debería ser la solución para la vivienda pública en general.”

“Estoy en contra de que se destinen enormes cantidades de recursos públicos para personas que necesitan esa vivienda sólo para una parte de su vida.”

“La vivienda pública debe estar destinada a las personas que la necesitan durante el tiempo que la necesitan.”

También en El Mundo y en la sección de vivienda, pero en este caso accesible desde la web: “Miles de familias ricas viven en pisos protegidos”. Este artículo, de diciembre del año pasado, nos cuenta como en Francia casi 400.000 familias de alto poder adquisitivo residen en viviendas sociales. Lógicamente, no eran ricos cuando accedieron a estas viviendas: han progresado económicamente desde entonces, lo cual no es óbice para que sigan utilizando estas viviendas en alquiler sine die.

Por último, os transcribo la primera frase del artículo 47 de la Constitución española: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.”

Este artículo suele interpretarse desde dos enfoques distintos: el primero, desde una posición colectivista o socialista, interpreta que se trata del reconocimiento de un derecho real y efectivo a tener una vivienda. El segundo enfoque, de corte liberal, entiende que lo que la CE está reconociendo es el derecho que tienen los ciudadanos a que los poderes públicos garanticen, desde la igualdad de oportunidades y del respeto de la propiedad privada, que las viviendas que el mercado ofrezca sean dignas y adecuadas.

Sea cual sea la interpretación que hagamos, de lo que no cabe duda es de que la CE habla de disfrute, no de propiedad.

Y una reflexión: ¿Qué os parecería que el Gobierno obligara a Seat a que el 40% de la producción del Seat Toledo se tuviera que vender a 3.000 euros la unidad? Lógicamente, al verse obligados a vender por debajo de coste, el restante 60% debería venderse a un precio más elevado para cubrir las pérdidas acumuladas en los “coches sociales”. (Suponiendo que los pudiera vender a ese nuevo precio: es posible que con el sobrecoste asumido las ventas de “coches libres” se resintieran poniendo en riesgo la supervivencia de la empresa).

Espero vuestros comentarios y mañana os daré mi opinión. Buen lunes.









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